Tribunales

El Rolex de la alcaldesa Mª Isabel Déniz llega a juicio

La trama de Urbaser, con el multicondenado Dimas Martín y la regidora de Arrecife, cierra una década de corrupción en Lanzarote con el PIL como protagonista

El Rolex de la alcaldesa Mª Isabel Déniz llega a juicio

El Rolex de la alcaldesa Mª Isabel Déniz llega a juicio

Si no surgen contratiempos con los abogados, la Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar en abril la última gran trama corrupta de Lanzarote que sigue pendiente de juicio, la operación jable, con el PIL de Dimas Martín y de María Isabel Déniz, entonces alcaldesa de Arrecife, como principales protagonistas. Se trata de una pieza separada del caso unión en la que policías, jueces y fiscales han desarticulado una organización especializada en el cobro de sobornos, con la regidora como promotora de adjudicaciones de obras y de servicios a cambio de comisiones, viajes y regalos, entre otras ilegalidades por las que formula acusación la Fiscalía Anticorrupción, el propio Ayuntamiento y el colectivo Transparencia Urbanística.

La ristra de mordidas y de dádivas entre los años 2001 y 2002 apuntan, casi todas, a María Isabel Déniz y al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, al jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Rafael Arrocha, y al secretario municipal, Felipe Fernández Camero. Entre los cuatro, según las acusaciones, recibieron 46.674 euros de FCC por la obra del pabellón deportivo en Argana Alta, así como 757.000 euros en regalos y sobornos pagados en metálico por la empresa Tecmed, luego convertida en Urbaser SA, adjudicataria del servicio de recogida de basuras en Arrecife.

Los supuestos cabecillas de la «asociación ilícita» se enfrentan a penas que oscilan entre los 13 y los 19 años y medio de prisión, además de las correspondientes multas e inhabilitaciones, por delitos como asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios o revelación de secretos, según la participación en los hechos de cada uno de los procesados.

El resto de acusados, hasta llegar a los 17 originales de la Fiscalía Anticorrupción, se corresponden con técnicos municipales, familiares a título lucrativo de los sobornos, y empleados o directivos de las empresas implicadas, FCC y Urbaser. El delegado de esta última en Lanzarote, Jacinto Álvarez, fue clave para la investigación, pues confesó los sobornos, tras encontrar la UCO de la Guardia Civil una libreta con anotaciones de su puño y letra de las comisiones pagadas. Matías Curbelo, otro miembro histórico del PIL, también admitió los hechos, en su caso la financiación ilegal del partido político, pero ha quedado fuera del juicio al morir en 2018 y extinguirse su responsabilidad penal en lo ocurrido.

Los cuadernos y agendas con las comisiones y los regalos de Urbaser, además de constituir una de las principales pruebas de cargo en la vista oral, pasarán a la historia judicial de Canarias como símbolo de la corrupción que durante más de una década floreció en Lanzarote, siempre a la sombra del PIL. Déniz, según esas anotaciones, percibió, además de sobres con dinero en efectivo, un mueble salón de 1.202 euros, un bolso Loewe de 418 euros, un viaje a Kenia con escala en Madrid de 15.653, un reloj Rolex de 4.750 euros, dos entradas al Teatro Real para asistir a ópera Don Carlo de Verdi valoradas en 237 euros cada una, y hasta el pago de una empleada doméstica durante dos meses, entre otras componendas.

El Rolex, intervenido en los registros policiales es, quizá, el detalle que condensa la magnitud de la supuesta corrupción, pues el informe sobre el patrimonio de la alcaldesa entre 2000 y 2010 va más allá al revelar 400.000 euros sin justificar, con la compra de casas en Las Palmas de Gran Canaria, 18 coches y más viajes, entre ellos uno a Marruecos abonado por FCC al que fueron varios miembros de su familia más cercana, como su hermana Carolina, entonces directora general de Relaciones con la Administración de Justicia y magistrada de profesión. Luego llegó, incluso, a viceconsejera de Justicia, con CC al frente del Gobierno de Canarias. Al juicio deberá comparecer como testigo de ese viaje.

