Los ocho municipios que conforman las dos principales zonas urbanas de Canarias están juntos, pero no quieren revolverse. La posibilidad de establecer órganos mancomunados en torno a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife surge cada cierto tiempo como fórmula para mejorar los servicios a la ciudadanía y optimizar los recursos, pero la utopía metropolitana se topa siempre con la realidad de unos municipios con fuerte raigambre e intereses diversos, a veces incluso enfrentados. El reciente referéndum para la fusión celebrado en las localidades extremeñas de Don Benito y Villanueva de la Serena trae de vuelta a la actualidad el debate sobre la estructura supramunicipal en las Islas, aunque expertos de distintos ámbitos y regidores municipales se muestran más partidarios de establecer colaboraciones informales que de crear un nuevo estrato en la administración local.
Las áreas metropolitanas son figuras legales definidas en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 como entidades integradas por municipios de grandes aglomeraciones entre cuyos núcleos de población «existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras». La Ley de Municipios de Canarias de 2015 incluso va más allá estableciendo su proceso de creación, el modo de funcionamiento, los procedimientos de adjudicación y los recursos económicos, pero los intentos que han tenido lugar en Gran Canaria y Tenerife durante las últimas décadas han sido infructuosos.
Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, la creación de áreas metropolitanas ha formado parte de los programas electorales de varios partidos a lo largo de las últimas décadas sin haber llegado a materializarse nunca
En Gran Canaria, la creación de un área metropolitana con Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y Santa Brígida fue una de las principales propuestas electorales de Coalición Canaria (CC) en 1999. Antes de la escisión que dio lugar a Nueva Canarias (NC), la organización, que en aquel tiempo formaba parte del equipo de gobierno del Cabildo junto al Partido Popular (PP), defendió la iniciativa a través de sus candidatos municipales. El Gobierno de Canarias llegó a incluir partidas para potenciarla en sus presupuestos, pero el rechazo del Ayuntamiento de la capital, a cuyo frente se encontraba José Manuel Soria (PP), dio al traste con ella. La idea duerme desde entonces, aunque en los comicios locales de 2019 Podemos la recuperó en su programa ya sin abarcar el término municipal de Arucas.
La creación de un área metropolitana entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y Tegueste también ha sido objeto de debate recurrente en la opinión pública tinerfeña. La imposibilidad de distinguir el límite entre la capital y Aguere en zonas como La Salud o Taco es un hecho que se impone a cualquier división administrativa, pero la asociación –o una fusión como la aprobada entre Don Benito y Villanueva de la Serena– siempre ha sido vista con recelo por amplios sectores de la ciudadanía de La Laguna, capital histórica de la Isla hasta el siglo XIX. Las primeras propuestas de la actual etapa democrática tuvieron lugar a comienzos de la década de 1990 y llegaron a ser sometidas a votación en ambos plenos municipales con resultados dispares, tras lo que la idea se guardó en un cajón. En 2005, el por entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), llegó incluso a proponer posibles nombres para la nueva urbe –habló de «Santa Cruz de La Laguna o La Laguna de Tenerife»–, pero su homóloga en La Laguna, Ana Oramas (CC), lo descartó: «Todavía no ha llegado el momento, porque antes hay que terminar de resolver determinados desequilibrios».
Fusión imposible
«Aunque se podría hacer y sería bueno para los dos municipios, el ser humano es muy caprichoso y tiende a exaltar su municipio como lo único, por lo que hay mucha gente que ni se lo plantea», señala Guillermo Morales Matos, catedrático honorífico de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en procesos de fusión municipal en España. Este aruquense que estudió en La Laguna antes de pasar por varias instituciones universitarias peninsulares defiende la unión de las dos ciudades tinerfeñas, así como la de otros ayuntamientos de Canarias, para cumplir con los mandatos europeos de reducción de la planta municipal. En cualquier caso, se muestra escéptico acerca de las posibilidades reales de llevar a cabo fusiones: «La clase política no está interesada; cuanto mayor es el calado del ayuntamiento, menor es el interés que se tiene».
