El Gobierno no autorizará los vertidos del emisario sin las obras necesarias

El Gobierno de Canarias ha subrayado que los vertidos de aguas residuales que se lanzan al mar sin un adecuado tratamiento por el emisario submarino del Teatro no se van a autorizar de «ninguna manera» hasta que el ayuntamiento de la capital grancanaria realice las obras necesarias para que los líquidos arrojados «cumplan con todas las condiciones de salubridad y de seguridad» que requiere la normativa.

Tras pagar una sanción de 30.000 euros, la primera impuesta por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), el ayuntamiento se expone ahora a una denuncia por la vía penal.

La concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina ha valorado en 58,8 millones las obras que hay que hacer para que se autorice de nuevo el vertido de aguas residuales por el emisario y su departamento ha pedido una autorización provisional para verter mientras se realizan las obras, algo que ha rechazado de plano la Apmun, que inició el expediente sancionador en 2017, hace ya cuatro años. 

  Dicho expediente concluyó en diciembre de 2021 con la imposición de una sanción de 30.000 euros por mantener unos vertidos para los que carece de autorización desde 2014 y no haber efectuado las obras que garanticen que las aguas lanzadas al mar han sido sometidas a un tratamiento secundario.

  El viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez Hernández, manifestó el pasado 30 de noviembre en una comparecencia en comisión parlamentaria, que el procedimiento abierto por la agencia no se puede paralizar y que el siguiente paso será la interposición de una denuncia por la vía penal. El responsable de Transición Ecológica respondió a una pregunta realizada por la diputada de Coalición Canaria (CC), Beatriz Calzada, quien solicitó que le aclarara si la agencia ha dado ya traslado a la denuncia por la vía penal.

La vía sigue abierta

Pérez Hernández aseguró no tener conocimiento de que se haya hecho efectiva ya la denuncia, pero añadió que «esa vía sigue adelante, porque no se puede paralizar un procedimiento de estas características porque así el instructor del procedimiento lo ha remarcado y el director de la agencia», Ángel Fariña, «lo tiene clarísimo».

«Si finaliza la vía contenciosa», añadió, «se inicia el traslado a la otra vía porque el vertido se sigue produciendo. No tiene autorización de vertido ni se le va a dar hasta que no se cumplimente de manera adecuada el procedimiento administrativo que se tiene que realizar para que este cumpla con todas las condiciones de salubridad y seguridad que todos los vertidos que se realizan en Canarias deben tener». 

Añadió que el caso de la capital es muy parecido al del polígono industrial de Güimar, en Tenerife, y admitió que «el vertido se tiene que seguir produciendo», porque «generaríamos un problema si cortáramos de raíz» el lanzamiento de las aguas residuales. 

«El ayuntamiento», explicó, «ha iniciado, junto al Consejo Insular de Aguas, todos los procedimientos administrativos para regularizar la situación, pero eso no paraliza la otra vía del traslado a la administración de justicia por incumplimiento de la normativa comunitaria, de las leyes y reglamentos canarios, en cuanto a los vertidos ilegales al mar». «Tenemos el compromiso del ayuntamiento de realizar todo el procedimiento para regularizar la situación lo antes posible», sostuvo Pérez Hernández.

La diputada Beatriz Calzada reclamó una acción más contundente por parte del Gobierno contra estos vertidos que dañan el medio ambiente, a lo que el viceconsejero contestó: «El ayuntamiento está intentando solucionar, por todos los medios, este grave problema», aunque reconoció «el grave deterioro que está produciendo al medio marino los vertidos no tratados adecuadamente».

Correcto tratamiento

El ayuntamiento anunció en 2017 -cuando la agencia inició el expediente sancionador a la ciudad por lanzar a diario una media de siete millones de litros diarios de aguas residuales sin un adecuado tratamiento de depuración- que era preciso realizar una inversión de 13 millones para realizar un correcto tratamiento de los vertidos. Sin embargo, sólo se llevó a cabo el arreglo del emisario, una de las obras que tendría que haber abordado la ciudad para resolver el problema.

Cuatro años después, Medina indicó en el pleno del pasado mes de mayo que la eliminación del problema pasa por invertir 58,8 millones de euros, una cantidad en la que además del listado de obras necesarias incluyó la construcción de una nueva depuradora en el Puerto de La Luz.

Entre las obras que ya se sabía desde 2017 que había que hacer para garantizar un vertido adecuado y que ni siquiera han salido a concurso figura la ampliación y mejora de la impulsión a la depuradora de Barranco Seco desde la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EDAR) del Teatro, la instalación de un tratamiento terciario en la depuradora de Tamaraceite, la impulsión de aguas residuales desde Lady Harimaguada a la depuradora de Barranco Seco, una estación de bombeo en San José y la construcción de tanques de tormenta en las estaciones de bombeo de Lady Harimaguada y San José.

Todas estas obras, incluidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras Hidráulicas, «no solamente las tenemos localizadas, sino presupuestadas», sostuvo Medina, quien añadió que «no son obras para hacer en tres meses» y en cuya financiación, aclaró, deben participar varias administraciones a través de convenios.

Añadió que los vertidos «no generan ningún daño al medio ambiente ni a la salud. Es verdad que se superan las horas de vertido, pero no generan ningún daño». En palabras de la concejala, la puesta en marcha de la depuradora de Tamaraceite ha «disminuido los caudales de aguas residuales que llegan a la estación de bombeo del Teatro». Fuentes de la edila Medina explicaron hace unas semanas que ya se ha solicitado autorización al Gobierno canario para realizar actuaciones en saneamiento y depuración por un importe de 16 millones. Subrayaron que no es cierto lo afirmado por el director general de Ordenación del Territorio y Aguas Víctor Navarro Delgado, quien sostuvo en octubre pasado en una carta remitida a la diputada Beatriz Calzada que el ayuntamiento no había planteado la ejecución de ninguna obra. En concreto, indicó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "no ha solicitado al departamento la realización de ninguna actuación o convenio en materia de saneamiento o depuración, «ni se ha realizado ningún tipo de inversión desde este centro directivo desde 2019» en el municipio.  Desde el consistorio indicaron al respecto que en este momento hay una obra en marcha, ejecutada por el propio Gobierno, por un importe de 14 millones, que consiste en la ampliación y remodelación de la depuradora de Barranco Seco.

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