El grupo de gobierno y el PP se reprocharon este martes mutuamente la mala gestión de los pagos a Emalsa. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró con carácter urgente un pleno extraordinario para pagar una vez más a la Empresa Mixta de Aguas, en este caso 13,2 millones de euros por no actualizar la tasa de depuración desde 2017. El Consistorio ha desembolsado en las últimas cinco semanas 17,7 millones destinados a pagar sentencias judiciales por reclamaciones de la compañía e intereses de demora. La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, señaló a los populares que el conflicto del agua comenzó en el mandato de Juan José Cardona, al tiempo que el viceportavoz de estos, Ángel Sabroso, matizó que la sentencia que trataban en ese momento se limitaba a los años de gobierno de Augusto Hidalgo.
El Ayuntamiento aprobó este martes inyectar en el presupuesto 14,37 millones de euros procedentes de los remanentes municipales. El grueso corresponde a 13,27 millones que deberán ser abonados a Emalsa en base a una sentencia dictada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 30 de junio de 2021. La Sala de lo Contencioso Administrativo condenó al Consistorio a desembolsar dicha cantidad por no actualizar la tasa de depuración durante los ejercicios presupuestarios de 2017 a 2021. Esta cifra supone buena parte de la deuda reconocida entre la ciudad y la compañía, que asciende a 31,5 millones, según expuso la propia Medina el pasado octubre, y de los que ya se han pagado en el último mes otros 4,5 millones.
Desequilibrio económico
La tasa de depuración, que cada abonado a Emalsa paga en su recibo del agua, ha tenido dos actualizaciones en las últimas décadas, una en 2004 y otra en 2009. En la última el importe creció en función del IPC de 0,15 euros a 0,27 por metro cuadrado. La compañía solicitó otra en 2016 y, ante la ausencia de respuesta, decidió recurrir a los tribunales. En ese momento reclamó, además, una compensación por el desequilibrio económico generado por no aplicarse este incremento desde 2014. Los juzgados, en este caso, desestimaron esta parte y solo reconocieron el derecho a cobrar el montante de 2017 en adelante.
Las otras dos sentencias ejecutadas en las últimas cinco semanas -este ha sido el tercer pleno extraordinario desde mitad de octubre- corresponden a intereses de demora por la devolución de facturas del servicio de saneamiento entre 2014 y 2017. Quedaría por resolver una cuarta sentencia que obliga al Consistorio a desembolsar 7,1 millones por la tasa de tratamientos de lodos en los parques ambientales de la Isla -en 2021 hubo una resolución similar-. Se trata de un concepto que no aparece en el contrato de 1993, puesto que el complejo de Salto del Negro era de titularidad municipal y no del Cabildo, entidad que reclama a la ciudad el pago por utilizar dichas instalaciones.
Medina señaló que durante los dos mandatos del tripartito han intentando «normalizar» las malas relaciones con Emalsa que comenzaron en el último gobierno de los populares. «En 2012, vino Cardona y dijo 'a Emalsa no se le paga el agua'. No actualizaron nada y la prueba es que la compañía pidió de 2014 en adelante», argumentó. «Lo que estamos pagando es todo lo que se judicializó con ustedes», puntualizó.
«Lluvia de millones»
Sabroso, por su parte, recalcó que los pagos que se trataron en el pleno de este martes se limitaban al periodo de 2017 en adelante, «todo es de su época». No obstante, indicó que les daba «igual el antes o el después, lo importante es parar la lluvia de millones». El edil tildó de «fracaso» la gestión del alcalde Augusto Hidalgo y le reprochó «no haber hecho nada con la gestión del agua y haberlo depositado todo en los juzgados». Además, cuestionó que el Consistorio no hubiera recurrido la sentencia al Supremo y sí «una de 3.000 euros en Joaquín Costa».
Medina acusó a los populares de «cinismo» por una situación que, según esta, fue heredada. «Aquí se generó una cultura, que era Emalsa nos roba y ahora han pasado a estar preocupados porque no se les ha pagado», ironizó la concejala. Sabroso, por su parte, recordó que todavía falta por pagar los intereses de demora de esta sentencia y la parte correspondiente a 2022. Según el popular, de haberse actualizado la tasa a cada abonado le habría costado entorno a 1,5 euros frente a los más de 13 millones que pagará el Ayuntamiento ahora.
El portavoz de CC, Francis Candil, reprochó las acusaciones mutuas, «a mí este rollo de echarse la culpa unos a otros me importa poco». «Hay una auténtica situación de hemorragia, algo que no se debería permitir por ningún grupo», puntualizó. El edil, que ironizó por la ausencia de obras del plan de modernización hidráulica, invitó al Ayuntamiento a «revisar la relación con Emalsa, habrá que llegar a algún tipo de acuerdo», con el objetivo de desjudicializar la situación. La concejala no adscrita Beatriz Correas, por su parte, puso en cuestión la «cantidad de juicios» que pierde el Consistorio.
