El movimiento vecinal en el tardofranquismo fue clave para la modernización de la sociedad y la capital grancanaria. A mediados de los 50 España comenzaba a presenciar el éxodo rural que daría cabida a las zonas urbanas que hoy en día forman Las Palmas de Gran Canaria. Esta emigración a las ciudades produjo nuevas necesidades y realidades que irían buscando su cauce a través de la lucha vecinal.
En 1964 el régimen actualizó la legislación y creó la Ley de Asociaciones que dio paso a la formación de una multitud de formaciones asociativas. Fue el primer avance del comienzo de las asociaciones vecinales, sin embargo, aunque está apertura consiguiera cierto margen para que los vecinos consiguieran organizarse, aún seguían fuertemente controladas. Las nuevas entidades tenían que rendir cuentas de sus actuaciones, incluso les exigían comunicar con 72 horas de antelación la fecha y hora de todas sus sesiones generales. Antes de este cambio legislativo, la primera ley sobre la creación de asociaciones fue tras el fin de la Guerra Civil en 1941 creada con la necesidad de "encauzar" aquellas organizaciones que no fueran promovidas por el propio Movimiento y además eliminar la anterior, que databa de 1887 y era más liberal.
En estas fechas, el Gobierno revisaba los estatutos y reglamentos de todas las nuevas asociaciones y eran el gobernador civil o el jefe superior de la policía, los encargados de redactar un informe que aclaraba la idoneidad de aprobar la creación de la nueva formación, evitando el surgimiento de cualquier tipo de entidad con ideas contrarias o personas entre sus filas opuestas al franquismo. De esta inspección autoritaria quedaban exentas las asociaciones católicas y aquellas sujetas a la Legislación Sindical y a la disciplina de Falange Española Tradicionalista y la J.O.N.S.
Las iglesias fueron fundamentales como lugar de encuentro entre vecinos para impulsar la movilización
El último grupo de gobierno durante el franquismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue esencial para la creación de nuevas asociaciones de vecinos. Los aires ya olían a cambio y desde el Consistorio por parte del alcalde de la época, Fernando Ortiz Wiot, promovían la agrupación vecinal para mejorar la comunicación entre barrios y políticos. Los concejales necesitaban portavoces que conocieran de primera mano las necesidades de los recientes espacios urbanos en continuo crecimiento y expansión.
La apertura del régimen a la formación de nuevas asociaciones de vecinos también era un método para controlar la incipiente oposición antifranquista a través de la promoción de movimientos que pudieran ser controlados. Por aquellas fechas un polvorín de organizaciones, sobre todo en algunos barrios como el de Arenales, reclamaban la instauración de la democracia, sobre todo tras el asesinato del opositor Juan García Suárez (El Corredera) por garrote vil en 1959, un momento de inflexión para muchos ciudadanos grancanarios.
El historiador Pablo Socorro Arencibia expone esta idea en su libro Construyendo la ciudad futura. Movimientos urbanos en Las Palmas de Gran Canaria (1969-1987): "La Delegación Provincial de Familia estaba muy interesada en constituir asociaciones Cabeza de Familia en barrios donde se estaban organizando vecinos ajenos al Movimiento".
El primer precedente del asociacionismo fueron las asociaciones Cabeza de Familia, creadas por el propio régimen y constituidas por un grupo reducido de padres de familia, mujeres casadas y personas de relevancia en los barrios. En un principio era mucho más sencillo inscribir este tipo de organizaciones que una asociación vecinal, precisamente para favorecer que las entidades estuvieran adscritas al Movimiento. La transición de las asociaciones de Cabeza de Familia a asociaciones vecinales se produce en Las Palmas de Gran Canaria, en primer lugar, en el barrio de Piletas.
El último alcalde del franquismo, Fernando Ortiz Wiot, promovió la creación de asociaciones vecinales
En este cambio los jóvenes tuvieron un papel esencial, la juventud comenzó a organizarse desde los años sesenta ante la cada vez mayor apertura de las Islas al turismo y al comercio internacional que exportó un modelo de pensamiento más liberal. Fue el caso de la asociación Cabeza de Familia de La Isleta, convertida en una asociación vecinal gracias al movimiento de los más jóvenes, que en 1972 crearon una Asamblea de Jóvenes articulada desde las parroquias. También sucedió en Schamann, donde los jóvenes se organizaban en pandillas informales y en el Club Amistad, que se convirtió en un espacio para socializar entre la juventud y donde se produjo una politización antifranquista.
