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Costas ordena retirar parte de la terraza de La Marinera y multa al Ayuntamiento por permitirla

El expediente se abrió en 2020 por amparar la ocupación del dominio público marítimo terrestre sin autorización de Madrid. La sanción impuesta asciende de 31.800 euros por una infracción grave

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Restaurante La Marinera Andrés Cruz

La Demarcación de Costas de Canarias ha impuesto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una sanción de 31.800 euros y le ha ordenado la «retirada inmediata» de un parte de la terraza del restaurante La Marinera, en La Puntilla, por invadir el dominio público marítimo terrestre, ya que fue el consistorio el que amparó la ocupación a través de la concesión del restaurante sin contar con un título habilitante para ello, lo que constituye una «infracción grave». «Esa parte que ocupa la terraza», indicaron desde Costas, «tiene autorización para uso público y gratuito, no para un restaurante. El ayuntamiento tiene que informar a Costas si lo explota una tercera persona».

 La construcción de la terraza cuestionada por Costas se remonta al año 2000, después de que la familia Ortega se hiciera cargo del restaurante tras subrogarse la concesión que le traspasó Beleyma, el anterior titular del local.

El expediente sancionador se inició en 2019, a raíz de una denuncia del servicio de vigilancia de Costas, tras detectar que la terraza invadía el deslinde y se resolvió en marzo de 2021, según informaron fuentes de la Demarcación de Costas, quienes añadieron que ni la sanción ni el desalojo se ha ejecutado porque el Ayuntamiento presentó un recurso de alzada, que aún no ha resuelto la subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las fuentes de Costas aseguraron que la ocupación irregular sólo afecta al extremo suroeste de la terraza. Desde el Ayuntamiento justificaron el recurso presentado, al considerar que Costas no ha dado opción de hacer alegaciones a la empresa que explota el restaurante. Nicolás Ortega, por su parte, uno de los socios del establecimiento, asegura que la construcción de la terraza fue «autorizada y supervisada» por el Ayuntamiento.

Los hechos imputados en el expediente, según consta en la resolución, son los siguientes: «ocupación del dominio público marítimo terrestre mediante la instalación de mesas y sillas que dan servicio a unos 250 comensales, una parrilla, un equipo de refrigeración de alimentos, varios elementos decorativos y el cerramiento acristalado de la superficie ocupada, con una ocupación aproximada de 265 metros cuadrados», según el deslinde aprobado en 1945 en la zona de La Puntilla.

El 17 de marzo se notificó la infracción por primera vez al Ayuntamiento, al que se concedió un plazo de 15 días para contestar, que se agotó sin que el consistorio presentara alegaciones, al igual que ocurrió con los otros quince días extra que le dieron el 5 de noviembre de 2020.

«El 11 de febrero de 2021», añade la resolución firmada por el anterior jefe de la Demarcación de Costas, Rafael López Orive, «se realiza visita por parte del personal de Vigilancia de esta Demarcación de Costas, en la que se comprueba que se mantiene ocupada la superficie sancionada». Además, se comprobó la «ampliación de la ocupación», a consecuencia de las medidas de prevención establecidas por la pandemia, extremo que se corrigió cuando se pasó a la fase 2.

La historia

La historia de la instalación de un restaurante en la plaza de La Puntilla se remonta al 20 de junio de 1994, cuando el Gobierno de España otorga al Ayuntamiento  una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo de 30 años, con la finalidad de urbanizar la plaza de La Puntilla. En un principio se pensó en la zona como posible ubicación del Auditorio, que finalmente se construyó en la otra punta de Las Canteras, en la Cícer.

El dueño del restaurante asegura que contó con el permiso municipal para cerrar el local

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El Ayuntamiento concedió a su vez una concesión para instalar un restaurante, que pasó por varios dueños y finalmente fue traspasado a los hermanos Carmelo y Nicolás Ortega, quienes abrieron en 1999 el restaurante La Marinera. En ese momento, explicó Ortega, se «pidió permiso al Ayuntamiento para  cerrar la terraza con la finalidad de asocar el lugar frente a los vientos de la zona. «Esa fue la condición que pusimos y el Ayuntamiento nos autorizó y supervisó la obra, que se hizo sin mampostería y es reversible . Cual no sería nuestra sorpresa cuando el Ayuntamiento nos informó de que Costas le había impuesto una sanción de 30.000 euros y nos la remitió a nosotros».

Ortega quiso dejar claro que «si hay que rectificar lo que se hizo, ya buscaremos una solución, pero quiero dejar claro que La Marinera no ha actuado de manera arbitraria». Desde el Ayuntamiento, un portavoz expresó el «desacuerdo» del Ayuntamiento con el procedimiento de Costas, al considerar que «no se ha dado audiencia al principal afectado, la empresa Jonicamar que explota la concesión del restaurante, para que efectúe las alegaciones que tenga por conveniente».

El Ayuntamiento recurre el desalojo y la sanción al considerar que no se ha dado audiencia al concesionario

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En opinión de los letrados municipales, ello «podría dar lugar a la indefensión» del concesionario, «con la posible nulidad de actuaciones».

Las fuentes de la Demarcación de Costas, que dirige Alberto Martín Coronel, señalaron que la terraza «podría ser legalizable, pero eso lo tiene que decidir la Dirección General de Costas. Si el Ayuntamiento considera que eso tiene que estar ahí, tendría que solicitarlo y la demarcación se limita a tramitarlo y a enviarlo a Madrid para que se resuelva como una concesión».

Cortar los vientos


Nicolás Ortega, dueño del restaurante La Marinera, asegura que la instalación de la terraza repercutió positivamente en el negocio, porque cortó los vientos y asocó el lugar.

 «Cuando cogimos el restaurante era una terraza abierta y el aire daba y no se podía estar ahí. Somos un referente por las instalaciones que tenemos, el lugar que tenemos y como lo tenemos. Si se quitara la terraza y se colocaran sombrillas, habría que ir a buscarlas al Reina Isabel, como ocurría antiguamente. Nuestra única preocupación era proteger al cliente». El empresario expresó su «preocupación» por el expediente sancionador y la orden de desalojo, al tiempo que insistió en que todo se hizo con la «supervisión del ayuntamiento. Estamos pagando más dinero por el espacio de más que ocupamos. No sabemos a qué viene esto ahora después de 20 años de trabajo». La Marinera, resaltó, es un referente de Las Canteras y da empleo a 40 personas. 

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