La Asociación Nacional Juristas contra el Ruido denunció este miércoles la deficiente lucha contra la contaminación acústica que, en su opinión, ejerce el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dadas las carencias con las que opera en este ámbito tanto la Policía Local como el servicio de actividades clasificadas.

La presidenta de la asociación, Yomara García, lamentó la falta de sonómetros y la escasa labor de inspección que se realiza en la capital por falta de medios humanos y técnicos y también por no aplicarse la legislación más actual sobre ruidos, como podría ser la nacional (2003), a falta de una actualización de la ordenanza municipal, que es de 2002.

Con ello, apuntó, se deja recaer en el ciudadano la lucha judicial contra el ruido, sobre todo en zonas residenciales, donde debe prevalecer el derecho al descanso, resaltó al respecto.

El viceportavoz del PP Ángel Sabroso aseguró que se han dado situaciones como las vividas por vecinos de la calle Joaquín Costa, que han visto cómo el Ayuntamiento recurre sentencias judiciales a su favor y contra determinados establecimientos de ocio que exceden los niveles de ruido.

García ofreció este miércoles una charla a ediles de la oposición sobre la problemática social que conlleva la convivencia con el ruido en las ciudades en general y en Las Palmas de Gran Canaria en particular, donde los puntos negros se sitúan en Vegueta-Triana, Guanarteme, y en calles concretas, como Cano o Montevideo, a lo que se suma el ruido del tráfico nocturno, que afecta al 30 % de los habitantes.

No solo se trata de combatir el ruido del ocio nocturno, también supermercados o gimnasios

No solo se trata de combatir el ruido relacionado con el ocio nocturno, sino de controlar también que se ajusta a la legalidad el que emiten otras actividades, como gimnasios, supermercados, aparatos de aire acondicionado, extractores o talleres, refirió García. «Tienen que actuar rápidamente y si hay una denuncia, atenderla, inspeccionar. Lo que no puede ser es que se deje pasar hasta un año para que un técnico municipal realice una inspección», aseveró.

La letrada aclaró que está abierta ha abordar este asunto con cualquier grupo político, de ahí que haya hecho extensible su oferta a los que sustentan el gobierno municipal, que no participaron en este encuentro, al que sí acudieron, además del PP, CC y el edil no adscrito José Guerra.

Desde el PP, Sabroso instó al Ayuntamiento a que «se tome en serio» el problema de ruido que existe en la ciudad y que afecta «gravemente» a la salud de muchos vecinos, una situación que, a su juicio, ha ido a peor en los últimos años por una falta de gestión municipal, que debe orientarse para «redirigir el ocio nocturno hacia zonas» donde no moleste y evitar que se expulse esta actividad de la zona portuaria.

David Suárez, de CC, manifestó que este problema responde al «descontrol» con el que ha funcionado el Ayuntamiento, lo que ha derivado en una «estigmatización» de la hostelería y el ocio nocturno que puede acabar con esta actividad «dinamizadora».

José Guerra, edil no adscrito, explicó que en la moción que presentará este viernes en el próximo pleno municipal preguntará por "la nueva postura del Ayuntamiento" a la hora de establecer "que la Policía Local no tiene competencias sobre ruido".

"La Fiscalía de Medio Ambiente, con la que me he reunido, estaría encantada de formar a los policías para que puedan perseguir también los delitos contra el medio ambiente porque una acción continuada de ruido" puede convertirse en este tipo de ilícito, ha aseverado.

Guerra ha advertido de que el Consistorio puede pasar de tener problemas en el ámbito contencioso-administrativo a tenerlos en el penal por "omitir su deber de perseguir el ruido".

Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo del Consistorio, Javier Doreste, aseguró a Efe que el Ayuntamiento desarrolla un estudio para detectar el origen del ruido ambiental del que se quejan los vecinos del entorno de Isla de Cuba, Plaza de los Betancores y Joaquín Costa, cuyas conclusiones servirán para actuar contra los locales o terrazas que incumplan la ley.

El edil recalcó que "la gente tiene derecho a estar en la calle" y también "el deber de respetar el descanso de los demás", por lo que hizo un llamamiento al respeto a la convivencia por parte de todos los ciudadanos, ya que, a su juicio, lo que no se puede pretender es que la Policía "vuelva a estar en la calle para impedir el derecho de reunión".

Doreste admitió que la Policía Local carece de personal, pero negó que entre sus competencias no esté la de exigir el cumplimiento de las normas que regulan los niveles de ruido permitidos.

El concejal de Urbanismo indicó que no pudo asistir a la charla que ofreció este miércoles Juristas contra el Ruido en las oficinas municipales por tener otros compromisos en Casa África y ha destacado que la institución municipal ha encargado un mapa del ruido, tanto del tráfico como del industrial, que se genera en la ciudad.