El Millares de la discordia

Un ejecutivo que recurre a un intermediario para vender un cuadro porque tiene los bienes embargados. El político que cuelga la obra en su despacho oficial de la capital grancanaria para exhibirla, y un empresario que compra el lienzo a un precio inferior a su valor en el mercado. La pieza es una arpillera de Manuel Millares que el vendedor, Rafael González Bravo de Laguna, trata de recuperar ahora en los tribunales al sentirse estafado en la operación por el intermediario, Javier Valcarce, entonces director del casino del Hotel Santa Catalina.

Ambos se conocen al menos desde 2014, cuando González Bravo de Laguna era gestor del Hotel Santa Catalina. A esa época se remontan los hechos, que la semana pasada llegaron a juicio en la Audiencia de Las Palmas, con la declaración como testigos de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y comprador del cuadro a través de la Fundación Ralons, así como del exministro Jerónimo Saavedra, que en ese momento era Diputado del Común y accede a colgar el lienzo en la sede institucional por su relación con Bravo de Laguna.

La sentencia, sin embargo, es desfavorable para los intereses de Rafael González, que reclamaba para Valcarce seis años de cárcel por apropiación indebida, una multa de 18 meses y la restitución de la obra o, en su defecto, una indemnización por el valor de tasación que se establezca en la vista oral. 

Ninguna de esas pretensiones, han sido ahora respaldadas por la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, que absuelve a Valcarce de la acusación formulada por el abogado de Bravo de Laguna, tal y como solicitaban el letrado defensor, Javier Guerra, y el representante del misterio público, Pedro Gimeno. La Fiscalía nunca vio indicios de delito o prueba de cargo suficiente para ir a juicio.

El fallo, que lleva fecha del pasado 16 de enero y está redactado por la magistrada Pilar Parejo como ponente, no eleva a la categoría de hechos probados toda la versión del acusado, pero sí le concede más veracidad que a toda la declaración de Bravo de Laguna, quien ha incurrido en «contradicciones importantes» desde que denunció lo hechos en la Brigada de Delitos Patrimoniales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Origen del caso

Rafael González Bravo de Laguna acude a comisaría el 22 de julio de 2016. Tras explicar a los agentes que conoce a Valcarce de su etapa en el Casino, les asegura que ahora es «marchante de arte» y por eso le propuso la venta del lienzo, una obra hecha en 1966 por Millares en técnica mixta sobre arpillera, con unas dimensiones de 33,5x41 centímetros y conocida como Sin título 02. Añade que el 3 de diciembre de 1990 compró la pieza por «cincuenta millones de las antiguas pesetas» (300.000 euros) a la Galería de Arte Juan Gris, en Madrid, obra que tenía expuesta en el despacho de Saavedra y cuya venta le había encargado a Valcarce.

A partir de aquí es cuando la cosa se empieza a enredar. El denunciante asegura que, sin mediar contrato o recibo de depósito alguno, Valcarce recogió el cuadro de la sede del Diputado del Común para enseñárselo a posibles compradores. A mediados de 2015 se encuentra en el Hotel Iberia con él y éste le dice que tiene un comprador, pero pasan los meses y Valcarce no responde a sus mensajes. Así hasta que en 2016 le hace una visita a Ramírez para conocer las nuevas oficinas de Seguridad Integral Canaria y se encuentra con el cuadro en su despacho.

Eso en comisaría porque luego, en el juzgado de instrucción, Bravo de Laguna matiza la versión dada a la policía, y agrega que accedió a la venta del cuadro solo si era por un buen precio, entre los 300.000 y los 350.000 euros, con una comisión para Valcarce del 5 % o el 6%.

Pero es que en el juicio vuelve a modificar su versión, esta vez de forma significativa, pues sostiene que no quería vender el cuadro, incluso niega que tuvieran los bienes embargados, e introduce en su relato que solo le había prestado 6.000 euros a Valcarce porque tenía un «apuro», extremos que la defensa echó a bajo con la testifical de Saavedra y la documentación de Hacienda, entre otros medios de prueba, los cuales evidencian que el acusado no maniobró a espaldas del denunciante para cerrar el negocio con Ramírez, sino que ambos iban de la mano, hasta el punto de ir a cobrar juntos los pagarés librados por Ralons para pagar la arpillera de Millares.

«Lo primero que llama la atención de este Tribunal», refuta la sentencia sobre ese cambio de versión, «es que el testigo consideraba al acusado como un conocido, a pesar de lo cual le presta 5.000 o 6.000 euros y aunque no se los devuelve, le permite que exhiba en una exposición un cuadro que según el testigo vale 300.000 euros y ello sin que le firme ningún tipo de recibo». 

Luego «mantiene que no tenía intención de vender el cuadro», continúa el fallo sobre la actuación de Bravo de Laguna, «lo que no coincide con lo que declaró en comisaría y tampoco con lo que declaró Saavedra». El exministro asegura que González le dijo que colgara el cuadro en su despacho «porque lo quería vender y por si alguien que lo viera estaba interesado».  

Los magistrados también aclaran que «en ningún momento ha quedado acreditado» la compra del cuadro en 1990 «por cincuenta millones de pesetas», pues resulta «increíble que 30 años después el cuadro haya sido tasado en 150.000 euros». 

Ese valor, que es justo la mitad de lo que «presuntamente» pagó Bravo de Laguna por la obra en Madrid, es el precio actual que un galerista y perito ha dado a la pieza durante el juicio.