Urbanismo de urgencia
El descontrolado crecimiento de la capital provocó la rápida construcción de nuevas zonas urbanas para satisfacer la necesidad de vivienda de la nueva población. Los barrios de nueva formación eran habitados sin antes cubrir necesidades básicas como eran los centros educativos, farmacias, centros médicos, alcantarillado, comercios y más elementos que conforman la comunidad de una zona. Era trabajo de los vecinos construir el barrio y las asociaciones vecinales abanderaron esta lucha. Fue el caso de la asociación de vecinos de San Cristóbal, en una entrevista realizada por este periódico, en 1975, a su presidente, Nicolás Albarracín, pone de manifiesto las necesidades del reciente Polígono habitado por unas 7.500 personas. "No tiene un solo local comercial abierto, tiene párroco pero no iglesia y cuenta con una sola cabina de teléfono para las necesidades de una comunidad tan numerosa, cuya única ventaja es su cercanía al centro", refleja la entrevista.
La Provincia informó de la creación de una decena de asociaciones de vecinos durante 1975 en la ciudad aunque solo una estaba formalizada legalmente, la de los vecinos de Hoya Andrea, un barrio de autoconstrucción en el que 70 familias vivían en casas construidas clandestinamente. En esta zona sus habitantes vivían sin agua, luz, alcantarillado ni pavimento.
Las iglesias fueron espacios cruciales para la formación de las asociaciones vecinales en la última etapa del franquismo. Ante la expansión urbana que experimentó la ciudad y la emigración de población de las zonas agrarias hacia la ciudad, las iglesias se convirtieron en lugares de reunión esenciales de todo barrio. De esta forma, contribuyeron al asociacionismo vecinal de la capital gracias a su razón de punto de encuentro que fomentaba las relaciones sociales entre vecinos y además eran el único espacio exento de las represalias franquistas.
Los párrocos, conscientes de la realidad de los barrios, pusieron de su parte para que surgieran estos movimientos que conseguirían mejorar el entorno vital de sus feligreses, que en muchas ocasiones era muy precario. Las comisiones vecinales que se organizaban para planificar las fiesta de los barrios en torno a los días religiosos eran de especial relevancia al convertirse en espacios dedicados a debatir y plantear los problemas de los barrios para después informar al Ayuntamiento capitalino.
Las asociaciones consiguieron ganar luchas con anterioridad estancadas por el miedo de los vecinos de reclamar cualquier necesidad en la censura de la dictadura. Fue el caso de la situación irregular de Hoya Andrea, donde faltaban carreteras, comercios, alumbrado y la población vivía en la clandestinidad. El movimiento vecinal consiguió reclamar un proyecto para salvaguardar estas desigualdades y legalizar el barrio. Como este, hubieron muchos ejemplos que otorgaron a las asociaciones vecinales el privilegio de ser una de las primeras formaciones en reclamar exigencias dentro de la legalidad del régimen.
Las vecinas con voz
El papel de la mujer en los movimientos vecinales en el tardofranquismo fue una de las antesalas del despertar feminista de los ochenta. En un principio, durante los sesenta las principales asociaciones a las que podían acceder las mujeres eran las asociaciones de Amas de Casa que fueron formándose gracias a la Ley de Asociaciones de 1964. No fue hasta los setenta con el surgimiento de las asociaciones de vecinos propiamente dichas que las mujeres comenzaron a formar parte de estas esferas, sin embargo, su liderazgo no fue proporcional a su papel en los movimientos vecinales callejeros en los que participaron. Si por la mañana estaban encargadas de las tareas de la asociación, por la tarde debían cuidar de los hijos. La gran reivindicación de las asociaciones de Amas de Casa fue el coste de la cesta de la compra a causa de la crisis inflacionista que vivía la época. Como expone Pilar Domínguez Prats en Las mujeres, protagonistas olvidadas del movimiento vecinal de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito de las asociaciones vecinales mixtas, la asociación de Vecinos de La Isleta, creada en 1975, fue una de las más combativas y donde las mujeres adquirieron un papel más relevante. La lucha vecinal logró la primera guardería municipal de la ciudad, un éxito para la independencia laboral de las vecinas.
