El Gobierno debe a la capital 10,67 millones por el IBI de las casas sociales

El Gobierno canario debe al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 10,677 millones de euros por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas en régimen especial de alquiler, también conocidas como casas sociales.

El abono de la contribución le corresponde al Instituto Canario de la Vivienda, como titular de gran parte del parque de viviendas sociales de la capital grancanaria.

La cifra la dio a conocer el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, en el pleno del pasado viernes y se suma a los ocho millones que la Comunidad Autónoma adeuda a la ciudad por el IBI de los edificios administrativos. Entre una cosa y otra, la deuda total del IBI del Gobierno canario con la ciudad asciende en estos momentos a 18,677 millones.

El cobro del tributo más potente del municipio supera las cantidades percibidas en 2018

Fuentes de la Coordinación General de Economía y Hacienda indicaron que el ayuntamiento reclama hasta varias veces al año el pago de la deuda, para evitar que esta prescriba a los cuatro años, como ocurría en el pasado en múltiples ocasiones pero las reclamaciones no siempre surten efecto a la hora de pagar.

Las fuentes aseguraron que con el Gobierno canario «se lleva a cabo el mismo procedimiento que con cualquier otro contribuyente», al tiempo que aclararon que «la deuda no prescribe a los cuatro años porque el ayuntamiento trabaja» para evitarlo. 

Así, subrayaron, «la prescripción se interrumpe continuamente notificando al Gobierno canario las obligaciones pendientes varias veces al año».

Son «varias» las anualidades de IBI que tiene sin pagar el ejecutivo, según informaron desde el ayuntamiento aunque no aclararon hasta qué año se remonta la deuda. «Cada anualidad, el Gobierno canario subsana algunas obligaciones pendientes, pero otras no», señalaron.

Morosidad

Por regla general, el ayuntamiento sólo consigue cobrar de manera regular el Impuesto de Bienes Inmuebles de las casas sociales cuando estos hogares pasan a ser propiedad de los adjudicatarios.

De hecho, el pago de la deuda pendiente es una condición que se exige a los nuevos titulares de la vivienda para conseguir las escrituras de propiedad. 

Según explicó Balmaseda en una reciente comisión de pleno, «la comunidad autónoma establece que los adquirientes» de las casas sociales «asuman la deuda tributaria que tiene cada uno de los inmuebles». También consideró que el ejecutivo regional tiene «un sistema de pago de las deudas tributarias bastante peculiar», dado que «cuando acaba el periodo del pago de impuestos, solicita un aplazamiento» y «en función de sus disponibilidades presupuestarias asumen o no el pago».

La recaudación de la contribución bate récords y supera los 90 millones de euros, más de lo previsto

La costumbre del Gobierno canario de no cumplir con sus obligaciones como contribuyente no es nueva. En 2012, el entonces concejal de Hacienda Agustín Gutiérrez cifró en 14 millones de euros la «deuda reconocida» por el Gobierno autónomo, de los cuales 13 millones correspondían al impago de las viviendas sociales. El incumplimiento del pago de la contribución contribuye a reducir la recaudación del ayuntamiento que utiliza este dinero para prestar los servicios a los ciudadanos.

Las Palmas de Gran Canaria batió el año pasado todo los récords en cuanto a recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles debido a la reactivación de la construcción y que la inmensa mayoría de los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Aumento

En concreto, a finales de diciembre se habían recaudado más de 90 millones de euros, superando incluso las previsiones del presupuesto de 2022, en el que se preveía percibir 89,22 millones.

La recaudación por la contribución superó el pasado ejercicio todas las cifras obtenidas durante los últimos cinco años. Con respecto a 2020, el año de la pandemia en el que se recaudaron 80,086 millones, el incremento registrado el pasado año superó los diez millones de euros. Si la comparación se hace con 2021, ejercicio en el que se recolectaron 88,185 millones en concepto de IBI, arroja un aumento de más de dos millones de euros.

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