Los casos de injurias y acoso a veterinarios en Canarias aumentan y generan inquietud

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas organizó este jueves una conferencia en su sede de Las Palmas de Gran Canaria a cargo del fiscal Erik Quintana, especialista en criminalidad informática y delitos de odio, con la que quería despejar las dudas que llegan a la institución de sus colegiados y colegiadas. Y es que aseguran que se ha experimentado un incremento en los casos de injurias y acoso en el ámbito de las redes sociales hacia sus profesionales, lo que motivó la celebración de esta ponencia.

Según el gerente del Colegio, Francisco Rodríguez, reciben "muchas cuestiones sobre posibles injurias, calumnias y acoso" que los miembros de la entidad profesional sufren en el desempeño de su trabajo. Sus dudas versan, mayoritariamente, sobre si pueden actuar de alguna forma ante estos episodios y en qué momento pueden emprender las acciones oportunas.

En ese sentido, el fiscal les mostró cuáles pueden ser los supuestos ilícitos a los que se enfrentarían, como norma general, en sus puestos de trabajo. Básicamente, los ataques a los derechos al honor, la intimidad familiar y personal y la propia imagen mediante injurias y calumnias, acoso o amenazas. Igualmente, puso el foco sobre las posibles estafas informáticas, uno de los problemas más graves que se pueden encontrar en el marco de las nuevas tecnologías.

Cambio de paradigma

Erik Quintana apeló al sentido común para detectar si los comentarios negativos que se pudieran verter en redes sobre el desempeño profesional del veterinario puede o no considerarse como punible, puesto que "no es fácil de valorar" qué actuaciones pueden llevarse a los tribunales. Y en ese sentido, destacó que las nuevas tecnologías suponen "un cambio de paradigma respecto a la delincuencia tradicional". También les avisó que es de vital importancia "no dejarse ir en el tiempo" y no dejar pasar más de cuatro años desde que sucedieron los hechos hasta que se presenta la denuncia ante las autoridades policiales o judiciales.

Quintana también indicó los pasos que tenían que dar aquellos profesionales que se encontraron en una situación posiblemente ilícita. "La prueba en las redes sociales es fugaz, hay que preconstituirla rápidamente", agregó. Es decir, sacar capturas de pantalla de los mensajes, dejar bien sujeto quién dijo el qué y desde qué número de teléfono o perfil de alguna plataforma, así como la fecha y hora en que se vertieron los comentarios que pueden ser objeto de investigación policial.

Mejor denunciar ante la Policía

Reconoció que este tipo de cuestiones es mejor que se denuncien ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, puesto que tienen unidades especializadas en la investigación de estos temas muy potentes, al contrario que las dependencias judiciales. De hecho, continuó, el juzgado "es propenso a que todo se tramite muy lentamente y tienen menos recursos que poner a disposición" de esas investigaciones. 

Muchos de esos casos de acoso, injurias, amenazas o calumnias suelen llegar desde colectivos o asociaciones que se ven más amparadas que en el caso de personas a título individual. 

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