La prolongación de la plaza pública de los Derechos Humanos, en la capital grancanaria, cumple veinte años tomada por decenas de vehículos de empleados del Gobierno canario, que aparcan en la zona, pese a su carácter de espacio peatonal, con la autorización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La ocupación del espacio peatonal ha recibido las críticas de los vecinos y de los empleados públicos, que aseguran además que los párquines subterráneos de Usos Múltiples I y II están «infrautilizados». Lo que ocurre en la plaza contrasta con el discurso municipal que habla de la necesidad de darle prioridad al peatón frente al vehículo, por no hablar de la situación de privilegio de la que disfrutan los que no tienen que pagar frente al resto de empleados que tienen que pagar la zona azul o buscarse una plaza de pago en un garaje de la zona. O coger el transporte público.
El aparcamiento gratuito sólo para unos pocos está situado justo en el pasillo que hay a la izquierda, paradojas de la vida, de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, entre el Centro Insular de Deportes y los edificios de Usos Múltiples I y II. La cantidad de vehículos que aparcan en la zona es tan considerable que los coches han tomado el callejón situado detrás del edificio de Usos Múltiples II y ya avanzan en hilera por la trasera del colegio Iberia.
Cerca de cien vehículos diarios aparcan en la plaza y a veces el rebumbio que se forma es tan grande que los peatones tienen que andarse con ojo para no ser atropellados por un coche, en plena maniobra de marcha atrás. Por no hablar de los continuos zig zags que debe realizar el paseante para esquivar a los vehículos aparcados de cualquier manera en el primer hueco que encuentran. En ocasiones, cuando a los vehículos autorizados se suman los camiones y furgones de reparto y más de una persona que aprovecha el descontrol para dejar su coche, apenas queda un estrecho pasillo por donde caminar, porque aparcan hasta en segunda fila.
Sólo en los fines de semana la plaza recupera su esencia de espacio peatonal, cuando se pueden contemplar los efectos secundarios en el pavimento de tanto tráfico. La presencia constante de vehículos ha destrozado las baldosas, que fueron diseñadas para peatones no para el tránsito motorizado, que además ha dejado su rastro en forma de numerosos lamparones de grasa. Uno de los dos bancos que se colocaron en su día para que la gente descansara ha desaparecido, se supone, que para dejar hueco a los coches. En su lugar sólo queda la huella del hueco de cemento en el piso. Las maniobras para aparcar han destrozado los báculos de las farolas y los extremos del único banco que ha sobrevivido, en el que los estudiantes de un colegio cercano acuden durante el recreo a tomarse el tentempié de media mañana, una tarea que no siempre es fácil, porque han de esquivar la omnipresencia del motor.
La ocupación de la plaza se inició en 2002 por los vehículos oficiales de la Policía Nacional de la antigua comisaría de Usos Múltiples, junto a algunos otros del Gobierno canario, justo desde que se comenzó a construir el aparcamiento de la calle Venegas. En 2006, el entonces concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Paulino Montesdeoca, aseguró que el Ayuntamiento le había dado tres meses al Gobierno canario para desalojar la plaza de Venegas. Montesdeoca habló entonces de aparcamientos indebidos y anunció que se iba a dirigir a los organismos oficiales para que liberaran el espacio. «Antes de fin de año», aseguró entonces, «queremos que esa situación se corrija, puesto que ya existen aparcamientos subterráneos suficientes donde albergar todos esos coches».
La situación nunca se corrigió y no solo no se enmendó sino que se ha desmadrado. Todos los vehículos aparcados -salvo algunos que se cuelan- aparecen con un cartelito en el parabrisas en el que se lee que están autorizados por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno canario a estacionar en el «aparcamiento exterior». Los trabajadores autorizados pertenecen, entre otros departamentos, a la Dirección General de Protección del Menor, Instituto Canario de la Vivienda, Relaciones con la Administración de Justicia, Viceconsejería de Diversidad, Consejería de Derechos Sociales e Igualdad y Dirección General de Planificación Territorial y Transición Ecológica. El pasado lunes había hasta un coche de la Policía Local de Gáldar. El actual concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, reconoció que el Ayuntamiento «tuvo que actuar durante el covid para ordenarlo, tras las quejas de varios vecinos y algún trabajador del Gobierno canario. Hablamos con ellos en esa labor de mediación y ordenamos aquello». Íñiguez añadió que Seguridad se limita a «ejecutar los que dice Tráfico, que es el que da los permisos», un departamento que depende de la Concejalía de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez.
El Reglamento General de Circulación prohibe estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. Un experto en Tráfico que prefiere no dar su nombre señala al respecto que se trata de «un aparcamiento ilegal, porque por las aceras no se puede ir en coche. En este caso, lo puede permitir la Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento, pero iría en contra del Reglamento General de Circulación y del texto refundido de la Ley de Tráfico y, sobre todo, porque las aceras son para los peatones, no para los vehículos. Ni siquiera las patinetas puedan circular por las aceras».
