Los olvidados de El Risco

Una familia de San Nicolás obligada a dejar su casa por la construcción del anillo del Risco, esa obra interminable que aún sigue en el limbo, lleva más de cinco años esperando por la nueva casa que el ayuntamiento se comprometió a construir a cambio expropiar su hogar.

Urbanismo, que les ha pagado el alquiler durante cinco años, ve excesiva la indemnización que han decidido reclamar ahora, hartos de aguardar por una vivienda cuya obra se paró hace más de un año nada más empezar.

Hace más de 20 años arrancó la construcción del denominado anillo de San Nicolás, un acceso rodonal considerado prioritario para el barrio que permitiría conectar la parte alta del Risco y posibilitar el acceso de policías, bomberos y ambulancias en caso de emergencia.

Los vecinos lo llaman el anillo de nunca acabar y fue planeado en la época del exalcalde José Manuel Soria por la necesidad de romper el aislamiento de esa zona.

Durante la construcción del acceso -que ha sido inaugurado dos veces, una por cada tramo terminado, aunque sigue pendiente un tramo de la calle Nilo- fueron expulsados los vecinos cuyas viviendas obstaculizaban el paso de la carretera.  

Todos ellos fueron compensados a medida que se expropiaban sus casas, pero Mercedes Peña Martín y Bernardo Rodríguez Santana aún esperan a que el Ayuntamiento cumpla el convenio que firmaron hace cinco años.

Ellos pusieron como condición del convenio de expropiación el realojo en una casa en un solar del barrio, cerca de donde viven, que sería construida por el ayuntamiento, condiciones que fueron aceptadas en un acuerdo firmado en abril de 2018 por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Doreste.

 Pero los técnicos de su departamento se tomaron su tiempo para encontrar una parcela donde fabricar la casa y apenas iniciadas las obras, hace algo más de un año, se pararon tras descubrir que el solar no reúne condiciones por problemas de cimentación.

A Peña y Rodríguez, que aún esperan una explicación por las razones del parón de las obras, se les ha agotado la paciencia y han planteado a Urbanismo que les indemnicen con dinero porque están a punto de jubilarse y quieren disfrutar tranquilos de la que será su casa definitiva.

Durante estos últimos cinco años  han sido realojados en una vivienda de alquiler por la que el consistorio paga 600 euros al mes.

Okupas

Tanto tiempo ha pasado desde que abandonaron su antigua casa, que se vieron obligados a tapiarla tras un intento de ocupación, porque el Ayuntamiento, en lugar de actuar, se lavó las manos y les dijo que la responsabilidad civil era de ellos.

Unos vecinos avisaron a Mercedes a su trabajo, que se presentó rápidamente en el lugar, y se encontró con una familia intentando tomar la casa.

«Firmamos el convenio a cambio de la reubicación en una zona del barrio en un solar que los mismos técnicos de Urbanismo eligieron y todavía estamos a la espera de que al señor Doreste le resulte rentable terminar la casa», se queja Bernardo Rodríguez, quien está convencido de que el «maltrato y la falta de voluntad del Ayuntamiento para cumplir el convenio» no habría sido tal si en lugar de unos vecinos de San Nicolás hubiera sido de Ciudad Jardín, por ejemplo.

 Hartos de esperar por una casa que el consistorio no parece tener interés en construir, Peña y Rodríguez han pedido que les indemnicen con 200.000 euros, la misma cantidad que coincide con el presupuesto de construcción de la casa, pero los técnicos de Urbanismo les han dicho que sólo les pueden pagar «un justiprecio, cifrado en 140.000 euros». Si no son capaces de construir la casa, advierten, que «nos indemnicen por lo menos».

«Le he dicho a los técnicos que me regatean a mí porque soy del Risco de San Nicolás; si fuéramos de Ciudad Jardín, seguro que ya tendríamos la compensación. Ni siquiera hubiéramos tenido que hablar con ellos porque se habrían encargado sus abogados. Hace falta ser muy miserable para venir a regatearnos después de cinco años esperando a que cumplan su parte», se queja.

Peña añade que ella y su marido están a punto de jubilarse. «Empezamos esta historia con 30 años, ahora tenemos nietos. ¿Qué nos espera en nuestra jubilación?. Pagamos en su día la hipoteca de una casa en la que vivíamos contentos y ahora no tenemos nada. No es justo. Es verdad que nos están pagando el alquiler, pero necesitamos la garantía de una casa en propiedad. ¿Es que a nadie le duele el gasto de ese dinero público?».

 Y es que el proceso seguido por Urbanismo para cumplir el convenio de expropiación, además de eterno ha sido bastante accidentado, lo que a juicio de los afectados «sólo refleja la falta de voluntad de los responsables políticos» por resolver un problema que no figura entre sus prioridades.

El concejal Javier Doreste justificó el retraso -en una comparecencia el pasado 10 de enero en una comisión de pleno de Desarrollo Sostenible-, porque en el barrio «no había parcelas residenciales de titularidad municipal», algo que Peña y Rodríguez aseguran que «es totalmente falso», mientras señalan todos los solares que han sido liberados al paso del acceso rodonal.

«Al final», indicó Doreste, «se encontró una parcela, se firmó el convenio de realojo para que el ayuntamiento procediera a construir y nos encontramos con que la parcela estaba ocupada por el vecino colindante y hubo que desalojarlo. Después, cuando se hicieron las catas nos encontramos con que el suelo no estaba en las condiciones óptimas para construir la vivienda».

Problemas con un vecino

Según Mercedes Peña, la única explicación que les dio el ayuntamiento para justificar el retraso es que «había problemas con un vecino al que la obra dañó parte de su vivienda. Nuestro caso y el gran retraso que sufre la terminación del anillo sólo refleja que seguimos siendo los grandes olvidados de todas las corporaciones», da igual el color político de sus responsables.

En palabras de Rodríguez, la única concejala de Urbanismo que se preocupó por impulsar el cierre del anillo fue la popular María del Carmen Hernández Bento.

«Le dijeron los técnicos que el anillo no caminaba porque había problemas con los vecinos, que no querían ser expropiados. Así que vino aquí» en 2011 «y habló con nosotros le dije que la habían informado mal. Ella puso todo en marcha y reinició el expediente, con la mala suerte de que la llamaron de la Delegación del Gobierno y el que concejal que la sustituyó volvió a dejarlo todo en el olvido».

Mercedes Peña, que es también la presidenta de Amirisco, resalta, además de su problema, la necesidad que tiene el barrio de que el anillo se cierre de una vez. 

 Peña resalta que el cierre del anillo «es indispensable para iniciar el Plan Especial del Risco de San Nicolás. Está la necesidad de solucionar mi problema y además está la necesidad social de terminar este acceso, que es primordial para que todos los vehículos de emergencia puedan entrar en nuestro barrio, cuya población está envejeciendo y no pueden salir porque los accesos cada vez están peor».

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