Las medidas contra el ruido en Joaquín Costa enfrentan a vecinos y hosteleros

La decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de adelantar a las diez de la noche el cierre de las terrazas de la zona de Joaquín Costa ha sido recibida de forma contrapuesta por los vecinos y los empresarios del ocio.

Mientras los vecinos aplauden una resolución que en su opinión llega tarde y es insuficiente, los hosteleros advierten que las restricciones en el horario amenazan la supervivencia de los puestos de trabajo e incluso de los mismos negocios, que tendrán que cerrar. 

Los empresarios critican que se han enterado por la prensa de una medida que les ha cogido con el paso cambiado y piden al ayuntamiento que convoque una mesa en la que se puedan sentar todas las partes para llegar a un acuerdo y buscar alternativas.

Aún no les ha llegado la resolución de restricción de horarios, que se produce después de tres sentencias en menos de dos años que condenan al ayuntamiento por no controlar el ruido en la zona y le obligan a indemnizar a 11 vecinos afectados con 34.500 euros por los daños causados por la contaminación acústica. La indemnización es la misma para todos (3.000 euros), salvo para una de los denunciantes cuya enfermedad ha empeorado por la contaminación acústica y recibe 7.500 euros.

Ambas partes coinciden en una única cosa, aunque por distintos motivos: responsabilizan al ayuntamiento por mantenerse al margen y no controlar las escandaleras de los usuarios de los locales en la calle.

Alberto Álamo, portavoz de los vecinos afectados que han impulsado las denuncias, advierte que se está «demonizando» a los residentes por defender sus derechos y quiere dejar claro primero que nada: «Cuidado, que aquí las víctimas somos nosotros porque el empresario está sacando dinero a costa de la salud de los vecinos y no todo vale para crear empleo y economía. Yo entiendo que los empresarios defiendan sus intereses, pero yo lo que defiendo son mis derechos al descanso y a estar en mi casa tranquilo».

A su juicio, el ayuntamiento «ha tenido que recular, después de mirar para otro lado durante muchos años, debido a las sentencias y me imagino que por los resultados del estudio que ha realizado, que se podía haber ahorrado esos 14.000 euros que le ha costado, porque nosotros encargamos uno a ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que se constataba que el ruido triplicaba los decibelios permitidos en la ordenanza municipal».

«Los vecinos están encantados con esta decisión. El debate que hay que hacer es si el ocio es compatible con las zonas residenciales. Yo creo que nadie comparte lo que se vio la Noche de Reyes en Triana. Parece que con la excusa de generar economía podemos orinar en la calle, gritar y molestar a los que viven en la zona», sostiene Álamo quien admite que el ocio en las áreas residenciales puede existir «si está regulado y ordenado y con una hora límite de cierre a las diez de la noche. En una ciudad puede haber de todo, lo importante es que esté ordenando y regulado».

Los locales de Joaquín Costa, denuncia Álamo, «tampoco cumplen con los aforos en cuanto al número de mesas y sillas que establece la ordenanza. Lo que se forma en la calle es un botellón permitido. Lo tendría que controlar el ayuntamiento, pero no está por la labor, y tampoco hace cumplir su propia ordenanza». Está convencido de que el cambio de actitud del ayuntamiento se debe a las sentencias judiciales que están obligando a controlar el ruido en esta ciudad y otras como Madrid y Barcelona. En Madrid, por ejemplo, entró en vigor el pasado lunes la Zona de Protección Acústica Especial de Trafalgar-Río Rosas, tras años de denuncias de los vecinos afectados.

«Si el juez te da la razón por tercera vez será porque la tienes, no porque sea amigo tuyo», subraya, al tiempo que expresó su confianza en que el consistorio no recurra la última sentencia.

Cierre de locales

La posición de los empresarios del ocio es diametralmente opuesta aunque subrayan su voluntad de reunirse con los vecinos para buscar un punto de encuentro.

Esteban Araña, dueño de El Viajero, echa en falta que el concejal de Urbanismo Javier Doreste les haya convocado para anunciarles la restricción de horarios.

«Yo sé que el ayuntamiento se ve cogido de pies y manos y hay una sentencia judicial que le obliga a tomar medidas, pero queremos reunirnos con el concejal para buscar alternativas» al adelanto del cierre», sostiene.

Dicha resolución, añade, «no sólo afecta a los ingresos y a los puestos de trabajo, sino que habrá negocios que no podrán seguir abriendo porque el efecto no se reduce a esas dos horas de facturación. La gente de entrada no va a venir porque saben que a las diez se van a tener que ir. El alcance de esta medida es mayor que una simple restricción de horarios». Ni siquiera saben, se quejó, si afecta sólo a la calle Joaquín Costa o se extiende hasta la plazas de los Betancores y Emilio Zola.

Al respecto, plantean a Doreste que convoque una mesa con las tres partes. «Habrá unos mínimos en los que todos podamos coincidir, por ejemplo reducir media hora entre semana a cambio de no restringir tanto los fines de semana». apunta Araña, quien advierte que el adelanto del cierre en Joaquín Costa «sienta un precedente bastante peligroso porque todos lo bares tienen vecinos a los que les puede molestar y si esto se generaliza vamos a tener una ciudad con las terrazas cerradas a las diez de la noche».

Lo que plantean tanto Araña como Najwa William, propietaria del restaurante Allende, es un debate sobre el tipo de ciudad que queremos. «Igual queremos que sea una ciudad dormitorio o una ciudad turística , viva, con ocio, respetando pero creando unas reglas que no las cambien a mitad de la partida». «¿Qué queremos, una ciudad muerta a las diez de la noche?», pregunta William, quien asegura que «los vecinos ni siquiera se quejan del horario entre semana. Se quejan del ruido de los fines de semana con la gente que se queda fuera y eso no depende de los locales. Es la policía la que no ha hecho nada con este tema y al final nos ha caído a nosotros».

Añade que se están planteando recoger firmas entre los vecinos. «Sólo son cuatro o cinco vecinos los que se quejan. Hay un montón que estamos seguros que firman para que no se cierren las terrazas y que nos dan las gracias porque ahora se puede estar en la calle», dice.

Por su parte, la abogada Yomara García Viera, presidenta de Juristas contra el Ruido, que ha defendido a los vecinos de Vegueta y ganado varias sentencias, entre ellas la que obligó a sacar el Carnaval de Día del barrio histórico, resalta que «nuestra Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos establece que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal es preferente y jerarquicamente superior frente al derecho empresarial. No son derechos equiparables». En su opinión, «no es de recibo trasladar a las personas afectadas por los ruidos, después de años de sufrimiento luchando por sus derechos y por la aplicación de la ley, la presión y la responsabilidad de los efectos de los reiterados incumplimientos».

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