La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias ha trasladado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al presidente de Puertos del Estado en funciones, Raquel Sánchez y Álvaro Rodríguez, respectivamente, la necesidad de que las islas estén exentas de la normativa europea sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, de forma permanente, por su condición de región ultraperiférica, informa Europa Press.
En este sentido, solicita que intercedan ante las instancias necesarias para que se adopten las medidas pertinentes, según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.
Al respecto, el consejero del área, Pablo Rodríguez ha expresado, a través de una carta, su «profunda preocupación» por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento y del Consejo europeo y señala que «su aplicación comportaría unas consecuencias muy graves para la región en materia de transporte de mercancías y conectividad».
Además, ha explicado que «pondría en riesgo nuestra actividad económica en toda la región, tal y como la conocemos actualmente».
«Aunque la directiva contempla temporalmente ciertas excepciones para trayectos con origen o destino en las regiones ultraperiféricas o entre islas, las condiciones de las islas son las que son y no dispondrán en el futuro de otras alternativas de transporte, aunque se posponga su aplicación completa en el ámbito de Canarias», añadió.
Por ello, ha insistido en que la exención se plantea como la única medida que no suponga un perjuicio para el Archipiélago y su economía.
El titular de Obras Públicas ha recordado que la vía marítima es fundamental para mantener la conexión de Canarias en el transporte de mercancías con Europa y el resto del mundo.
Afirmó del mismo modo que la existencia de infraestructuras portuarias de primer nivel, muy próximas a Canarias, que están exentas del cumplimiento del citado reglamento provoca que el sistema portuario en Canarias derive «en una situación de riesgo y clara desventaja competitiva a corto plazo».
En esta línea, destacó que compañías y asociaciones que operan en los puertos canarios han trasladado la imposibilidad de operar en igualdad de condiciones que en otras infraestructuras cercanas, como Marruecos, Mauritania, Senegal y otros estados de la costa oeste africana.
Hasta 2050
Las estimaciones ofrecidas la pasada semana por la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) indican buque que haga la línea Sudafrica-Norte de Europa y que realice una escala en el Puerto de Las Palmas tendrá que pagar cerca de medio millón de euros en cada viaje de ida y vuelta -exactamente 495.972 euros- por contaminar a partir de 2024 si se aprueba la nueva directriz europea que grava a las navieras con el fin de impulsar la descarbonización de aquí a 2030 en el sector marítimo. La reducción debe ser de un 55% de cara a la próxima década y del 100% en el año 2050.
La posición de Puertos
La carta sucede a la remitida por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, al presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez. Fuentes del organismo estatal rehusaron ofrecer valoraciones, aunque subrayaron su «preocupación por la obligatoriedad para las navieras de someterse al mercado de emisiones (...) cuando escalan en un puerto europeo y no así de países terceros, por el peligro que existe de desvíos de tráficos (...) a esos otros países sin que se logren justamente los objetivos ambientales». En este sentido, la administración se encuentra «colaborando con la Comisión Europea para monitorizar el efecto de este tipo de regulación a fin de reaccionar ante posibles escenarios no deseados». | LP
