La ciudad adquiere por 4,3 millones la última parcela de la playa de El Confital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adquirido la última parcela privada de la playa de El Confital por un valor de 4.325.000 euros. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 emitió un auto el pasado 4 de abril mediante el cual estima de manera parcial la demanda interpuesta por Confitalsa contra el Consistorio al no ejecutarse un convenio entre ambas partes firmado en 2004. La entidad financiera, propietaria original de los terrenos, solicitaba una indemnización de 42 millones en lugar de la cifra que ofertaba el municipio, que es la que finalmente han reconocido los tribunales.

El proceso para adquirir el suelo que conforma el paraje natural de El Confital se produjo durante los mandatos de José Manuel Soria y Pepa Luzardo en el Consistorio con la intención de reservarlo como espacio libre. En 2004, el Ayuntamiento y Confitalsa -Confital Internacional SA- firman un convenio mediante el cual la ciudad se hacía con unos terrenos de más de 430.000 metros cuadrados de los que quedaría pendiente una parcela de 50.000 a permutar. A cambio, el Consistorio tendría que haber cedido una superficie de titularidad municipal de 150.000 metros cuadrados.

El planeamiento vigente eliminó la posibilidad de hacer un hotel en el suelo frente a la playa

El acuerdo entre los dueños de los terrenos y el Ayuntamiento nunca se ejecutó. La ciudad tenía hasta 2008 para ofrecerles suelo tres veces más grandes que el original -en el que la ficha de la Cotmac de 2000 abría la posibilidad al uso hotelero- y en ese proceso se les puso sobre la mesa, ya bajo el mandato de Jerónimo Saavedra, una parcela de 35.000 metros cuadrados en Marzagán. El concejal de Urbanismo de entonces, Néstor Hernández, argumentó que el Consistorio carecía de un terreno de titularidad municipal y edificable de las dimensiones que estaban estipuladas.

Tras caducar el convenio, los propietarios iniciaron un proceso judicial mediante el cual reclamaban una indemnización superior a los 44 millones de euros, a modo de compensación por no recibir los terrenos urbanizables que tendrían que haber sido permutados de manera gratuita. En 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estableció que el Ayuntamiento debería devolver la parcela o fijar una indemnización en una suma al valor que tenía antes de la firma del acuerdo. El ex alcalde Cardona valoró el suelo en 1,5 millones, cifra muy inferior a la que reclamaban los dueños. 

Suelo rústico con protección paisajística

El Contencioso Administrativo emitió un auto en diciembre de 2016 que, en ese momento, cerraba a la puerta a una indemnización al entender que el Ayuntamiento ya había devuelto los terrenos. Por ese entonces, el planeamiento aprobado en 2012 ya había eliminado la posibilidad de urbanizar El Confital y blindó su uso como suelo rústico con protección paisajística, por lo que retiraba el uso hotelero previsto para la parcela que está frente a la playa. Esta última es precisamente la que está en discordia y, a día de hoy, es la única que ha seguido en manos privadas dentro de este espacio natural.

La capital se ahorra 38 millones en la expropiación de un terreno de 50.000 metros cuadrados

La empresa recurrió dicha resolución y devolvió la causa al Contencioso Administrativo. En el nuevo auto emitido la semana pasada, la magistrada Esperanza Ramírez Eugenio apunta que no pueden admitir la pericial aportada por Confitalsa, que fijaba la cantidad con la que debía indemnizarles en 42.626.778 euros. Según el documento, el perito «hace una ficción» y considera «que el valor de los 50.000 metros cuadrados cuya posesión fue cedida al Ayuntamiento, es el mismo que el que tendrían los 150.000 metros cuadrados edificables».

La magistrada indica que este argumento sería valido «si estuviéramos hablando de daños por las ganancias dejadas de percibir», pero esto no podía ser puesto que es imposible devolver la parcela en la misma situación urbanística de 2004 -al haber un cambio de usos y eliminarse la posibilidad de hacer un hotel- y que esto «nada tiene que ver» con los terrenos que se negociaron «que estaban sujetos a la ejecución del convenio y no a su cumplimiento».

Así, la jueza fija la indemnización en 4.325.000 euros al considerar que la valoración que ha hecho la administración se ajusta a otra resolución judicial de 2020 que imposibilitaba la devolución de los terrenos. Según el último auto, Geursa ha tenido en cuenta el aprovechamiento hotelero del suelo antes del cambio de ordenación, aunque también ha estimado el menor valor de la zona afectada por la ley de Costas. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha mostrado su «satisfacción» puesto que la resolución permite ahorrarle a la ciudad casi 38 millones de euros. Contra este auto cabe recurso.

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