Las Palmas II, entre las prisiones más conflictivas del país con 13 agresiones

Las prisiones españolas registraron el año pasado un repunte de conflictos y ataques a funcionarios con respecto a 2016, el peor de la serie de los últimos años, según los sindicatos. Intentos de motín, ataques con cuchillo y drones introduciendo móviles son algunos de los problemas de centros penitenciarios como el de Las Palmas II, que se sitúa como la cuarta que más agresiones registró hasta octubre de 2022.

El penal de Juan Grande tiene el dudoso honor de ser el único del top 5 de la lista que no llega al millar de internos. Aun así, registró un total de 13 agresiones a funcionarios en los tres primeros trimestres de 2022. En 2016 se registraron 19 entre los dos penales grancanarios, pero el año pasado, solamente esta conflictiva prisión ya se puso en cifras similares.

El penal de la localidad de Juan Grande registró un intento de motín en marzo de 2022

El problema de esta prisión, cuentan desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), es «el hecho insular, con una naturaleza muy distinta a las cárceles de la península. Hay muchos internos que llegan y tienen el factor del desarraigo. Como también influye el de la inmigración. Son factores que acaban sumando para que se genere un clima de conflictividad».

En Juan Grande hubo un intento de motín el año pasado. Los hechos ocurrieron en marzo, cuando se ordenó el traslado de un interno de una galería de aislamiento a otra galería del mismo departamento. El preso no obedeció la orden de recogida de sus pertenencias y fue jaleado y secundado en su resistencia por otros internos de la misma galería, que comenzaron a golpear sus puertas, según explicaron desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Seguidamente, los internos rompieron los cristales de sus celdas y parte de los muros de separación. Se hicieron así con objetos que intentaron usar para agredir a los funcionarios. Finalmente, la asociación explicó que los funcionarios pudieron quitarles los objetos y trasladar a los internos, quienes no cesaron en sus insultos y amenazas, poniendo en peligro la integridad física y vida de los trabajadores.

Madrid V (Soto del Real).

El penal madrileño de Soto del Real, con 1.072 internos y 18 agresiones hasta octubre, es el que lidera esta lista. Se da la circunstancia de que se han denunciado los mismo incidentes de este tipo (18) que en 2016, el peor año de la serie de los últimos años. La problemática de esta prisión es que «se trata de un lugar de referencia para presos preventivos. Es una cárcel en la que se registra mucha movilidad y la población reclusa es mucho menos estable. Así, se hace mucho más difícil controlar a los internos más violentos; no sabes quienes son. El aislamiento, el ingreso y la enfermería son los departamentos en los que se producen más agresiones a funcionarios», aclaran desde ACAIP.

Tres mujeres detenidas por introducir sustancias estupefacientes en la cárcel de Juan Grande

Sevilla II (Morón de la Frontera).

De la cárcel de Morón se fugó el protagonista de la última huida del año pasado. Un reo magrebí que está condenado por narcotráfico y que formaba parte de uno de los paseos terapéuticos que se les permite a algunos de los presos por las afueras de la prisión. Sucedió el mes de mayo; aprovechó un descuido y se largó de una cárcel que, según cuentan desde los sindicatos, «adolece de muchos de los problemas que también tiene Las Palmas II, que es, por ejemplo, el desarraigo. La cantidad de presos que llegan de otras partes», cuentan a este periódico desde Acaip.

Como caso destacado, recordar que Instituciones Penitenciarias abrió una investigación en agosto para esclarecer un incidente acontecido en dicha prisión sevillana, después de que algunos internos actuasen contra la integridad física de otro reo que hubo de ser evacuado a un hospital. El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar aseguró a Efe que el afectado fue víctima de una «violación».

Un preso de Juan Grande intenta quemar su celda al prender fuego al colchón

Puerto III (Puerto de Santa María, Cádiz).

