Atrapado en la maraña burocrática

Un vecino de Pedro Hidalgo aún espera a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecute la expropiación de su casa, pese a que se estableció en 2012.

Sí se dio prisa el consistorio en embargarle por no pagar el IBI, endeudado al no poder alquilar sus locales sujetos a enajenación.

Al pedir ayuda al Gobierno este se escudó para no intervenir en que la vivienda está en dominio público hidráulico del barranco de Gonzalo, pese a asegurar el Cabildo que ello no afecta a la titularidad de las viviendas incluidas en un decreto publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas (BOP) el 30 de mayo de 2003. 

Juan Francisco Orozco García, un jubilado de 74 años nunca imaginó cuando empezó a oír el run run de una nueva carretera en Pedro Hidalgo, allá por 2002, que aquel proyecto que aún sigue metido en un cajón le amargaría la existencia y le atraparía en una espesa maraña administrativa, que no ha hecho más que complicarle la vida y llenarle de deudas.

Al final ha terminado pidiendo el auxilio de los tribunales, pero la justicia se toma su tiempo y, mientras tanto, Orozco asegura estar cada día más endeudado, ya que el Ayuntamiento que ha sido incapaz de materializar la expropiación de su casa, le ha embargado por no poder pagar el IBI a causa de ello.

La maraña burocrática que asfixia a este ciudadano ha sido tejida fundamentalmente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha negado a ejecutar la expropiación pese a que la ley le obliga a ello, una vez transcurridos tres años desde que apareció en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012.

La Comisión de Valoraciones del Gobierno canario ha contribuido a enredar el problema, al negarse a intervenir en diciembre de 2019, pese a la petición de ayuda del ciudadano, argumentando que la casa está dentro del dominio público hidráulico del barranco de Gonzalo, que decretó el Consejo Insular de Aguas en 2003, pese a que el órgano del Cabildo aclara en dicha orden que ello no afecta a la titularidad de la vivienda, ya que se trata de «un acto material que se circunscribe a determinar los límites de la finca».

La propia Consejería de Obras Públicas y Aguas del Gobierno canario reconoció por escrito en 2015 que el deslinde no afecta a la titularidad de la finca, según relata, mientras muestra el documento, el abogado de Orozco, Rolando López Hernández.

Harto de esperar una respuesta de la Comisión de Valoraciones y de que el Ayuntamiento continuara «sin hacer nada», Orozco, que comparte la propiedad de la casa con sus hijos aunque no vive en ella por estar en ruinas, decidió interponer en enero de 2021 una demanda por lo contencioso-administrativo, en la que recurre la decisión de la Comisión de Valoraciones y «pide al tribunal que decida si esta debe valorar la casa», paso imprescindible para la expropiación.

También reclama que «incoe los correspondientes expedientes disciplinarios contra los funcionarios por el retraso y la dejación de sus funciones. Ni siquiera pido a la sala que confirme la valoración de nuestros peritos», que establecieron un precio de 459.000 euros en 2017, porque «eso forma parte del siguiente capítulo», aclara López Hernández, para quien lo más sorprendente ha sido que el Ayuntamiento, «en lugar de buscar una solución al problema, se ha personado en el recurso como codemandado, con el mismo argumento de la Comisión de Valoraciones sobre la titularidad de la casa. «Es difícil de entender que una administración que sostiene la titularidad pública de un inmueble ante los tribunales, reclame el pago de más de 18.000 euros de IBI a un señor que considera que no es el dueño. Esta es una historia kafkiana», explica el letrado, quien indica que «el Ayuntamiento se ha demorado ya ocho años con respecto a su obligación de expropiar. Ha protagonizado una pasividad y una dejadez absoluta de sus obligaciones y ahora lo que hace es posicionarse en contra» de este ciudadano, pese a que «en ningún momento cuestionó antes que Orozco sea el titular».

Empieza la pesadilla

La pesadilla de este vecino de Pedro Hidalgo empezó antes de la aprobación del PGO de 2012, cuando el Ayuntamiento oficializó la expropiación de su casa de tres plantas, situada en la calle Salamanca número 79, porque una nueva carretera, que uniría esta vía con la calle Palencia, pasaría justo por la mitad de su finca.

  Y es que los problemas arrancaron diez años antes, cuando el Ayuntamiento empezó a negar en 2002 la autorización para establecer negocios en los locales de la planta baja y sótano, lo que le impidió alquilarlos a varios empresarios que intentaron instalarse, entre ellos una pizzería, que llegó a ofrecer un alquiler de 1.000 euros al mes, o un almacén, que ofreció 600 euros, recuerda López, quien añade que la enfermedad de Orozco le obligó a estar varios años en su tierra natal, en Cádiz.

«Y cuando volvió en 2013, se encontró con un embargo por impago del IBI. Ahora cobra una pensión de mil euros, pero entonces sólo percibía 800 euros y no podía hacer frente al pago de la hipoteca de la casa y al resto de gastos».

No hay respuesta

En diciembre de 2015, tres años después de la aprobación del PGO, López denunció la demora de la expropiación, pero no hubo respuesta.

En agosto de 2016, casi un año después, presentó su hoja de aprecio con una tasación pericial, por el silencio del consistorio, que  volvió a hacer oídos sordos.

El abogado recuerda que el concejal de Urbanismo Javier Doreste se comprometió en 2017, durante una reunión, «a mirar el expediente para darle un impulso. El impulso fue tal», dice con sarcasmo, «que no hicieron nada hasta 2018», fecha en la que el Ayuntamiento «se molesta en enviar el expediente a la Comisión de Valoraciones de Canarias», que se lo había reclamado. Este órgano inadmite finalmente, en diciembre de 2019, la reclamación de Orozco y rechaza subrogar las competencias de la corporación y proceder a la expropiación, con la excusa de la titularidad pública. 

López Hernández sostiene que su cliente es «una víctima de la burocracia administrativa, porque hay administraciones que se comportan como un pulpo acefalo, con muchos brazos y ninguna cabeza. Esta administración no tiene corazón con los administrados, lamentablemente. No se puede vulnerar de esta manera los derechos de un ciudadano. Para reclamar una multa o la contribución son extraordinariamente rápidos, pero para cumplir con sus obligaciones legales, la dejadez y pasividad es absoluta», se queja. 

Orozco, por su parte, considera «inadmisible» lo que le están haciendo sufrir.

«Estoy pasando miserias y no puede vender ni alquilar la casa. El Ayuntamiento me quita 100 euros mensuales de mi pensión. Es que no puedo ni pagar la hipoteca y estoy viviendo en casa de mi madre porque no tengo dinero para pagar la luz y el agua. Yo lo único que quiero es que se pongan de acuerdo de una vez, si es del Cabildo, que me pague el Cabildo y si no, el Ayuntamiento», se lamenta.

Desde la Concejalía de Urbanismo declinaron dar su versión sobre el asunto por estar «judicializado».

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