Los taxistas exigen a Movilidad que proteja al sector para evitar más atracos

Autaxi GC reclama que conecte los GPS de los taxis con la unidad de control de la Policía Local

Un taxi en la capital grancanaria

Un taxi en la capital grancanaria / Andrés Cruz

La Asociación Unificada Taxi Gran Canaria (Autaxi GC) ha exigido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que despliegue de una vez las medidas de protección de los taxistas que contempla la ordenanza para evitar que se produzcan más atracos. En caso de que Movilidad no pongan en marcha dichas medidas, la asociación amenaza con emprender acciones contra la «inactividad» del Ayuntamiento.

El presidente de Autaxi GC, Ramón Almeida, atribuye los últimos atracos con violencia sufridos por varios taxistas a la «situación de indefensión total en la que nos encontramos ante hechos de este tipo, en el que no sólo corren peligro nuestros bienes, sino nuestra propia integridad física, e inclusive, nuestras vidas», debido a la «imposibilidad de solicitar ayuda de una manera inmediata y eficaz».

Por todo ello, la asociación ha remitido un escrito al concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, al que le exige «energicamente» que cumpla con su obligación y cumpla el artículo 21 de la Ordenanza del Taxi, que estableces las medidas que se deben tomar en relación con los sistemas de localización y otros elementos técnicos.

Dicho artículo señala que «los vehículos afectos al servicio» de taxi «dispondrán de equipos y elementos de posicionamiento global por satélite (GPS), con conexión a una central de radioteléfono o de alarmas, así como a la unidad de control y seguimiento que el Ayuntamiento cree a tal efecto (Cemelpa)».

La frecuencia de la actualización de la posición de los taxis hacia las centrales, continua el artículo, «deberá ser inferior a 10 segundos». El equipo deberá disponer además de «un pulsador de atraco o de pánico, que permita alertar de un incidente de forma silenciosa». El artículo concluye diciendo que «estos equipos y elementos deben respetar la homologación oportuna y las disposiciones de toda índole que les afecten».

Almeida subraya que «han pasado ya nueve años desde la entrada en vigor de dicha norma» y esta sigue sin cumplirse.