La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido como banco malo, estudia proceder a la demolición de la antigua comisaría de Miguel Rosas, una vez tapiado el inmueble y efectuadas las acciones necesarias para proteger y evitar situaciones de riesgo en el caserón.
El inmueble fue desalojado el pasado 25 de febrero, tras una orden de lanzamiento del juez, después de haber permanecido ocupado durante seis largos años y con los vecinos desesperados por los continuos escándalos y peleas que provocaban sus habitantes, cuyo número superó la decena de personas.
Un portavoz del banco malo aseguró que la entidad no ha recibido por ahora ninguna oferta de compra por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Responsables del gobierno municipal trasladaron a los vecinos de Miguel Rosas que contemplaban la posibilidad de comprar la finca, aunque desde el Ayuntamiento sólo se han limitado a afirmar que es una opción que se está estudiando y han eludido confirmar su voluntad de hacerse con el inmueble.
Así las cosas, la Sareb baraja en estos momentos o bien volver a sacar a la venta la parcela o bien impulsar un proyecto residencial en el solar. «Todavía no se ha decidido nada al respecto», aclararon las fuentes, quienes añadieron que la opción que finalmente se adopte será la que tenga más posibilidades de devolver o amortizar un mayor volumen de deuda.
«En la Sareb», explicaron las fuentes, «intentamos vender todos los suelos y viviendas que tenemos, porque nuestro objetivo es devolver el máximo posible de deuda. Para lograr dicho objetivo intentamos generar el máximo de ingresos, vendiendo» los activos. «Hay casos», subrayó, «en los que dependiendo de donde esté el suelo, sale más rentable venderlo o impulsar nosotros mismos la construcción de las viviendas». Y en estos momentos lo que se está analizando son las posibilidades de la parcela de la calle Miguel Rosas, número 25, situada a escasos metros de la playa de Las Canteras y en el corazón turístico de la capital grancanaria.
La Sareb fue creada en 2012, tras la crisis financiera de 2008, para gestionar y vender los activos problemáticos de las sociedades financieras que recibieron ayudas públicas. La antigua comisaría de Miguel Rosas es uno de estos activos.
El histórico inmueble, en el que se entregó Ángel Cabrera Batista El Rubio en 1989, acusado de secuestrar y asesinar al industrial tabaquero Eufemiano Fuentes, dejó de cumplir sus funciones como comisaría en septiembre de 2004, tras ser trasladado el cuartel a las nuevas dependencias de la plaza de Manuel Becerra.
El Ayuntamiento, propietario del edificio, sacó a subasta en 2005 la finca y la vendió por 2,3 millones a la Sociedad Inmuebles Comerciales La Mareta. Debido a la crisis inmobiliaria, el inmueble acabó en manos de la Sareb, que lo sacó a la venta en 2015 por 950.000 euros.
Meses después, en febrero de 2016, fue ocupado por un grupo de diez personas, lo que imposibilitó la venta si alguien hubiera estado interesado. Y así ha permanecido durante los últimos seis años, convertido en su última época en un centro de venta de droga, tal y como constató la propia resolución judicial que autorizó el lanzamiento.
Intervención
Pese a las quejas continuas de los vecinos desde el mismo momento en que se produjo la ocupación del edificio, el Ayuntamiento sólo se decidió a intervenir cuatro años después de su ocupación, en abril de 2020, fecha en la que la Dirección General de Edificación y Actividades Clasificadas realizó una inspección para averiguar el estado en el que se encontraba el inmueble, que fue construido en 1944.
En dicha inspección se detectaron desprendimientos en volados de fachadas con caída de cascotes a la vía pública y otras deficiencias por la falta de mantenimiento, tras lo que se abrió un expediente en el que se ordenó a la Sareb realizar las obras necesarias para «garantizar la seguridad, la salubridad, el ornato público y el decoro» del edificio. El banco malo argumentó que no podía entrar en el edificio porque estaba ocupado, pero sólo denunció en el juzgado la «ocupación ilegítima» en agosto de 2020.
Incendio
El inmueble sufrió un incendio en noviembre de 2020, después del cual los bomberos aconsejaron desalojar el inmueble por el mal estado en el que se encontraba, una recomendación que el Ayuntamiento ignoró, mientras inició el proceso de imposición de sanciones a la Sareb, por no garantizar la seguridad del edificio.
En total se acordó imponer a la entidad hasta 10 multas coercitivas por importe de 509,07 euros cada una.
Tras el desalojo de las 12 personas que vivían en el inmueble a finales de febrero pasado, operarios de Limpieza procedieron a limpiarlo y retiraron 7.500 kilos de basura, entre ellos muchos electrodomésticos viejos como lavadoras, microondas y ordenadores, así como restos de maderas y residuos orgánicos. La Sareb procedió al tapiado de puertas y ventanas para evitar una nueva ocupación y ha puesto un servicio de vigilancia del inmueble, cuyo perímetro está tabicado. Durante las últimas semanas, señalaron las fuentes, se han llevado a cabo los trabajos necesarios para garantizar la protección del inmueble.
La ruina del entorno
La ocupación del edificio de Miguel Rosas número 25 ha supuesto la ruina para muchos propietarios de locales y viviendas del entorno porque las continuas peleas y escandaleras han ahuyentado a posibles inquilinos.
De hecho todos los locales situados enfrente llevan vacíos más de seis años debido a la conflictividad de la calle.
Los vecinos se quejan de que el «fin de esta pesadilla ha durado demasiado» y se preguntan cómo es posible que el consistorio no actuara judicialmente y se limitara a ignorar «sistematicamente» sus quejas.
Recuerdan que el centro Gánigo de atención a personas sin hogar, situado justo al lado de la antigua comisaría, debe ser trasladado del lugar porque no «reúne las condiciones para el servicio que presta. «Esta calle ha sido desde hace más de 20 años la sala de espera de las personas sin hogar».
