«El Tribunal Supremo ha puesto a la Agencia Tributaria en su sitio, lo cual no es fácil porque es una administración muy poderosa y le ha dicho que tiene límites», ha destacado el abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Valencia, Juan Martín Queralt, cuya defensa logró que el alto tribunal dictara el 11 de marzo de 2021 su primera sentencia anulatoria de la revocación de licencias de taxis en Las Palmas de Gran Canaria.
El fallo, que sentó jurisprudencia, al establecer que la Agencia Tributaria no puede ceder los datos fiscales, salvo a las administraciones de justicia, ha originado una cascada de fallos judiciales en el mismo sentido, que ha propiciado hasta ahora la anulación de 29 revocaciones de licencia por parte del ayuntamiento capitalino.
El letrado valoró como muy positiva la sentencia, en primer lugar, porque «les devuelve su medio de vida a los taxistas que la perdieron» y, sobre todo, «porque es la primera vez en la que el Tribunal Supremo le dice a la Agencia Tributaria que también tiene que cumplir la ley» y que no puede ceder a otra administración unos datos fiscales, al amparo del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, para imponer una sanción. En este caso, la Agencia Tributaria cedió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria datos tributarios que formaban parte de una investigación a una red de floteros y taxistas que habían cedido sus licencias, lo que le sirvió al consistorio para demostrar la explotación irregular de las paradas de taxis. El Supremo ni siquiera cuestiona si la sanción que impuso el Ayuntamiento es correcta o no, se limita a considerar que la cesión irregular de los datos invalida las sanciones y las revocaciones de licencia, por parte de la administración municipal.
Dicho artículo establece que dichos datos no deben ser cedidos a otras administraciones salvo para ser utilizados para fines tributarios.
«Los datos que tiene la Agencia Tributaria son confidenciales y sólo se pueden ceder a los tribunales y en determinadas circunstancias. En un estado de derecho no se puede permitir la cesión de esos datos», subrayó Martín Queralt, quien defendió a los taxistas ante el Suprermo con la colaboración de Tomás Cano y por encargo del letrado Ricardo Rodríguez Martinón que llevó sus casos en los órganos judiciales canarios.
«Esta sentencia es importante porque ha sentado jurisprudencia y ha tenido mucha repercusión especialmente en momentos en los que la Agencia Tributaria es muy rígida y muy despiadada», sostuvo. "En un estado de derechos hay límites, incluso para la propia Agencia Tributaria, que a veces se cree que es todopoderosa. A la Agencia Tributaria le viene bien de vez en cuando una dosis de humildad. Para mí hay dos palabras que son fundamentales : libertada y humildad. Hay que ser libre y dejar a la gente que sea libre y, por encima de todo, hay que ser humilde, porque hoy estamos arriba y mañana nos da un ictus y se acabó la historia".
Recordó que el Supremo sólo admite recursos de casación en aquellos casos en los el Supremo no ha dicho nada o se han producido resoluciones contradictorias. A su juicio, lo que ha ocurrido con la cesión de los datos tributarios es que "ha habido una persona en la Agencia Tributaria y otra en el ayuntamiento que han hecho lo que no debían. Desde el ayuntamiento han pedido algo que no podían pedir y el de la Agencia Tributaria ha dado algo que no podía dar".