Es más, los jueces cuestionan que no se hiciera una pericial sobre el valor que podría tener la obra en 2014. El galerista, en su declaración, aclaró que el cuadro «debería tener un valor inferior» en el momento de los hechos denunciados, pues entonces «se estaba saliendo de la crisis del año 2008 que redujo mucho la cotización de los artistas». 

Informe final

La acusación particular trató de salvar las contradicciones de su cliente en las conclusiones finales, con el argumento de que «no se discute que el denunciante le entregó el cuadro al acusado para que lo vendiera», pero el tribunal replica que el propio Bravo de Laguna es quien ha negado durante la vista oral esa evidencia. «No es solo que existan contradicciones importantes en las declaraciones del testigo sino que, además, se contradice con lo dicho por el testigo Jerónimo Saavedra, que declaró que fue González el que le pidió poner el cuadro en su despacho porque lo quería vender», señala el tribunal.

Es más. Saavedra no solo admitió que González Bravo de Laguna le había encargado la venta del cuadro a Valcarce, sino que compartió esa información con Héctor de Armas, entonces responsable de la fundación vinculada a Ramírez que adquirió la obra de arte. De Armas no asistió al juicio por un error en la citación por parte de la acusación particular.

El testimonio del exministro, por tanto, no solo ha sido clave para fundamentar que el acusado no se apropió de manera indebida del cuadro ni del dinero pagado por él, sino que arroja algo de luz a una historia con numerosos «intereses», en la que ninguno de los implicados revela del todo la verdad, según explican los magistrado en la resolución judicial.

Y es que esos intereses no se agotan en la sentencia penal, contra la cual cabe recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). También está pendiente de resolverse una demanda presentada por Bravo de Laguna para tratar de anular la compraventa y recuperar el Millares en la vía civil. Tiene, a su favor, una primera sentencia que le concede la razón, incluso obliga a Ramírez a devolverle el cuadro, pues entiende el magistrado de Primera Instancia número 16 que existió mala fe en la adquisición. 

El empresario, sin embargo, ha recurrido esa primera resolución ante la Audiencia de Las Palmas, que tiene parada la tramitación del recurso hasta que exista firmeza en la vía penal. 

En ese contexto, los hechos declarados probados en la jurisdicción penal parecen respaldar que no existió mala fe en su actuación, entre otros motivos porque Valcarce no le vendió la obra a espaldas de su verdadero propietario, Bravo de Laguna, sino con el consentimiento de éste.

Esos hechos probados encajan con las declaraciones de Saavedra y del propio acusado. Establecen los magistrados que, en fechas no concretadas del año 2014, «el acusado Javier Valcarce de Ponte recibió el encargo de Rafael González Bravo de Laguna de poner a la venta el cuadro de su propiedad, del pintor Manuel Millares que se identifica en la serie Arpillera sin título del año 1966 y de las medidas 33,5X41 cm, a un tercero». Valcarce, prosigue la sentencia, «vendió el mismo a la Fundación Ralons por 45.000 euros, que fueron abonados mediante talones y pagarés. No ha quedado acreditado que el acusado se quedará con la totalidad del precio del cuadro, ni que se negara a entregar el importe de los dos últimos pagarés, uno cobrado en el banco de Santander y el último a través de una transferencia que le hizo la Fundación Ralons, al presentar el acusado una denuncia de haber extraviado este pagaré por valor de 5.000 euros».

Hasta ahí lo queda probado en base a la prueba practicada, porque lo que ocurrió con esos pagarés y los motivos que sembraron la discordia entre los implicados es un misterio hasta para los jueces. El tribunal es consciente de que «gran parte de lo que cuenta» el acusado «no es cierto», pero aclara que «tampoco resulta descabellada su versión de los hechos», sobre todo «teniendo en cuenta las declaraciones cuanto menos contradictorias de los testigos de la acusación, especialmente del denunciante que se contradice incluso con lo que el mismo denunció». Valcarce, en ese sentido, siempre ha sostenido que Bravo de Laguna le encargó la negociación con la Fundación Ralons, limitándose a seguir las instrucciones que le daba el denunciante, entre ellas recoger el cuadro en la sede del Diputado del Común y llevarlo a Ralons. Se lo iban a pagar a él porque Bravo de Laguna no podía aparecer como vendedor por sus problemas con Hacienda. Le ofrecieron 80.000, pero una vez allí le dijeron que son 45.000 euros y que no pueden pagarlo en ese momento. Valcarce informa de lo que ocurre a Bravo de Laguna y éste le dice que no se preocupe, que están «entre amigos» y que Héctor de Armas le prepare el contrato a su nombre. 

Como los pagarés eran nominativos fueron los dos al Santander, donde trabaja un primo del denunciante, y sacaron 30.000 euros, quedando el resto pendiente porque eran de pago aplazado. Ese dinero, siempre según la versión de Valcarce, se lo queda íntegramente Bravo de Laguna, recibiendo él solo 1.000 euros. Con el segundo pagaré, de 5.000 euros, ocurre lo mismo, y, cuando van a cobrar el tercero, Valcarce sale por la puerta trasera de la sucursal que el Santander tiene en Franchy Roca: se marcha con los 5.000 euros porque no había cobrado nada de los honorarios pactados por ayudarlo con Hacienda, mientras que el cuarto pagaré lo extravía y Ralons le abona los 5.000 euros por transferencia. 

La Audiencia no se cree que esos honorarios fueran de 90.000 euros, pero sí ve factible que Bravo de Laguna aceptase vender el cuadro a través de un «testaferro» por 45.00 euros, todo ello debido a sus problemas de liquidez.

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