Para Morales Matos, que reconoce «perseguir la utopía aunque sea imposible», la reducción de municipios deberá ser drástica a lo largo de las próximas dos décadas, «sobre todo cuando se empiece a ver la falta de recursos». Menciona ejemplos de falta de sintonía entre los que hay pabellones deportivos o museos duplicados, pero también planes de ordenación que en ocasiones resultan diametralmente opuestos a los del territorio vecino. «Estos documentos, que desarrollan a futuro el crecimiento de las ciudades, deberían haber sido consensuados entre los municipios limítrofes, pero la realidad es la contraria, de manera que un municipio puede estar planteando un suelo industrial en una zona limítrofe y el de al lado tiene un suelo protegido», lamenta. La coordinación «es necesaria, pero no la ha habido ni en España ni en Canarias».
«Los planes de urbanismo, que desarrollan el crecimiento a futuro, deberían haber sido consensuados, pero la realidad es la contraria», lamenta el catedrático de Geografía Guillermo Morales
En el entorno periurbano de la capital grancanaria, Morales Matos es partidario de un área metropolitana que incluya a Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Santa Brígida y Telde. En cualquier caso, ve complicado homogeneizar con el resto de planes de ordenación el de la ciudad de los faycanes, «muy difícil de reconducir por lo disperso de su caserío».
Los cabildos, corporaciones en las que suelen estar presentes alcaldes y concejales de los municipios, suponen para el catedrático una ventaja del Archipiélago, algo en lo que coincide con Julio Rodríguez, decano de la demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. «En Canarias tenemos una unidad geográfica que es la Isla y contamos con los cabildos, que son más fuertes que las diputaciones provinciales», recuerda. La Ley del Suelo del Archipiélago, continúa, «pone los planes insulares en lo más alto de la jerarquía y a partir de ahí los municipios desarrollan sus ordenaciones».
En cuanto a infraestructuras, el decano de los ingenieros de caminos apunta que existe un panorama normativo similar. La Ley de Carreteras, por ejemplo, establece jerarquías, mientras los planes hidrológicos insulares plantean la gestión de este recurso «desde una perspectiva de isla, no municipal». Rodríguez también hace hincapié en el proyecto para construir un tren entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas: «Es una infraestructura muy potente y la ha planificado el Cabildo». En Tenerife, por ejemplo, el transporte se gestiona desde una empresa del Cabildo y la gran infraestructura de movilidad colectiva, el tranvía, fue proyectada contemplando la totalidad de la mancha urbana, sin reparar en límites municipales. La ordenación en Canarias, abunda, «se hace como una integración, con el concepto de ciudad-isla».
La arquitecta y urbanista Elsa Guerra, que ha participado en la elaboración de planes estratégicos a través del estudio Anca, reconoce que este concepto pertenece al debate urbanístico, a la vez que subraya la creciente relación entre las áreas urbanas y el resto del territorio, tanto municipal como metropolitano e insular: «Ciudad no es igual a área urbanizada, es el territorio que se relaciona con los lugares en que vivimos». Estas vinculaciones son «cada vez mayores», incide, aunque no se manifiestan del mismo modo en las dos Islas.
En el caso de Tenerife, «Santa Cruz y La Laguna conforman una única ciudad que está en dos municipios», describe Guerra, pero en Gran Canaria la situación es más compleja y requiere estrategias de relación diferentes entre los municipios, sin que a su juicio sea necesario recurrir al área metropolitana: «No parece que las condiciones de la ciudad, de la geografía, de la división administrativa y urbanística ahora mismo planteen ninguna necesidad de este tipo de figuras».