Y eso solo en relación a una de las acusadas del único gran caso de corrupción que, 14 años después de sus 17 detenciones, continúa pendiente de juicio, porque la corrupción en Lanzarote acumula ya una década de condenas con nombres y apellidos, incluido, todo hay que decirlo, alguna que otra sonada absolución, como la de la bodega Stratus, en la que el fiscal Ignacio Stampa no logró sus objetivos. Ahí va un resumen de los casos más conocidos.

‘Baño de los Dolores’.

El juicio se celebró en mayo de 2011. Acusó el fiscal Javier Ródenas, entonces decano de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, hoy delegado contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Dimas Martín, como presidente del Cabildo de Lanzarote, autorizó la excavación y desmonte de Los Dolores para construir unos baños, destruyendo una parte de la colada volcánica protegida. Fue condenado en marzo de 2012 por la Audiencia de Las Palmas por prevaricación, contra la ordenación del territorio y daños al patrimonio histórico, delitos por los que se le impuso dos años de prisión.

Hoteles ilegales (’operación yate’).

Entre 1998 y 2003, José Francisco Reyes, como alcalde de Yaiza, aprovechó que el urbanismo estaba bajo su control para amasar dinero. A cambio otorgó las licencias de siete hoteles, autorizando la construcción de más de 1.500 plazas turísticas en apenas tres días. La acusación pública, firmada por los fiscales Ródenas y Stampa, se saldó, tras una semana de juicio en la Audiencia de Las Palmas, con seis años de cárcel para Reyes por prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. También fueron condenados su mujer e hijos por el blanqueo, así como el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes. Ambos ingresaron en prisión y la sentencia declaró nulas todas las licencias.

Seis de las siete piezas del ‘caso Unión’ tienen condenas firmes frente a la que afecta a María Isabel Déniz, que será juzgada 14 años después de ser detenida

‘Caso unión’.

Es la mayor causa de corrupción política tramitada en Canarias, tanto por el número de actuaciones como de investigados. El sumario tiene más de 150.000 escuchas telefónicas y más de medio centenar de registros en domicilios e instituciones, así como grabaciones de particulares a concejales que les exigían comisiones. La macro causa fue dividida en siete piezas para hacerla manejable. Solo está pendiente de ir a juicio la trama de Urbaser, única que le fue asignada a la Fiscalía Anticorrupción, entonces con Luis del Río como delegado en Las Palmas. El resto de asuntos tiene sentencia condenatoria firme.

El viceconsejero de Justicia.

En esta pieza separada del caso unión, el exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez-Batllori, fue acusado por mediar en la consecución del tercer grado a favor de Dimas Martín, quien, desde prisión, influyó en los concejales de Arrecife José Miguel Rodríguez Sánchez y María Luisa Blanco Carballo, ambos del PIL, para que pagaran con dinero público las gestiones privadas de Martín. Para ello simularon la contratación de Batllori como asesor municipal externo. El Tribunal Supremo ratificó en abril de 2016 las condenas de todos por prevaricación, sentenciando también por malversación a Batllori y a Martín. Ambos fueron penados a dos años, nueve meses y quince días de prisión.

El chalé de Carlos Morales y la princesa Alexia de Grecia.

Esta investigación tuvo gran repercusión porque afectaba a la casa del arquitecto Carlos Morales y su mujer. El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, autorizó la construcción en contra de las normas urbanísticas. Su abogado pactó una sentencia de conformidad con Ródenas y fue condenado a seis meses de cárcel por prevaricación, más la nulidad de la licencia otorgada.

Proselan.

El fiscal Stampa acusó al empresario José Daniel Hernández Arráez; al jefe de la oficina técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y al interventor del Ayuntamiento, Carlos Francisco Sáenz Melero, por el pago con dinero público de trabajos inexistentes. La Audiencia de Las Palmas les condenó a todos en enero de 2016, sentencia que luego fue ratificada por el Supremo, con penas de cuatro años, seis meses y un día de prisión.

