Frenar la ruina de la Avenida Marítima que, según advierten los técnicos municipales, corre riesgo de desplome, entre el hospital Insular y la Guardia Civil, si no se actúa de manera urgente. Ese es el objetivo que busca el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario Sebastián Franquis con la reunión a la que ha convocado el próximo miércoles a su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste.
El responsable regional pretende acordar una actuación «coordinada y consensuada que garantice la seguridad y estabilidad de esta importante infraestructura viaria, superando las discrepancias sobre las competencias de cada administración en ese tramo de la Avenida, señaló a través de un comunicado.
Franquis ha respondido de esta manera la carta enviada por el Ayuntamiento capitalino en la que le envía un informe sobre el grave deterioro de la escollera y le pide, como titular de la autovia, que obligue al Cabildo a llevar a cabo de manera urgente la obra de una defensa costera que proteja el paseo y la plataforma de la GC-1 del efecto del oleaje.
De momento, el enfrentamiento entre ambas administraciones a cuenta de la obra se mantiene porque desde el Cabildo se reafirmaron en lo manifestado hace un año, cuando señalaron que la institución insular no es competente para hacer la obra de la escollera. Fuentes de Obras Públicas indicaron que «los técnicos aseguran que la competencia exclusiva del Cabildo es el mantenimiento y conservación de la carretera, que no se ha visto afectada ni está en riesgo ahora mismo, ni ahora ni dentro de seis meses».
Según las fuentes, «los técnicos están analizando la situación a raíz de las informaciones que han llegado y en este momento no hay daño estructural en la carretera».
Al respecto, insistieron en lo manifestado por el Cabildo en 2021, tras la apertura de un agujero en el paseo, cuando señalaron que es Costas la administración competente en el arreglo de la escollera.
Costas, por su parte, aseguró, cuando era director general de la demarcación Rafael López Orive, que la competencia de hacer una nueva escollera le corresponde o al titular de la obra, que es el Gobierno canario, o al Cabildo de Gran Canaria, al que la Comunidad Autónoma le ha transferido la gestión del mantenimiento y conservación de la GC-1.
Un año después, las administraciones continúan pasándose la pelota y el deterioro de la escollera y la plataforma del paseo se acelera.
Lo único que se ha hecho fue la intervención de emergencia que realizó el Ayuntamiento el pasado mes de marzo para taponar un socavón y varios huecos, después de que los técnicos municipales advirtieron que había riesgo de hundimiento del paseo y de la GC-1.
Un riesgo que persiste, avisan, mientras no se refuerce la escollera. A juicio de Franquis, el riesgo de desplome del que hablan lo técnicos municipales «requiere la máxima coordinación y aportar soluciones para un problema que es muy importante, en base a esos informes técnicos, y queremos, entre todas las administraciones públicas, dar respuesta y buscar una solución definitiva a las dificultades y los problemas de estructura que pueda tener la Avenida Marítima». Franquis ha trasladado la «necesidad inaplazable» de abordar el problema y consensuar las soluciones.
PP y CC piden una actuación urgente
La portavoz del Partido Popular, Pepa Luzardo, ha pedido que se afronte una actuación «urgentísima» que elimine cualquier posibilidad de hundimiento de la principal vía de entrada a la ciudad.
«Ya habrá tiempo de discutir quien lo paga o quien fue el responsable de que se llegara a esta situación, pero que ahora se priorice en exclusiva en la solución», indica la portavoz popular, quien recuerda que -tal y como establecen los técnicos- el hueco generado bajo la Avenida Marítima está afectando ya a la zona de tránsito de vehículos.
Por su parte, el viceportavoz de Coalición Canaria, David Suárez, reclamó al alcalde Augusto Hidalgo y al concejal de Urbanismo Javier Doreste que se deje de «chapuzas» y de «tirar balones fuera” instando al Cabildo a intervenir, cuando un informe de Urbanismo reconoció en marzo que esa infraestructura es responsabilidad del Ayuntamiento»