La ordenación de las grandes zonas urbanas de Canarias se debe revisar «en función de las estrategias verdes o de renaturalización, así como de la inclusividad», considera la arquitecta Elsa Guerra
Arucas, Telde y Santa Brígida «tienen mucho carácter, historia y particularidades», recalca la arquitecta, y Las Palmas de Gran Canaria solo ha existido en su configuración actual a partir de la anexión del municipio de San Lorenzo en 1937. Guerra no ve la necesidad de llevar a cabo modificaciones administrativas o nuevas fusiones –«Los instrumentos que tenemos funcionan adecuadamente»– pero defiende que para abordar la ordenación territorial en las Islas, se debe iniciar una revisión «en función de las estrategias verdes o de renaturalización, así como de la inclusividad». Las claves actuales, insiste, tienen que ver con la atención a la biodiversidad y al cuidado de las personas y el planeta: «Esos son los temas que ahora mismo deben presidir todo».
Cooperación y autonomía
Entre los regidores municipales también existe consenso en torno a la necesidad de una mayor implicación de los consistorios, aunque la figura del área metropolitana no suscita demasiado interés. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), asegura que la ciudad «se ha posicionado a favor de mancomunar servicios en el área metropolitana» y que ya se trabaja con los municipios colindantes «con el objetivo de mejorar los servicios, de solucionar problemas en zonas limítrofes o de planear futuras iniciativas», pero sin que esto deba «significar, ni mucho menos, una pérdida ni de la autonomía municipal, ni de la calidad de los servicios», apostilla.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), no ve con malos ojos que se pueda establecer una «visión metropolitana» en Gran Canaria, aunque existen problemas de base para implantar el área: «No podemos reescribir la historia, lo cierto es que los municipios se han configurado por una estructura entre los del centro, el sureste, la zona norte... y Las Palmas de Gran Canaria y Telde se han quedado fuera de esas mancomunidades». Esta situación reduce a estos dos municipios el territorio donde sería posible establecer servicios metropolitanos mancomunados, para no solaparse con otros organismos, «aunque parece obvio que lo lógico es que fuera mayor para poder darle verdadera utilidad a una figura de este tipo».
Los alcaldes de las principales ciudades abogan por buscar fórmulas de colaboración entre las capitales y los municipios del entorno, pero defienden la autonomía de sus corporaciones
En Arucas, la apuesta pasa más por ser «la puerta del norte» que por conformar un área metropolitana con la capital. Su alcalde, Juan Jesús Facundo (PSOE), ostenta durante este año la presidencia de turno de la Mancomunidad del Norte y aboga por continuar reforzando esta otra entidad, que el próximo año celebra medio siglo de existencia y en la actualidad incluye once ayuntamientos hasta el extremo occidental de la Isla: «Ha ido creciendo en servicios y ha dado una buena gestión, creo que tiene más beneficios que desventajas», apunta. De todos modos, el regidor aruquense sí ve posibilidades de cooperación con Las Palmas de Gran Canaria a través de acciones puntuales, con proyectos como líneas exprés de guagua y corredores peatonales o para ciclistas entre los dos municipios, tanto a través de la costa como en la parte alta: «Vemos la relación desde la coordinación, sin entrar en convenios mancomunados», agrega.
En Santa Brígida, la situación es similar. El municipio pertenece a la Mancomunidad de Medianías, una entidad «pequeña todavía, pero que se está tratando de revitalizar para gestionar servicios de manera conjunta», en palabras de su alcalde, Miguel Jorge Blanco (PP), que aun así se muestra «abierto a todas las posibilidades» a la hora de compartir determinados servicios. Sobre todo, en zonas limítrofes como Monte Coello o Los Llanos de María Rivera, «donde los dos municipios están divididos por una calle o una carretera». En la actualidad, Las Palmas de Gran Canaria y su vecino del centro no comparten servicios, aunque la empresa del agua es la misma, Emalsa, como recuerda el primer edil satauteño. Jorge concluye reclamando una «actitud más activa a la hora de definir las comarcas» por parte del Cabildo, «para luego establecer las instituciones que puedan defender sus intereses».
