El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrán que pagar 4,03 millones de euros en concepto de intereses de demora a los dueños de la parcela de la calle Pavía número 30, esquina Castillejos, por cuya expropiación ha desembolsado ya la ciudad más de 19 millones de euros.
El pleno municipal de este viernes tiene previsto aprobar una modificación de crédito, con cargo a los remanentes de tesorería, para pagar los intereses que ha generado la última retasación de esta finca, cuyo justiprecio inicial fue establecido en 1,67 millones para construir un centro educativo en Guanarteme.
Con el paso de los años, la finca de 3.105,72 metros cuadrados le costará al municipio un total de 23,19 millones debido a la demora en el pago de los responsables municipales. Aunque cuesta creerlo, los intereses casi triplican el justiprecio inicial por el que se enajenó la parcela hace ya 33 años.
La finca situada en la calle Pavía número 30 esquina con la calle Castillejos, en el barrio de Guanarteme, fue expropiada en 1990 por el consistorio a las familias Massieu Verdugo y Verdugo Curbelo para construir el colegio Guanarteme y viales por un justiprecio de 1.675.765 euros, una cantidad que fue confirmada en 2001 por una sentencia que dictó el 21 de julio de 2001 el Tribunal Supremo.
Sin embargo, la demora del Ayuntamiento en hacer efectivo la totalidad del pago dos años después de la citada sentencia, permitió a los antiguos propietarios reclamar una retasación por importe de 14,7 millones y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fijó en 2009 un justiprecio de 11,72 millones, más un incremento de un 5% en concepto de «premio de afección». Sin embargo el progresivo encarecimiento de la parcela no acabó aquí.
Escalada de precio
Tras sucesivas sentencias, una de las cuales anuló en parte los justiprecios fijados en 2009 y 2011, el precio siguió escalando y el 1 de septiembre de 2022, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dicta un auto, en el que se fija el justiprecio definitivo de la retasación en 19.161.557,12 euros.
En ese momento, el Ayuntamiento ya había abonado a los antiguos propietarios un total de 12,3 millones, por lo que el juez requiere al Ayuntamiento en sendos autos de diciembre de 2022 y enero de 2023 el abono de 6,84 millones que restaba por sufragar, bajo apercibimiento de multa.
Dicha cantidad se abonó finalmente el 10 de agosto pasado y justo una semana después, el 17 de agosto de 2023, los tribunales emitieron el cálculo de intereses devengados sobre la diferencia del justiprecio, fijándolo en 4.032.131 euros, la cantidad que hoy se liberará en el pleno para saldar la exorbitante deuda que generó la expropiación.
Los jueces contabilizan que los millonarios intereses de demora han sido generados desde el 29 de junio de 2007, cuando los antiguos propietarios de la parcela presentaron la solicitud de la segunda retasación.
Otras expropiaciones
Además de los intereses de demora por la parcela de Pavía, el pleno liberará 1.108.613 euros para completar el pago de la expropiación de cuatro fincas, las número 15, 3, 16 y 109, situadas en el Plan Parcial de Tamaraceite Sur (UZR-04), en cumplimiento de una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis el 19 de abril de 2023, que le da la razón a los antiguos dueños de las parcelas. El Ayuntamiento tiene un requerimiento del juzgado del pasado 12 de junio, que le ordena pagar la cantidad de 1,10 millones a los expropiados.
Por otro lado, se aprobará una tercera modificación de crédito para hacer frente al pago del justiprecio de una parcela expropiada de la calle Mayorazgo, número 11, por un importe de 63.878,58 euros. En total, entre los intereses de demora de Pavía y las otras dos expropiaciones, la ciudad pagará un total de 5,14 millones de eurosen terrenos.
Compensación a Canaricem
Además de las expropiaciones, el pleno lleva otras tres modificaciones de crédito, una de 31.023 euros para pagar facturas; otra para hacer frente a la terminación de las obras de estabilización de la ladera sobre la carretera del centro (GC-110), a la altura del barrio de San Roque, y la tercera es para pagar a Canaricem, la empresa concesionaria de los cementerios, otros 2,82 millones de euros.
En esta ocasión, se trata de compensar a la concesionaria por el desequilibrio económico que ha sufrido, según la empresa, durante los años 2018 y 2019 por la supresión de la tasa de cementerios. Desde que el tributo se suspendió en 2007, el Ayuntamiento ha tenido que compensar a la empresa con más de 11,5 millones, incluidos los intereses de demora, en un pleito que ha sido ganado siempre por Canaricem en los tribunales.
En el caso de la estabilización de la ladera de la GC-110, se inyectarán 487.576 euros. Las obras se adjudicaron de emergencia el pasado año, tras detectarse un deslizamiento del talud, justo cuando se iba a iniciar el arreglo de un muro de contención en la parte alta, en la zona colindante con las calles Florinda y Fragata de San Roque. Aunque inicialmente se presupuestaron 959.068 euros, el coste total de la obra asciende a 1,38 millones de euros, lo que obliga a añadir 487.576 euros.
