La ciudad debe a Emalsa 31,5 millones en facturas y tasas que se remontan hasta ocho años atrás. El coordinador de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Ramón Balmaceda, dio cuenta este martes en la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, a petición del PP, de la situación financiera que existe actualmente entre el Consistorio y la Empresa Mixta de Aguas. Se trata de una cantidad reconocida por los tribunales y que corresponde a la suma de cuatro procedimientos judiciales de 2017 y 2018.
Durante su intervención, Balmaceda apuntó que se encuentran en trámite pagos por valor de 11,6 millones de euros. Una vez superen la fase de intervención para su fiscalización, estos deberán ir a pleno para su aprobación y posterior abono. Esta cuantía corresponde a tres de los cuatro procesos judiciales que el Ayuntamiento tiene pendientes con Emalsa y que se remontan a 2017.
Por un lado, la ciudad deberá abonar facturas por el servicio de saneamiento de mayo a noviembre de 2014 por un valor de 1,6 millones de euros; además del pago de otros recibos también de saneamiento por el periodo de diciembre de 2014 a julio de 2017, cuantía que en este caso asciende hasta los 2,85 millones.
Depósito de lodos
Existe un tercer procedimiento iniciado por los juzgados de lo Contencioso iniciado en 2017 y que adeuda al Consistorio 7,1 millones de euros. En este caso, los pagos corresponden a sobrecostes relacionados con la tasa por el depósito de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales en los complejos ambientales de la Isla. Se trata de un pago que el Ayuntamiento ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias para ver si está obligado a abonarla, dado que es una tasa que no está incluida en el contrato de Emalsa de 1993, puesto que por ese entonces el vertedero de Salto del Negro era de gestión municipal y no del Cabildo como ocurre en la actualidad.
El coordinador de Hacienda aclaró, además, que está «iniciándose» el trámite de intervención para los restantes 19,9 millones de euros, el mayor montante que el Consistorio debe en estos momentos a Emalsa. Los pagos corresponden en este caso a reclamaciones por actualización de la tasa de depuración y compensación a la compañía por el desequilibrio económico financiero generado por no atenderse las solicitudes de 2014. La empresa instó entonces al Consistorio capitalino a efectuar una actualización extraordinaria de dicha tasa.
La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, señaló durante la Comisión de Pleno que «cuando se intentó arreglar toda la situación con la compañía se nos interpuso una denuncia por parte de la oposición». La edila en este caso hacía referencia a una denuncia de 2017 interpuesta por Ciudadanos en la que acusaba al tripartito de prevaricar tras impulsar modificación de crédito para pagar a Emalsa. «Ahora intentamos que por todos los medios salga esto adelante», subrayó.
No obstante, Medina también hizo alusión a la paralización «por parte de intervención, que entiende que hay que volver a estudiar toda la documentación» para poder dar cumplimiento a las sentencias. En el caso de la tasa de lodos, indicó que esta no se recogía en el contrato de 1993 y que por tanto «se plantea si se debe abonar por parte del Ayuntamiento o de la compañía», de ahí que estén a la espera del dictamen del Consultivo. En este caso, se actuará en función del sentido del informe, tal y como indicó Balmaceda.
El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, destacó que «es muy preocupante la situación en la que nos encontramos». Este vaticinó que «seguramente» el montante que el Consistorio debe a Emalsa será más «porque a partir de ahora vendrán los intereses por derechos de demora». En este sentido, la concejala de Servicios Públicos precisó en su intervención que ya se han pagado más de ocho millones de euros en intereses.
El supuesto taller de Arenales
Los problemas de tráfico de drogas y de prostitución en el barrio de Arenales volvieron a ponerse sobre la mesa este martes con motivo de la dos comisiones de pleno que celebró el Ayuntamiento capitalino. El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, puso sobre la mesa el caso de dos locales en la calle Ángel Guimerá 36 y 38, los cuales cuentan con licencias de bar cafetería desde 1971 y de taller mecánico desde 1940, respectivamente. Según el edil existe un informe de la Policía Local del mes pasado en el que constatan que ya no existen esas actividades pero sin presenciar actividades de índole sexual, «cuando es algo que sabe todo el mundo». El titular de Urbanismo, Javier Doreste, instó a los vecinos a denunciar, «si lo hacen podremos actuar». La oposición también presentó una moción relevante a la seguridad en la zona, la cual decayó al no estar el edil de Seguridad, Josué Íñiguez, quien tendría que haber defendido la postura del tripartito. | A. V.
