La presencia casi permanente de un grupo conflictivo de personas aparentemente sin techo, que lleva acampando y pernoctando durante los últimos tres meses en el barrio de Las Chumberas, ha acabado provocando que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria eleve el caso de uno de ellos a la Fiscalía.
Desde finales de agosto, residentes de hasta tres comunidades de vecinos del entorno del parque Chona Madera denuncian la presencia de entre cinco y seis personas que, a pesar de las numerosas intervenciones de la Policía Local y el Servicio Municipal de Limpieza, siempre acaban por regresar a la zona, acumulando todo tipo de enseres, muebles y basura, y generando una alta conflictividad vecinal.
Alteración del orden público
Este grupo de personas se ha acomodado en la zona frente al número 169 de la calle Mariucha, en los bajos del edificio Albéniz y en los parterres de las viviendas anexas al parque Chona Madera. Tal y como explica un representante vecinal del barrio, estos ciudadanos hacen sus necesidades y llevan a cabo actos sexuales en plena calle, además de provocar altercados, muchas veces a altas horas de la madrugada.
Según confirman fuentes municipales, el consistorio está en contacto con los vecinos y tiene identificado el caso. Se han llevado a cabo intervenciones en cerca de una decena de ocasiones a través de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) y, en dos de ellas, han llegado a participar incluso agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA). A pesar de las repetidas actuaciones para desalojar y limpiar el área con hasta seis camiones de Limpieza, el problema no deja de regresar a esta zona de Las Chumberas, provocando un gran hartazgo en los vecinos, que tienen que soportar improperios y amenazas por parte de uno de los ocupantes, considerado el más conflictivo.
Desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha tratado de prestar ayuda a este último individuo pero, tras rechazar en repetidas ocasiones los recursos municipales ofrecidos y mostrar una actitud agresiva, el consistorio ha optado por trasladar su caso a la Fiscalía.
