El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo prepara la puesta en marcha de un plan de choque para poner al día el pago de las facturas a los proveedores de bienes, obras y servicios y para ello ofrece hasta un máximo de 80 horas extras al año a los gestores económicos de los departamentos que están más empantanados y pide voluntarios.
El colapso administrativo que sufre el Ayuntamiento es de tal calibre que lo que se tarda en abonar los servicios contratados se está convirtiendo en un grave problema que enfada a los proveedores. La acentuada falta de personal, con más de 600 plazas vacantes, está en el origen del problema.
El periodo medio de pago del pasado mes de marzo superó los 207 días en marzo de este año, más de seis meses, lo que está ocasionando múltiples quejas por parte de proveedores, ante los retrasos reiterados, ya que en febrero el periodo medio de pago alcanzó los 205,87 días y en enero superó los 159 días. Estamos hablando de facturas con soporte presupuestario.
Muchísimo peor aún lo tienen aquellos proveedores cuyas facturas carecen de soporte presupuestario, en su mayoría pertenecientes a los más de cien contratos vencidos o en nulidad que hay en el consistorio.
Las facturas pendientes en los cajones alcanzaron los 82,3 millones de euros el pasado abril
En este caso, tienen que esperar a veces hasta más de dos años. Esta deuda, que engrosa la Cuenta 413, la nueva definición de lo que antes se conocía como facturas en los cajones, alcanzó los 84,4 millones el pasado 18 de abril. Estos recibos, cuyo gasto se originó en 2021 y años anteriores, no forman parte del denominado periodo medio de pago, que se dispararía y superaría el año en ese caso.
Algunas empresas, como Imesapi, han optado por recurrir a los tribunales para que el ayuntamiento les pague. En este caso, el juez ha ordenado al consistorio que le abone a Imesapi un total de 592.142 euros por el mantenimiento de la fuentes municipales, facturas que se remontan a los años 2018 y 2019.
Así las cosas, la directora general de Administración Pública, Mercedes Cejudo, lanzó el pasado lunes por la intranet municipal una circular denominada Campaña de choque de gestión de facturas, en la que reconoce la carencia de gestores económicos -los encargados de tramitar las facturas- que tiene el consistorio, especialmente en algunos servicios municipales, lo que «conlleva el retraso» en el abono de los servicios contratados y prestados.
Horas extra prohibidas
La medida consiste en levantar la prohibición de hacer horas extras que existe en la mayoría de los servicios administrativos del consistorio, salvo ocasiones muy puntuales. Sólo los bomberos y los policías locales pueden hacer horas extraordinarias, aunque otra cosa es que se las paguen en tiempo y forma. El próximo jueves se concentran para protestar por el impago del dinero que le deben desde febrero del año pasado.
El gobierno local busca voluntarios para paliar el problema creado por la falta de personal
Lo que pretende Recursos Humanos es que los escasos gestores económicos que hay en el ayuntamiento, uno en cada servicio, se presenten voluntarios para tramitar los expedientes que se les asignen. El objetivo de Hidalgo, si hay voluntarios dispuestos a ello, es iniciar cuanto antes un «plan de choque» que alivie el problema.
Leonardo Perera, representante del CSIF, considera que el problema viene derivado de la «tremenda falta de personal que padece el ayuntamiento. Por fin, se plantean pagar horas extras». No obstante, albergan serias dudas de que la gente se presente voluntaria. «La gente está muy quemada y realmente es hacer horas extras para echarte los marrones que otros no han sacado».
Y es que a la falta de personal se suma la complejidad que conlleva el puesto de gestor económico encargado de la facturación. «Es un puesto muy especializado y todo el mundo no sabe hacerlo. Tiene que ser desarrollado por un técnico de grado medio o un administrativo cualificado. De hecho, hay muchos puestos vacantes. Los convocan y la gente no se presenta. Aunque cobran un poquito más a la gente no les compensa», señalan fuentes sindicales.
Mientras tanto, desde el gobierno municipal, que eludió hablar sobre la búsqueda de voluntarios para agilizar el pago de las facturas, aseguraron que están en marcha las diez oposiciones convocadas para cubrir 90 plazas: dos de archiveros, tres ingenieros técnicos informáticos, tres ingenieros industriales superiores, 45 policías locales, 14 técnicos de la administración general, una de técnico de gestión y 22 plazas de administrativos.
El departamento de Recursos Humanos espera tener «resueltos» todas esas convocatorias durante el último trimestre de este año.
