La administraciones se desentienden de la Casa del Niño, cuyo deterioro y abandono es cada día mayor, pese a estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, y pese a representar una excelente oportunidad para acoger en su interior un gran centro socio cultural que ayude a resolver las graves necesidades que padecen los barrios del Cono Sur.
La Plataforma Popular por la Recuperación de la Casa del Niño, que presentó hace más de cuatro años un proyecto para crear un gran centro sociocultural en el inmueble que todavía sigue esperando una respuesta, ha denunciado la «absoluta desidia» de las administraciones públicas responsables, «ninguna de las cuales hace nada mientras el edificio sufre un proceso de deterioro cada vez mayor». Así, rechazan la paralización del expediente de disciplina urbanística que abrió el Ayuntamiento en 2015 a raíz de la denuncia por daños al patrimonio histórico que presentó el colectivo, con el objetivo de frenar el deterioro del inmueble y obligar a todas las instituciones que forman parte del patronato de la fundación de la Casa del Niño (Gobierno canario, Cabildo de Gran Canaria, Delegación del Gobierno de España y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ) a proteger el edificio, que fue diseñado en 1939 por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre para alojar un gigantesco orfanato.
Los vecinos que impulsan la creación de un centro socio cultural denuncian la desidia institucional
A pesar de los años transcurridos, el expediente se encuentra en una “parálisis absoluta”, aunque «sigue vivo» porque no prescriben cuando son monumentos los que están afectados, advierte el miembro de la plataforma, Carmelo Suárez, quien entiende que «el Ayuntamiento está haciendo un ejercicio de prevaricación cuando, sabiendo que se está deteriorando ese monumento no ejerce su responsabilidad para exigir la reposición del estado original del edificio».
Este periódico intentó, sin éxito, que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, explicara la razón del bloqueo del expediente. Doreste tampoco ha cumplido con la palabra que dio a los vecinos de que «se buscaría el dinero» para la creación del centro sociocultural si le presentaban un proyecto. Más tarde habló de crear un concurso de ideas, del que nada se ha sabido y de encargar un informe jurídico sobre las consecuencias de la extinción de la Fundación Casa del Niño.
Y es que la extinción de la fundación es otro de los caballos de batalla del colectivo, del que forman parte asociaciones vecinales, de mujeres y deportivas y culturales. Hace más de tres años solicitó al Gobierno canario que declarara la extinción de oficio, pero hasta ahora solo han recibido la callada por respuesta.
La Casa del Niño pertenece a un patronato fundación que fue creado en 1939, del que formaban parte todas las administraciones nacionales y locales, además del Obispado y organizaciones franquistas ya desparecidas como la Sección Femenina y el Frente de Juventudes. Las administraciones se han escudado hasta ahora en la existencia de dicha fundación para inhibirse con el edificio, aunque Carmelo Suárez asegura que hay un informe de los servicios jurídicos del Registro de Fundaciones del Gobierno canario que habla de que «habría que pensar en la extinción». Según Suárez la fundación no sólo no ha actualizado sus estatutos sino que «no hay ni un acta de rendición de cuentas, pese a que están obligadas a hacerlo todos los años». Lo que pretenden los vecinos es que, una vez declarada la extinción, la Casa del Niño pase a ser gestionada por el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno canario. En cuanto a la propiedad del edificio, cuya parcela se dice que fue cedida en su día junto a la del Centro Deportivo de Gran Canaria por el conde de la Vega Grande, Suárez subrayó que «no existe ningún documento que acredite que el conde era propietario de dichos terrenos y que los donó. La Casa del Niño se transfiere entre el resto de bienes del Estado al Gobierno canario y ese es el único documento de propiedad que existe».
Suárez advierte que algunos representantes políticos han asegurado que «la familia del conde quiere un trozo de la parte norte del edificio para hacer una promoción, como si todavía existiera el derecho de pernada. Nadie está discutiendo la propiedad de la Ciudad Deportiva Gran Canaria ni de la Granja Agrícola del Cabildo. Ese es el argumento que plantea Javier Doreste y el Ayuntamiento, que hay que tener cuidado».
El colectivo acusa al Ayuntamiento de prevaricar por no hacer nada para proteger el inmueble
Por ello considera que la única institución que ha hecho algo en relación con la protección del edificio ha sido el Cabildo de Gran Canaria al impulsar la declaración del BIC. «Nos dirigimos a Antonio Morales y fue él que agarró y dio el paso necesario para rafificar el expediente y pasárselo al Gobierno canario», que aprobó la declaración en 2017 y «consiguió» blindar el edificio «frente a las ansias del sector de la sanidad privada de quedarse con la Casa del Niño y montar una clínica. Han sido varias las ocasiones en las que a través de la Delegación del gobierno nos llegan comentarios de que hay sectores de la sanidad privada que están esperando a que se declare la ruina del edificio para meter la zarpa». El Cabildo aprobó por unanimidad una moción en 2020 para liderar la cooperación con el resto de administraciones e iniciar la rehabilitación del inmueble. También recuerda que el anterior director general de Patrimonio del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, llegó a un acuerdo con la plataforma para «hacer una intervención urgente e invertir 100.000 euros», pero llegaron las elecciones de 2019 y todo quedó en nada. Sólo la ruina del edificio avanza sin tregua.
Mejorar la calidad de vida de 72.000 vecinos
El centro sociocultural que presentó en 2017 la Plataforma Popular por la Recuperación de la Casa del Niño tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 72.000 vecinos del Cono Sur, mediante la creación en los 20.000 metros cuadrados del inmueble de zonas deportivas, centros sociales para mayores y jóvenes, espacios para el movimiento asociativo, una sede de la Universidad Popular, servicios sociales, huertos urbanos y salón de actos. El centro estaría gestionado por una cooperativa y el proyecto realizado por el arquitecto Carmelo Suárez incluye una residencia para familiares de enfermos de Fuerteventura o Lanzarote que tengan que ser tratados en los hospitales de Gran Canaria. Suárez, que es líder del Partido Comunista del Pueblo Canario, calcula que la rehabilitación del edificio, que lleva más de 30 años cerrado, costaría un mínimo de ocho millones de euros, una cantidad que se podría obtener de las sanciones que se impondrían a las administraciones por el abandono del edificio. «Lo importante es empezar arreglando, por ejemplo, 500 metros cuadrados y ya verás como cuando empiece a funcionar va a haber un montón de intereses para que esto salga p’alante». «Para nosotros es un elemento estratégico de la lucha del movimiento vecinal y vamos a seguir encima. No descartamos poner una denuncia por prevaricación contra el Ayuntamiento».
