Una empresa privada contratada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a instalar sonómetros en la zona de Joaquín Costa, Isla de Cuba y plaza de los Betancores para medir los niveles de ruidos, con el objetivo de controlar la contaminación acústica de los locales de ocio que hay en el lugar cuando concluya el informe, dentro de seis meses. Un estudio, que los vecinos ven como un gasto de dinero innecesario porque el consistorio ya dispone de un informe que efectuó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG), en el que se refleja que los niveles de contaminación acústica de la zona superan lo permitido por la normativa.
«El problema ya está identificado», resaltan, al tiempo que sostienen que lo que debe hacer Urbanismo es cumplir la sentencia de diciembre de 2021 que le obliga a controlar los ruidos, un fallo que el Ayuntamiento ha recurrido, en «lugar de proteger el derecho al descanso de los vecinos».
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, subraya que el estudio es un programa piloto, que se va a extender a toda la ciudad, basado en «sonómetros que se activan a distintas horas del día, para ver cuál es la calidad acústica de la zona y dictaminar cuál es el origen de los ruidos más fuertes».
«Si hay ruidos que proceden de los locales, entonces podremos tomar medidas de corrección, como la instalación de doble puerta, aislamiento o limitadores de sonido. Y si el ruido proviene de la calle, no en las terrazas, es más un tema de convivencia y de orden público, que de urbanismo», añade Doreste, quien asegura que en el caso de la contaminación procedente de las terrazas, «el problema se soluciona adelantando el horario del cierre».
Tras negarse a revelar donde se han colocado los medidores de ruidos, sólo afirma que uno de ellos se ha instalado en Joaquín Costa, la calle que genera más quejas de los vecinos por ruidos.
Frente a la exigencia de los vecinos, Doreste niega la mayor y niega que sea cierto lo que dice la sentencia que condena al Ayuntamiento por inactividad frente a la contaminación acústica. «Le hemos dicho al juzgado que sí hemos actuado. Tenemos todos los informes de la policía, todas las actas y todas las denuncias que se han hecho en la zona. Esta es una más».
No opinan lo mismo los vecinos que han puesto otra denuncia en los juzgados, ante la «falta de voluntad» del Ayuntamiento para resolver el problema. «Llevamos unos ocho años denunciando y el problema sólo ha ido a peor, sobre todo después de la pandemia. Alos ruidos de Joaquín Costa se unen los problemas con la discoteca Pequeña Habana. Cualquier ayuntamiento que se precie buscaría la solución de este problema sobre la marcha», se queja Alberto Álamo, portavoz de los afectados.
Álamo critica también que se haya encargado el estudio a una empresa privada, cuyo contrato ha costado 14.958.6 euros, en lugar de hacerlo con la ULPGC, «cuyo prestigio e independenica está fuera de toda duda para decir lo que pasa». Recuerda que fueron expertos de Ingeniería civil los que hicieron el informe pericial que aportaron los vecinos en el pleito ganado, en el que se reflejaba que el ruido del ocio nocturno supera lo permitido.
También echa en falta Álamo que Urbanismo no se haya puesto en contacto con los vecinos, «para establecer los lugares de medición» del estudio en marcha en la actualidad que, según Doreste formará parte del mapa estratégico de ruidos de la ciudad, «para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, la influencia del ocio nocturno y otras fuentes de ruido, así como la elaboración de un plan de acción, si fuera necesario. Para actuar tengo que determinar donde está el origen del ruido». La zona, advierte, «está muy saturada de terrazas.
En Joaquín Costa, en menos de 150 metros hay casi 16 locales y no se respeta el 50% del espacio público libre». Exigen que se cumpla la ley y que se adelante el cierre de las terrazas. Doreste, por su parte, admite que «posiblemente Joaquín Costa sea una zona saturada. Todo lo que no cumpla se resolverá en julio con la regularización de las terrazas exprés. El 50% del espacio público tiene que estar libre».
