Los ingenieros de caminos denuncian intrusismo en los proyectos del Puerto de Las Palmas

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sigue con su cruzada para defender la competencia de sus titulados en la elaboración y ejecución de los grandes proyectos de obra pública. El pulso en esta ocasión se lo echan a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), organismo al que acusan de intrusismo por nombrar a una ingeniera técnica topógrafa responsable de Infraestructuras. Aseguran que las actividades propias de ese servicio están reservadas a la profesión regulada de ingeniero de caminos, canales y puertos. 

«Requerimos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se abstenga de promover, amparar, dar cobertura o permitir que una ingeniera técnica topógrafa a su servicio realice actividades reservadas a nuestra profesión», recoge un escrito remitido al organismo público.

Entre las funciones de dicho puesto destacan planificar proyectos y obras en el Puerto de Las Palmas; controlar y hacer un seguimiento técnico y económico de los trabajos ejecutados; llevar a cabo el reconocimiento final de las obras propias o de las concesiones, y elaborar proyectos de infraestructuras portuarias. 

Esas atribuciones, añade la institución colegiada, «sólo corresponde en toda su extensión» a los ingenieros de caminos, canales y puertos, pues se trata de «la única profesión que en la Base de Datos de Profesiones Reguladas de la Comisión Europea aparece con competencias no limitadas en el ámbito de las infraestructuras portuarias».

La advertencia de los ingenieros de camino no es un farol. El colectivo ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la licitación de la cuarta fase del dique de La Esfinge, un proyecto que ha salido a concurso por 30 millones de euros y que supondrá la última ampliación exterior del Puerto de Las Palmas.

Los ingenieros se apoyan en un informe pericial para llegar a la conclusión de que el proyecto utilizado como base de la licitación «no está suscrito por un técnico competente» y, además, adolece de fallos y carencias que lo invalidan para el objetivo pretendido.

Según el dictamen, el proyecto no solo está redactado por técnicos incompetentes, sino que la versión puesta a disposición pública «incumple prescripciones muy relevantes efectuadas por Puertos del Estado». También resulta «inconexo», como consecuencia de haberse realizado con documentos de diversos autores y de diferentes fechas, «sin un criterio unificador suficiente por parte de las redactoras», añaden.

El decano de la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Felipe Ramón Roque Villarreal, considera que la suya es la única profesión con competencias en la elaboración de proyectos, planificación, explotación y gestión de infraestructuras portuarias. Los titulados con máster tienen una formación superior a la de los Graduados en Ingeniería Civil (Ingenieros Técnicos de Obras Públicas) y «son los únicos que tienen competencias plenas en la ingeniería civil». 

Felipe Roque agrega que la Ingeniería Técnica de Obras Públicas se accede con el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o con el Grado habilitante de Ingeniería Civil, siendo esta una profesión con competencias parciales en función de la especialidad cursada que sólo puede desarrollar trabajos de menor envergadura y complejidad, según la jurisprudencia. 

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es una profesión regulada y de colegiación obligatoria por ley, destaca el decano, incluidos los funcionarios. Se trata de una «garantía de los derechos de los ciudadanos», pues asegura «la habilitación para el desempeño de la profesión y el sometimiento de los profesionales al código deontológico de los ingenieros de caminos, canales y puertos».

No lo ven así, ni mucho menos, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, cuyo decano en la zona de Las Palmas, Luis Fernando Martín Rodríguez, ha salido en defensa de su titulación y de la responsable de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

Martín subraya que entre las actividades profesionales de su colectivo figuran la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.

Quedan incluidos, aclara el decano, la dirección de las actividades objeto de esos proyectos, incluso cuando sean elaborados por un tercero, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

«Los ingenieros técnicos estamos plenamente facultados para desarrollar cualquier trabajo que encaje dentro del ámbito de actuación de nuestra especialidad», porque tenemos «plena autonomía» para «dirigir actividades y proyectos multidisciplinares».

 Dicho de una manera más directa: «No existe monopolio profesional en favor de ninguna titulación, salvo que esté expresamente establecido por una norma con rango de Ley», sostiene Martín. 

El principio de libertad con idoneidad prevalece al de exclusividad para favorecer la concurrencia de competencias, según esta interpretación de la jurisprudencia.

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