Esta prisión andaluza, con 1.254 internos y 15 agresiones, tiene un perfil de presos similar al del siguiente centro penitenciario de la lista, el de Botafuegos en la cercana Algeciras. Muchos de los condenados por narcotráfico en la provincia de Cádiz van a parar allí, por lo que las problemáticas son similares incluyendo el intento de introducir teléfonos móviles y sustancias prohibidas en la prisión por medio de drones pilotados desde fuera.

En Puerto III también se registró, recientemente, algo parecido a una revuelta entre presos que atacaron a funcionarios. Fue el pasado mes de noviembre, cuando un interno se resistió a ser encerrado en su celda para cumplir una sanción. El reo la emprendió a patadas y golpes contra los funcionarios, en una actuación que acabó con el jefe de servicio en el hospital con la cabeza suturada. El autor acabó en el módulo de aislamiento tras el incidente, igual que varios de sus compañeros, que se sumaron al altercado con amenazas.

En este penal, además, la tensión se vio incrementada por la decisión del centro penitenciario de suspender los vis a vis con sus familias a finales de 2021. Un brote de coronavirus fue el detonante, y el corte de las comunicaciones especiales se prolongó por espacio de varios meses, lo que derivó en manifestaciones y protestas de los familiares de los reos en el entorno de la prisión.

Botafuegos (Algeciras, Cádiz).

En la quinta posición hay tres penales con el mismo número de agresiones (11): Botafuegos, Teixeiro (Galicia) y Valencia. Esta última distorsiona, porque es la más grande (alberga a 1.600 presos); por pura estadística es más probable que se registren allí más agresiones. Pero aquí la que destaca por su singularidad es la de Algeciras, que es conocida como la ‘Cárcel del narco’ porque reúne a los traficantes más importantes de Campo de Gibraltar.

La naturaleza de estos presos hace que se registren algunos episodios como la introducción de drones desde el exterior por parte de personas de sus bandas criminales, que les surten así de droga o teléfonos móviles. En este penal se han denunciado 11 agresiones a funcionarios hasta el pasado 30 de septiembre. En 2016, el año con peores datos desde 2022, el número fue de 7.

Algeciras lidera, además, el ranking de teléfonos interceptados por funcionarios dentro de las instalaciones. Un total de 690 en los últimos 5 años. El móvil es el objeto con más demanda por parte de este tipo de presos, porque muchos de ellos son traficantes que quieren seguir manejando desde dentro los negocios de la droga que regentaban fuera. Este fue el penal en el que se le intervinieron 5 terminales telefónicos a un preso que salió de permiso y se los introdujo por vía rectal antes de volver a entrar.

Es el único centro con menos de mil internos entre los cinco primeros en conflictividad

Botafuegos también ha liderado el ranking de intentos de motín en prisiones españolas. El primero, el relatado al principio, tuvo lugar el 28 de septiembre. El segundo aconteció el 17 de octubre y la adhesión de los internos fue mayor que durante la primera tentativa. Todo empezó con una pelea entre dos presos. Cuando los funcionarios intervinieron, un pequeño grupo de internos peligrosos «con casi un centenar de expedientes disciplinarios, alentaron y arengan al resto de reclusos a iniciar un motín, los cuales les secundan», explicaron fuentes de Botafuegos. La revuelta fue sofocada, pero un funcionario resultó herido.

No obstante, las cifras generales engañan. Cuentan desde el sindicato que en total han sido 310 agresiones denunciadas en las cárceles de nuestro país, solamente en los tres primeros trimestres. En 2016 fueron 359, pero contabilizando todo el año. Las fuentes sindicales se quejan de la falta de efectivos de funcionarios en las prisiones, de la precaria formación y del «incremento de presos que han pasado del primer grado, el más severo de todos, al segundo grado». Este diario también se ha puesto en contacto con Instituciones Penitenciarias, desde donde han declinado hacer declaraciones hasta que se publiquen las cifras del cuarto trimestre.

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