«El panorama ahora lo vemos negro», así de contundente se mostró este lunes Daniel Ojeda, representante de USPB; Víctor Monzón, de CCOO, se pronunció en términos similares, «diálogo y no denuncias». La querella municipal contra nueve agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) ha enturbiado la relación entre los sindicatos y el Ayuntamiento capitalino. Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, apuntó en el Cemelpa que «el planteamiento que hemos hecho desde el principio es vamos a hablar de mejoras del servicio y no de personas».
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó la semana pasada una querella contra nueve agentes del cuerpo por haber cometido presuntamente delitos de coacciones, calumnias e injurias por publicidad y daños en bienes de dominio público. El escrito, que salió a la luz el mismo día que los bomberos se manifestaron en la plaza de Santa Ana, relata una serie de hechos de manera cronológica sucedidos a lo largo de los últimos dos meses y medio. Los mayores incidentes se habrían producido en julio, cuando los cuarteles amanecieron con pintadas y rociaron con químicos material de trabajo.
«Teniendo en cuenta que nos han denunciado estimamos que el conflicto no se va a resolver tan fácilmente», señaló Ojeda, «en vista que nos quieren llevar ante el juzgado nos vamos a poner serios y contundentes, no nos van a amedrentar». Según este, entre los denunciados están varios de los dirigentes sindicales. «Las condiciones de trabajo no se manejan así», añadió el representante en Bomberos de USPB.
«Por ahora no nos han convocado a los bomberos, esta semana hay una mesa de agentes de movilidad, pero si lo hacen iremos, aunque no nos parezca justo lo que han hecho», precisó Ojeda, «no es la manera, es algo que no entendemos por parte de un partido de izquierdas». Además, el representante de USPB resaltó que «ninguno de los sindicatos estamos de acuerdo con los actos vandálicos que se han producido en las últimas semanas».
En estos mismos términos se manifestó este lunes Víctor Monzón, de CCOO, «condenamos las pintadas». «Estamos a favor del diálogo, pero esta denuncia nos parece que está fuera de lugar», señaló; Monzón entiende que el problema puede ahora «enquistarse», puesto que «el colectivo ahora va a estar más enfadado». El delegado de Comisiones precisó además que desde el Consistorio en estos años han sido «todo palabras de lo vamos a arreglar, pero luego no han cumplido».
Mesa de negociación
Íñiguez, por su parte, puntualizó que en la mesa de negociación que, afirmó, tendrán esta semana hablarán «del servicio, no de personas ni de los delitos que se han cometido». En cuanto a la querella, el edil expuso que «se cometieron una serie de hechos vandálicos que podían constituir en delito y el Ayuntamiento tiene que actuar protegiendo a las personas que estaban siendo víctimas de ese supuesto acoso».
«A partir de ahí en las mesas de negociaciones de lo que hay que hacer es hablar de mejoras para el servicio», precisó Íñiguez. Según el edil, el Ayuntamiento capitalino tiene en marcha una serie de inversiones. «Hemos comprado Epis [equipos de protección integral] por un millón de euros y tenemos obras por más de un millón de las que hemos ejecutado casi 400.000», detalló, «vamos a ver en las reuniones qué otras prioridades tiene el cuerpo y cómo podemos mejorar».
El concejal comentó que desde el Ayuntamiento han propuesto dotar al cuerpo de un reglamento «que permita saber a todos los miembros con qué reglas se juegan, es algo que en 150 años de historia no habían tenido».
El conflicto de bomberos comenzó cuando los agentes dejaron de hacer horas extra, a finales de mayo, con el objetivo de «visibilizar» las carencias del servicio. Y es que el Seis de la capital grancanaria ha quedado mermado por las jubilaciones y la falta de oposiciones. Según los sindicatos, a la falta de personal, habría que añadirle la antigüedad de parte del vestuario, la nulidad en la que se encuentran los contratos; y añaden, «problemas de organización». Es este último punto el que el Ayuntamiento ha rechazado tratar en las mesas de trabajo, al entender que no se ajusta a derecho.
Muchas de estas reivindicaciones los bomberos las han visibilizado a través de un Comité de lucha, un órgano que el Ayuntamiento no reconoce de manera oficial al haberse «autoproclamado», según apuntan en el escrito de la querella, al no haberse formado por los cauces legales con los que se inicia un conflicto laboral entre las partes.
No obstante, está previsto que en septiembre se incorporen al cuerpo 31 nuevos agentes que ahora están terminando su etapa de formación; además a prinicipios del año próximo está previsto que se inicie la preparación de otros 30 pertenecientes a una bolsa de interinos. El Ayuntamiento, por otro lado, en julio anunció la compra de nuevos epis.
