Vecinos del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria denuncian el «abandono institucional» al que entienden que el Gobierno español somete a los cientos de migrantes albergados en el «Canarias 50», un antiguo cuartel que opera desde hace tres años como centro de primera acogida y que ahora el Estado planea consolidar con esa función.
Así lo han puesto de manifiesto este viernes varias decenas de vecinos de este popular barrio de la capital grancanaria a cuenta de una convocatoria informativa convocada por el grupo del PP en el Ayuntamiento ante una de las puertas de este centro, que en la actualidad tiene capacidad para albergar a 1.600 personas.
La diputada nacional y portavoz del principal grupo de la oposición en el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha expresado el rechazo de su partido al plan que tiene el Ejecutivo español en funciones para consolidar estas antiguas instalaciones militares como centro de acogida de migrantes, dadas las «consecuencias» que considera que ello tendrá para la ciudad y para La Isleta.
«Oscurantismo»
El PP critica el «oscurantismo» con el que se ha decidido de esta iniciativa, que supondrá una inversión de unos 19 millones de euros, ha dicho, y que «no se ha consultado ni con el resto de administraciones públicas canarias ni con los vecinos».
A su juicio, las obras se han declarado de interés general «para evitar la normativa municipal, que impide el uso de este espacio para esta cuestión, ya que el Plan General de Ordenación» de la ciudad lo destina «a zona verde, de esparcimiento e, incluso, para atender asuntos sociales del barrio».
Delgado ha anunciado que el grupo popular exigirá a la alcaldesa, la socialista Carolina Darias, en el próximo pleno municipal «que impida que el Canarias 50 se convierta en un centro permanente de acogida de migrantes y que lo revierta en la ciudad y en el disfrute de los vecinos.
«Que deje ya de engañar a los vecinos de La Isleta, a quienes el anterior alcalde del PSOE, Augusto Hidalgo, les prometió en 2019 que el Canarias 50 iba a ser una zona de ocio y deporte, lo que tiene todo el sentido del mundo porque este barrio ha ido creciendo y adolece de dotaciones públicas, como pueden ser éstas», ha referido.
La edil del PP ha negado que su partido se oponga a este centro de acogida «por xenofobia o por ir en contra de la inmigración» y ha subrayado que durante los años en que ha operado como tal de forma temporal «se han producido problemas de convivencia» con los vecinos debido, fundamentalmente, a los protocolos que se aplican a sus usuarios, tales como cerrar las puertas a partir de cierta hora, lo que lleva a muchos a tener que pernoctar en la calle.
Esta situación genera «unos problemas vecinales» a los que el PP entiende que el Ayuntamiento, «que tiene una deuda con este barrio, tiene que poner solución».
Los populares consideran que en Las Palmas de Gran Canaria hay otros espacios, como el barrio de El Lasso, «más alejados de las zonas urbanas», donde el Gobierno de España podría ubicar este tipo de centros de primeras llegadas, una decisión que ha de enmarcarse «en una política migratoria» que considera que «no ha existido».
