La lucha política que ha atascado desde hace cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió ayer a estar presente en la apertura del año judicial 2022-2023. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, lamentó que esta situación haya ocasionado que cuatro órganos claves para las Islas no tengan presidente, lo que ocasiona retrasos en la actividad judicial. Lorenzo pidió que "las fuerzas políticas, con lealtad y con altura de miras, alcancen cuanto antes un acuerdo para renovar el Consejo General y para adoptar un modelo de elección de los vocales de procedencia judicial con arreglo a los estándares europeos".
El magistrado se refería a las dos salas provinciales de lo Social del TSJC, la sede de Las Palmas de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que se encuentran sin presidentes. Esto deja a la Sala de Gobierno con solo tres de los siete miembros que la componen. La falta de sustitutos, y no solo en el TSJC, ha empeorado a lo largo del año hasta el doble que en el pasado ejercicio.
El número de procedimientos pendientes en Canarias aumentó un 1,7% en 2021
Durante el acto, al que asistió una amplia representación de la vida política, los portavoces de los operadores jurídicos hicieron una reflexión y balance sobre el pasado año judicial, extrajeron conclusiones y realizaron peticiones a las autoridades presentes, que escuchaban en la primera fila de la sala de vistas del TSJC en el Palacio de Justicia. Acudieron el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente del Parlamento, Gustavo Matos; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, entre otras personalidades militares, civiles y eclesiásticas.
Lorenzo se dirigió a los políticos para reclamar un "refuerzo de funcionarios y de letrados, y que las plantillas se estabilicen con funcionarios titulares". Aunque el presidente del TSJC solicitó un incremento de plazas, también informó de que prevé que la planta judicial en Canarias se pueda completar este año con seis nuevos puestos de magistrado, una para cada una de las dos audiencias provinciales y cuatro para San Bartolomé de Tirajana.
El pasado año se incrementaron en un 55% los procesos por desahucio en el Archipiélago
La inestable situación económica a raíz de la crisis ocasionada por la Covid-19 también fue protagonista de la sesión. Durante el acto se dio a conocer el incremento del 43% en el número de concursos de acreedores, del 30% en las ejecuciones hipotecarias y del 55% en los lanzamientos en procesos por desahucio. Lorenzo calificó estas cifras de "preocupantes" y añadió en cuanto a despidos, que aunque se redujo el número de demandas en casi un 10%, Canarias "sigue teniendo la tasa más alta de España, 374 por cada 100.000 habitantes".
Una justicia cercana
El presidente del TSJC destacó la negativa imagen de la ciudadanía sobre la independencia del poder judicial. El presidente puso sobre la mesa los datos de la última encuesta de la consultora GAD3 que reflejaban que el 71% de las personas abordadas consideraban que el Poder Judicial en España no es independiente del poder ejecutivo, es decir, de los intereses de los políticos. Estos datos contrastan fuertemente con otra encuesta encargada por el Consejo General a Metroscopia y realizada a los profesionales del ámbito judicial en la que el 99% de los jueces y magistrados manifestaron sentirse independientes para tomar las decisiones oportunas en sus funciones. Lorenzo aseguró que esta discordancia evidencia el "deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales". En este sentido, el presidente fue tajante, exigiendo como solución a esta problemática la necesidad de reclamar el "cumplimento de las reglas de juego" a través del respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento y la renovación del CGPJ. En cuanto a esta última cuestión manifestó su confianza en que "se imponga la sensatez".
«El Archipiélago necesita un refuerzo de funcionarios y de letrados y que las plantillas se estabilicen con titulares»
El comienzo del año judicial lo hace con la estela de unos servicios judiciales atascados. El colapso de trabajo que sufren los juzgados se debe a la falta de recursos, la alta litigiosidad del Archipiélago y por el parón en la actividad que provocó la pandemia. Lorenzo se refirió a esta situación al destacar el incremento en un 1,7% de los trámites pendientes aunque durante el pasado año resolvieron un 17% más que en el anterior. En total, en Canarias quedaron pendientes 158.052 litigios en 2021.
Uno de los factores más destacados fue la alta tasa de litigiosidad, la más elevada de España. Lorenzo mencionó el sufrimiento psicológico que padecen las personas que deben someterse a un proceso judicial más largo del que debería, con la incertidumbre que ello conlleva. En este sentido, como parte de los objetivos para este nuevo año se ha impuesto la necesidad de diversificar los cauces judiciales. Para evitar la acumulación de casos en los juzgados, Lorenzo propuso promover la cultura del acuerdo.
En materia de violencia machista destacó la propuesta realizada el pasado año de comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife y Arona, que ha sido aprobada por el Consejo y el Ministerio. Un proyecto que cobra especial relevancia ante el aumento del 0,9% de denuncias, sin estar incluidas aquellas por violencia vicaria.
«Quiero confiar que las fuerzas políticas alcancen cuanto antes un acuerdo para renovar el Consejo General y para adoptar un modelo de elección de los vocales de procedencia judicial»
Entre los objetivos también figura la necesidad de realizar un seguimiento a los órganos y partidos judiciales del territorio isleño con especial énfasis en aquellos que están colapsados como el de Granadilla de Abona y el de San Bartolomé de Tirajana. Además de contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico, una herramienta que pretenderá posibilitar el uso de nuevas tecnologías en los procesos judiciales. Por último, Lorenzo quiso agradecer los avances en el proyecto de la Ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife gracias al compromiso del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa de Cruz de Tenerife.
