Más de 20 trabajadores de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias han denunciado su "exclusión" del proceso de la oferta extraordinaria de estabilización de empleo que aprobará este viernes el Consejo de Gobierno y que afecta a más de 3.200 empleados públicos.
La portavoz de los afectados Elena González, quien es personal interino de la Comunidad Autónoma, ha manifestado que ella y otros 23 trabajadores se encuentran en una situación laboral "problemática de la que no hay explicación jurídica para que el Ejecutivo regional no nos incluya en un proceso que está desarrollando para la estabilización de los interinos de toda la autonomía".
Estos empleados se cuestionan la razón por la que son los únicos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia excluidos, pese a ser "un centro directivo perteneciente al Gobierno de Canarias". Más aún, sostuvo, cuando se trata de una oferta de empleo público que la Comunidad Autónoma está desarrollando.
"Muchos llevamos más de 20 años trabajando ininterrumpidamente realizando funciones propias y estructurales, sin las cuales se podría poner en riesgo o peligro los servicios públicos como por ejemplo el abono de 2.500 nóminas del personal que trabaja en la Administración de Justicia", señaló, a la vez que recalcó que estos trabajadores perjudicados se encargan también del pago a los proveedores que suministran los servicios de contratación pública, el abono a los Colegios de Abogados y Procuradores de Canarias respecto al turno de oficio.
De ahí que, según González, se vean afectados aquellos que soliciten una asistencia jurídica gratuita ya que este beneficio "no podría ser tramitado porque las personas que se encargan de esto forman parte de esta problemática".
La trabajadora insistió en que "no hay explicación jurídica de por qué somos los únicos interinos que no formamos parte de esta lista, porque realmente sí nos ampara la Ley 20/2021 -que entró en vigor el 30/12/2021- y en la que, si se cumple una serie de requisitos (que es nuestro caso), entramos en ese listado". "No pedimos quedarnos fijos, solo entrar en esa oferta de empleo público".
González explicó que para el 1 de junio estarán las listas publicadas y el 31 de diciembre tendrían que estar las convocatorias hechas. «No sabemos cuál será nuestra situación ya que no tuvimos un nombramiento por un tiempo definido», se quejó, a la vez que hizo énfasis en que desconocen si les despedirán ahora «o esperarán a que termine toda la convocatoria cuyo plazo máximo finaliza en 2024».
«No sabemos que va a pasar con nosotros, sólo que no no vamos a entrar en la lista que va a sacar en breve el Gobierno de Canarias», lamentó. Con respecto a las medidas que se plantean tomar en el caso de no recibir respuesta alguna, la portavoz de estos interinos afectados matizó que no tienen marcada una hoja de ruta. «Nos enteramos en estas últimas dos semanas de esto, hemos presentado escritos y tenemos certificaciones de nuestros propios jefes de servicio en el que detallan ante la Dirección General de Función Pública las labores que realizamos y cuantos años llevamos trabajando», aseveró, a la vez que reseñó que ignora si hay empleados públicos de otros sectores afectados por «esta situación».
Asimismo, destacó que hace una semana solicitaron una reunión con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ya que se plantean agotar la vía «amistosa». Sin embargo, añadió que de salir «una orden, iremos por la vía administrativa». «Solo sabemos que haremos todo lo posible, lucharemos porque todos tenemos familia, vamos a perder nuestros puestos de trabajo y no sabemos en qué momento, desconocemos si mañana estaremos aquí», agregó González, al tiempo que expresó que buscan la «razón jurídica» por la que no aparecen en el listado «para poder llevarlo a los tribunales».
Por su parte, la diputada en el Congreso de los Diputados Meri Pita calificó de «injusto, inadmisible y sin fundamento jurídico» el que se deje por fuera de este proceso a estos 24 interinos de la Administración de Justicia. Pita apostilló que ha perdido «informes al respecto y no hay ningún impedimento para que estos trabajadores que tienen 20 años realizando tareas no coyunturales, si no estructurales,» sean «vetados».
También rememoró que cuando estos nombramientos salieron porque «a finales de los años 90» la plantilla era «insuficiente», mientras los tribunales se «explosionaban». La diputada vio «inexplicable» esta situación ya que «han tenido 20 años para regularizar a estos trabajadores y ahora, que Europa les obliga y tienen por ley que sacar este proceso, se les excluye», concluyó.
