El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inyectará 14,2 millones de euros al presupuesto municipal para pagar sentencias judiciales. El grueso corresponde a una resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a la ciudad a abonar a Emalsa 13,2 millones por el servicio de depuración de aguas. El resto corresponde a facturas pendientes por el mantenimiento de Vías y Obras y a una indemnización por el plan parcial de San Lázaro-La Palma.
Concretamente, el Ayuntamiento capitalino liberará este martes de los remanentes municipales 14.214.505,54 euros en el tercer pleno extraordinario celebrado en mes y medio. En los dos anteriores convocados de manera urgente, celebrados a mitad de octubre y comienzos de noviembre, el tripartito también inyectó pagos pendientes a Emalsa -2,85 y 1,63 millones correspondientes a intereses de demora por el servicio de saneamiento y reconocidos por sendas sentencias judiciales-.
Los 13.270.473,83 euros que en esta ocasión el Consistorio deberá pagar a Emalsa suponen buena parte de la deuda contraída entre la ciudad y la Empresa Mixta de Aguas. La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, reconoció el pasado mes de octubre en una comisión de pleno a petición del PP que el Consistorio estaba tramitando pagos por valor de 31,5 millones, correspondientes a cuatro sentencias judiciales, de las cuales se habrían resuelto en parte tres.
El pago supone buena parte de la deuda a Emalsa reconocida por el Ayuntamiento
Esta cantidad corresponde a tasas pendientes que el Ayuntamiento no ha abonado a Emalsa desde 2017. La compañía instó entonces al Consistorio a actualizar de manera extraordinaria la tasa de depuración. Dicha subida no se produjo y el problema se ha prolongado en adelante, por lo que la parte privada de la empresa mixta de aguas -la ciudad tiene el 34% de las acciones- inició un procedimiento judicial con el fin de solicitar una compensación por la deuda contraída.
El pago que prevé abonar ahora el Consistorio corresponde así a una sentencia inicial del 19 de junio de 2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 6. Esta fue confirmada posteriormente por el TSJC el 13 de mayo de 2021 y declarada firme mediante Decreto el 30 de junio de 2021. La empresa solicitó una compensación por el desequilibrio económico provocado por no actualizar la tasa entre 2014 y 2017, pero esta parte la desestimaron los tribunales.
Esta sería la segunda sentencia judicial que el Consistorio resuelve en noviembre para saldar su deuda con Emalsa. De los 31,5 millones que Medina reconoció que estaban en tramitación o camino de iniciarse el proceso correspondiente la ciudad abonó en los anteriores plenos extraordinarios 4,5 millones, a los que habría que añadirles estos 13,2 millones. Quedaría así una deuda pendiente de 13,8 millones de euros.
Buena parte de esta deuda que quedaría pendiente corresponde a una cuarta sentencia judicial a favor de Emalsa. La resolución obliga al Consistorio a abonar 7,1 millones de euros por el sobrecoste generado en el tratamiento de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales en los complejos ambientales de Juan Grande y Salto del Negro, además de Zonzamas (Lanzarote) cuando este último estuvo cerrado.
Mantenimiento de calzadas e indemnización
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto liberar este martes otro millón de euros en base a dos sentencias judiciales. En este caso, el grueso corresponde a modificación de crédito de 698.344,71 euros que el Consistorio deberá abonar a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Ecocivil Electromur GE S. L. y Lumican S. A. antigua concesionaria por el mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de la capital.
El TSJC condenó al Consistorio en sentencia firme a abonar casi 700.000 euros, incluyendo intereses de demora, el pasado 29 de julio de 2022. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 ya se había pronunciado previamente a finales de 2021 a favor de la UTE. La cuantía corresponde a la revisión de precios solicitada por la adjudicataria del mantenimiento de Vías y Obras en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 15 de agosto de 2018.
La cuarta sentencia judicial que será resuelta de manera inicial este martes corresponde a una indemnización por el plan parcial de San Lázaro-La Palma, el cual está en fase de desarrollo. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC instó el pasado mes de enero al Consistorio a dar cumplimiento a un auto firme del 10 de noviembre de 2020. El documento fija la indemnización a una vecina particular en 795.687 euros.
El Consistorio aprobará este martes una ampliación de crédito de 245.687 euros. La diferencia con respecto al montante que deberán abonar al demandante se saldará con cargo al presupuesto de Urbanismo, al entender que no es una cantidad comprometida y entra dentro de lo asumible por el servicio.
