La Intervención general del Ayuntamiento de la capital grancanaria ha rechazado de plano la pretensión del gobierno municipal de elevar a ocho años el futuro contrato de limpieza viaria manual y mecanizada, valorado en 138,4 millones de euros, al considerar que el coste de la inversión en maquinaria prevista no es un argumento de suficiente peso que permita saltarse la Ley de Contratos del Estado.
La normativa estatal establece un máximo de cinco años, incluyendo las prórrogas, para los contratos de prestación de servicios y suministros y sólo permite una excepción a esa regla cuando la amortización de la inversión tenga un coste relevante, una circunstancia que no se cumple ni de lejos según el órgano fiscalizador, que desmonta la justificación que plantea la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina.
El órgano de control advierte que la futura duración incumple la Ley de Contratos, que fija cinco años
El actual contrato, que se adjudicó a FCCpor 32 millones y un coste anual de 7,5 millones, está vencido desde hace más de cinco años. El nuevo, que además privatiza el servicio de limpieza manual de otros cuatro sectores de la ciudad que se añaden a los tres que ya estaban externalizados, contempla un coste anual de 17,3 millones.
En un breve y demoledor informe, la interventora adjunta Ana María Ortega concluye devolviendo el expediente al jefe de la unidad técnica del servicio municipal de Limpieza, Miguel Padrón, por los numerosos fallos de cálculo detectados en el estudio económico, al tiempo que pide que se haga una «corrección y revisión» completa del mismo.
En el pleno celebrado el pasado 29 de junio, en el que se aprobó ampliar el contrato a ocho años, Medina justificó el incremento por la necesidad de hacer una importante inversión en vehículos. Añadió que «la maquinaria no revierte en el Ayuntamiento sino en la empresa ganadora».
Sin embargo, la interventora echa por tierra dicha justificación cuando considera que los gastos de vehículos y de material auxiliar, «suponiendo que estuviera correcto» el cálculo, «que no es el caso», representa sólo el 12,37% del coste total.
«No se puede considerar» por tanto, advierte, «un coste relevante de la prestación, y por tanto no se ajusta» a la normativa estatal de contratos, que prohíbe taxativamente que duren más de cinco años, salvo que «lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su uso fuera antieconómico, siempre que la am-ortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio».
«Teniendo en cuenta», concluye, «que las amortizaciones sólo alcanzan el 12,37% de la prestación del servicio, no se puede considerar un coste relevante. La interventora empieza recriminando la ausencia de un informe «con la valoración sobre las repercusiones del contrato en el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera.
Cálculos erróneos
El órgano fiscalizador destroza el estudio económico con varios ejemplos en los que se demuestra que los cálculos realizados son erróneos.
Así llama la atención, por ejemplo, de que el precio de compra de una barredora compacta de sistema dual de cuatro metros cúbicos, varía si la amortización es a cinco o a ocho años y crece en este último caso.
Si la amortización anual es a cinco años, explica, el importe total es de 385.901,6 euros, pero si se amortiza en ocho años, el precio de compra se eleva a 494.770,72 euros.
Inmaculada Medina sostiene que se mantendrá el incremento previsto en el contrato y añade que se subsanarán los errores
Ocurre lo mismo con un camión polibrazo, cuyo importe es de 156.280,11 euros si se amortiza en cinco años y de 200.422,96 euros si la amortización es a ocho años. En este último caso, el precio aumenta en 44.142,06 euros.
O el camión grúa pluma caja abierta volquete más doble cabina y más toldo cuyo precio es de 123.268,7 o 158.107,68 euros, en función de si se amortiza en cinco o a ocho años, respectivamente.
Tras llamar la atención sobre los errores de cálculo del estudio económico sobre la amortización de la maquinaria, compuesta por un mínimo de 43 vehículos y 14 unidades de reserva, la interventora aclara que «el cálculo de la amortización se considera por la depreciación de los bienes y está regulada en tablas de coeficientes que se toman como referencia y no en función de la duración del contrato, salvo que la Administración opte por la reversión de los bienes amortizados».
Fuentes de la concejala Inmaculada Medina restaron importancia al informe de Intervención y señalaron que ello «no significa que se vaya a reducir la duración del contrato. De hecho, se aprobó la ampliación en el pleno» del pasado junio. En opinión de Servicios Públicos, los informes negativos son «una cuestión normal, que pasa con otros pliegos y se está trabajando para subsanar las cuestiones que se comentan en el informe».
El portavoz adjunto del PP Ángel Sabroso exige una rectificación tras el «varapalo legal» al «pelotazo que quiere dar el PSOE»
Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, destacó el «varapalo legal» al «pelotazo» que quiere dar el PSOE con el macro contrato de Limpieza, que quiere adjudicar «en el tiempo de descuento del mandato».
Tras anunciar que pedirá la nulidad del acuerdo del pleno de junio, Sabroso criticó que tras mantener de forma «totalmente irregular el actual contrato», vencido desde 2017, ahora «quiere privatizar más zonas de gestión directa de la ciudad hasta los 17,3 millones anuales por ocho años, tres más de lo permitido de forma ordinaria por la ley».
Coste de la mano de obra
El estudio económico tiene también errores en cuanto al coste de la mano de obra, que representa el 80% del total del contrato. Según el órgano de control es preciso revisar el cálculo del incremento, en un 2%, del coste de la mano de obra.
Tampoco se detallan, afirma, de forma pormenorizada los gastos de personal, mientras advierte que se desconococe la vigencia del convenio colectivo.