La radiografía judicial también deja sonadas absoluciones en Lanzarote, como las 15 de la bodega Stratus por la fallida acusación del fiscal Stampa

Los Rostros.

Otra pieza separada en la que Dimas Martín vuelve al banquillo, esta vez por construir una piscina en el paraje rústico de Los Rostros y ampliar de manera ilegal su vivienda. En noviembre de 2017 fue condenado por la Audiencia de Las Palmas a dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, con la demolición de la piscina y de la ampliación ilegal incluidas.

Intento de soborno a un consejero del Cabildo.

Es el origen del caso Unión, que arranca en Arrecife con las grabaciones hechas en la cafetería La Unión. De ahí el nombre de la causa, que fue investigada por la Unidad Central Operativa (UCO), una unidad de élite de la Guardia Civil, bajo la dirección del magistrado César Romero Pamparacuatro. Ródenas acusó al empresario Luis Lleó Khunel y a su intermediario Fernando Becerra Robaina por intentar sobornar a Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote. Ambos querían que Espino desbloquease la paralización de los terrenos de Costa Roja y ejerciese su influencia para cambiar la calificación urbanística del suelo. Lleó aceptó en octubre de 2019 un año y medio de cárcel por cohecho continuado, mientras que Becerra fue condenado a la pena de un año de prisión por el mismo delito, más las multas de 150.000 y 100.000 euros a cada uno.

Financiación ilegal del Partido Independientes de Lanzarote (PIL).

Es la pieza principal del caso Unión, con delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración y uso de información privilegiada, todos vinculados a la financiación irregular del PIL. Ródenas formuló acusación contra doce personas y pidió que se levantase la imputación de 22 al no apreciar pruebas para llevarlos a juicio. La vista oral se celebró en febrero y marzo de 2019 en la Audiencia de Las Palmas, con condenas para los 12 acusados por cobrar comisiones a cambio de adjudicar obras, tanto cargos públicos como empresarios. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Vielba, fue ratificada íntegramente por el Supremo en septiembre de 2022. Intervino como ponente el instructor del Proces Catalán, Pablo Llarena, confirmando la primera y única condena hasta la fecha en Canarias por asociación ilícita vinculada a la corrupción política. A la cabeza de los condenados, Dimas Martín, con siete años y cinco meses de prisión por cinco delitos, más multa de 219.000 euros.

Bodega Stratus.

Al margen del caso Unión también hubo juicios muy mediáticos, como la bodega Stratus, que se saldó con la absolución de los 15 acusados al no prosperar las conclusiones de Stampa. El fiscal llegó a solicitar hasta 15 años de prisión para el propietario de la bodega, Francisco Rosa, que fue absuelto y declarado inocente junto a los demás por la Audiencia de Las Palmas en diciembre de 2020.

Montelongo.

Es una de las piezas separadas del caso montecarlo, en la que Stampa formuló acusación contra 12 personas y solo logró la condena de dos, Carlos Sáenz Melero, interventor del Ayuntamiento de Arrecife, e Isabel Martinón López, concejala de Hacienda y militante del PIL. Ambos fueron inhabilitados por prevaricación administrativa al fraccionar el pago de facturas, pero absueltos de otros delitos más graves como malversación, por el que se reclamaban hasta seis años de cárcel. Entre los exculpados, el alcalde de Arrecife José Montelongo, del PSOE.

Minutas del letrado Fernández Camero.

El fiscal Ignacio Stampa también llevó a juicio al abogado Felipe Fernández Camero; a José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza; a Vicente Jesús Bartolomé Fuentes, secretario del Ayuntamiento, y a Antonio Fernández Martín, que era Interventor del mismo municipio. Se trata de una pieza desglosada de la causa de los hoteles ilegales, en la que el ministerio público acusa de malversación por el dinero que recibió Felipe Fernández Camero de los pleitos en los que defendía al Ayuntamiento de Yaiza. Se reclaman condenas de hasta seis años de prisión y el juicio se celebró el pasado mes de junio, pero la Audiencia de Las Palmas aún no ha dictado sentencia.

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