López y Larraz afirman que no son culpables de los fallos millonarios en La Esfinge

José Daniel López y Miguel Ángel Larraz, responsables en la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) de la dirección de las obras para ampliar el dique de La Esfinge, afirman que no causaron los errores en la segunda fase de esos trabajos. Esos fallos han motivado que la APLP compense con cuatro millones a las constructoras, las cuales han ganado el pleito civil por los sobrecostes y los cambios del proyecto original.

La actuación de esos dos técnicos y de Salvador Capella, autor del proyecto que dio lugar a los errores, fue cuestionada por un juez de lo penal, pero López y Larraz creen que las críticas del magistrado no les afectan porque van dirigidas contra otros miembros del organismo público.

Los errores en La Esfinge le cuestan a la Autoridad Portuaria cuatro millones

«En cuanto al elemento objetivo del tipo, al momento de integrar el elemento cognitivo desde la perspectiva del funcionario, en modo alguno, se puede afear nada a D. José Daniel López López y D. Miguel Ángel Larraz Sierra», explica el juez en uno de los razonamientos del auto. A ese pasaje aluden López y Larraz para rechazar que el magistrado critique con dureza la actuación de ambos, tal y como publicó LA PROVINCIA / DLP.

«Otra cosa es», añade el magistrado en el siguiente párrafo, «que por todos los intervinientes en la ejecución del proyecto Dique La Esfinge (2 Fase), dependientes de una entidad de derecho público como es la Autoridad Portuaria, se haya procedido con la diligencia debida en defensa de los intereses públicos encomendados».

Añade el juez que la «malversación imprudente» no existe en España, razón por la cual «la más que deficiente gestión, administración y ejecución de la obra Dique La Esfinge (2 Fase), en la actuación de todos y cada uno de los intervinientes en su diversas fases, orillando el interés público y desconociendo los más elementales principios de coordinación, buena fe y confianza legítima, no puede ser objeto reproche penal».

López y Larraz tampoco están conformes con que se aclare que las irregularidades se produjeron en la época de Javier Sánchez Simón, hecho público y notorio aunque no lo diga el auto; o que la APLP no sale mal parada, cuando las empresas reclamaban casi 10 millones y han sido condenadas a pagar cuatro.