VIVIENDA

Más de 1.900 familias desahuciadas en lo que va de año en Canarias

El Sindicato de Inquilinas reclama un límite a los alquileres y expropiar las casas abandonadas desde hace más de dos años

Desahucio de una familia en Almatriche en 2012.

Desahucio de una familia en Almatriche en 2012. / ADOLFO MARRERO

Entre enero y septiembre de este año fueron desahuciadas 1.910 familias en toda Canaria, según los datos de lanzamientos Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan según advierte el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria que la comunidad vive en estos momentos una situación de emergencia habitacional. 

En todo el año 2021, el número de lanzamientos judiciales ascendió a 2.763. Los últimos datos de desahucios en la capital, corresponden al periodo comprendido entre 2013 y 2020, durante el cual fueron expulsadas de sus viviendas 4.103 familias, lo que arroja una media de más de 500 personas al año, según refleja el Diagnóstico municipal sobre las características socioeconómicas y demográficas de los hogares y viviendas de Las Palmas de Gran Canaria, realizado en 2021.

José Cardona, portavoz del sindicato, resaltó que los lanzamientos registrados en Canarias en el segundo semestre de este año (720) reflejan que Canarias es la comunidad con la tasa más alta de todo el Estado y plantea la necesidad de declarar, primero que nada, la situación de emergencia habitacional en el archipiélago, limitar el precio de los alquileres y expropiar todas las casas que hayan estado abandonadas durante más de dos años para dedicarlas a alquiler social. A su juicio, «es una barbaridad» construir más viviendas sociales habiendo miles de casas vacías que llevan abandonadas muchísimo tiempo.

Otro factor que en su opinión está encareciendo los alquileres, hasta alcanzar una media de 997 euros al mes, son las viviendas turísticas, por lo que plantea su restricción en las zonas residenciales. «Según el Banco de España, el precio del alquiler no puede representar más del 35% de los ingresos de las familias y eso no se cumple en Canarias, algo especialmente grave en una región con los índices más altos de desigualdad, donde la pobreza severa afecta casi al 20% de la población».

Según Cardona la escalada de los precios del alquiler en la capital está incrementando también los precios en los municipios de la zona metropolitana, como Arucas o Telde e incluso en el Sureste.

«El problema de la vivienda en la capital tiene un efecto dominó en el resto de los municipios que la rodean y en el conjunto de la isla, en los que también está subiendo el alquiler muchísimo», sostiene.

El sindicato plantea la necesidad de hacer, como en Barcelona, un estudio para averiguar a quien pertenecen los inmuebles que están vacíos y también los que se alquilan. «Es importante denunciar la falta de transparencia en torno a quien tiene la propiedad, porque muchos inmuebles, tanto los vacíos como los que se alquilan, están en manos de fondos buitre y grandes propietarios», subraya.

Cardona reclama también que las viviendas públicas en régimen especial de alquiler permanezcan con esta fórmula de manera vitalicia y no se contemple la posibilidad de que los adjudicatarios accedan a la propiedad a los diez años de adquirir dicha condición, como ocurre ahora.

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