El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la nulidad de la actual licencia de obras del Canódromo y también la ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, que le da cobertura.
La construcción de dos torres de 15 y 17 plantas con 120 casas están paralizadas desde octubre del pasado año, después de que la magistrada Sagrario Tovar de la Fe ordenara la medida cautelar hasta que se dictara la sentencia, que una vez emitida, bloquea ahora la operación urbanística.
Los vecinos de Schamann acaban de ganar su enésima batalla en contra de la operación del Canódromo, contra la que luchan desde hace más de 20 años.
La sentencia, que le da un golpe mortal a la operación del Canódromo, estima el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) y hace suyo el argumento vecinal que plantea que tanto la licencia que concedió el Ayuntamiento a la empresa Realia Business S.A. el 20 de mayo de 2020 como la ordenación relativa al Canódromo en el PGOU de 2012 son ilegales porque están basados en el mismo planeamiento (el Plan General de 2020 y el Plan Especial de 2003), que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo en 2014.
Dicha sentencia del Supremo anuló la ordenación que amparaba el Canódromo por la falta de motivación del Ayuntamiento cuando cambió a residencial una zona que tenía uso de equipamiento, lo que permitió una construcción masiva de viviendas en un área con la edificabilidad agotada, según advertía la propia memoria del Plan General.
Así las cosas, la magistrada considera que “debe darse la razón a la asociación recurrente” porque “el PGOU de 2012 viene a recoger las mismas determinaciones urbanísticas de la parcela del Canódromo en el Plan Especial de 2003, anteriormente recogidas en el PGO de 2005, de modo que adolece de los mismos defectos que condujeron a la nulidad del PGO de 2000 y procede estimar la pretensión principal del presente recurso, declarando la nulidad de la licencia de obras litigiosa”.
La jueza comparte la argumentación de la sentencia dictada el 19 de julio de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 que, tras estimar un recurso de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, declaró la nulidad de la licencia anterior otorgada por el Ayuntamiento a Realia en 2006 y su prórroga de 2008, al considerar que el Plan General de Ordenación de 2005 tenía el mismo vicio de nulidad que el PGO de 2000 y el Plan Especial de 2003, en los que se basaba.
El mismo vicio de nulidad
“El PGO de 2005”, advierte, “no es más que un remedo del de 2000, anulado judicialmente, sin que el mismo responda a las indicaciones efectuada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2014”.
En consecuencia, añade, lo que hay que determinar es si el razonamiento de aquella sentencia del Supremo que anuló el planeamiento del Canódromo es “igualmente predicable al nuevo instrumento de ordenación urbanística porque no exista diferencia alguna entre los mismos y no se hayan introducido las modificaciones, de motivación fundamentalmente, a las que había referencia” el alto tribunal. Ambas sentencias vienen a decir que el vicio de ilegalidad detectado por el Supremo en el plan primigenio de 2000 se proyecta a todas sus aplicaciones posteriores, porque todas adolecen de la misma falta de motivación.
La jueza rechaza, por otra parte, la petición de la asociación vecinal para que se anule también el planeamiento del Canódromo de 2020 que también es otra réplica del anulado en 2000, al considerar que la licencia impugnada “no es un acto de aplicación” de dicho planeamiento, porque emana de otro plan anterior. La sentencia no es firme, por lo que el Ayuntamiento puede recurrir.
Yeray Alvarado, el representante legal de los vecinos, considera que el gobierno municipal está tardando en negociar con Realia y ofrecerle una “transferencia de aprovechamiento”, es decir otro terreno con el que compensarle ante la más que probable imposibilidad de construir el Canódromo en la parcela situada entre las calles Henry Dunant y Obispo Romo, en el barrio de Schamann. De lo contrario, el Ayuntamiento se enfrenta a tener que pagar una indemnización multimillonaria a la empresa.
Alvarado añade que el Ayuntamiento “debe tratar de negociar con los vecinos qué parte del edificio es salvable para ver si hay que demolerlo todo o en parte”.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, indicó por su parte que el Ayutamiento recurrirá la sentencia, al tiempo que responsabilizó de la indemnización multimillonaria que tendrá que pagar la ciudad a la "mala decisión" del PP con el Canódromo. Los vecinos por su parte consideran que el gobierno tripartito está tardando en llegar a un acuerdo con Realia, porque mientras más recurra más gigantesca será la indemnización que deberán pagar los ciudadanos. "En lugar de apagar la bomba, la van pasando de mano en mano y alargando la mecha para retrasar el momento de la explosión. Y esa mecha cuesta dinero. El problema es que ese dinero lo pagan los ciudadanos", sostuvo Alvarado.
