Mauricio Roque: «El Plan General de Las Palmas de Gran Canaria es más ambicioso que la Ley de Vivienda del Gobierno canario»

Llega a la concejalía de Urbanismo, una de las más complejas, después de ocho años con un mismo concejal y con multitud de proyectos heredados.

Me encuentro con una ciudad en transformación, sobre todo desde el punto de vista de la movilidad, y con una magnífica herramienta aprobada en 2022 que es el Plan de Acción de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un instrumento potente que vamos a seguir desarrollando con una impronta de modernización, difícil porque los tiempos van por delante, pero nos va a permitir dinamismo en muchas facetas.

Un centenar de proyectos para que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad sostenible

En las últimas semanas se ha hablado mucho de vivienda. ¿Qué discrepancias tienen con el decreto-ley del Gobierno de Canarias?

Nace sin la participación de los municipios. Por lo tanto, está hecho sin la correspondiente colaboración entre administraciones. El resto de conversaciones con las administraciones son fluidas, pero en este caso ha faltado la dinámica de comunicación, porque cada ayuntamiento tiene una situación distinta. Prácticamente deroga el planeamiento en muchísimos de sus aspectos. Se habla de desplazamiento, pero entendemos que es una derogación del mismo. Vamos a seguir poniendo en marcha todo lo que nos permite la Ley de Vivienda del Estado, de 2023, y tomaremos las medidas necesarias para desarrollar nuestro planeamiento. La vivienda es uno de los mayores problemas que hay y en el gobierno nos preocupa; de hecho, venimos de un gobierno anterior que ha avanzado en reposición y rehabilitación. Ahí tenemos los ejemplos de La Paterna, las 148 viviendas en La Rehoyas, las 76 en Tamaraceite. Y nosotros hemos implementado la nueva construcción para alquiler asequible. Ya tenemos casi 500 viviendas en desarrollo.

«La vivienda es uno de los mayores problemas que hay y en el gobierno nos preocupa»

¿Cómo van a abordar la ley?

El artículo 17 del decreto-ley permite decidir atemperar o no aplicar los artículos 13, 14, 15 y 16. Estamos trabajando para no aplicarlos, porque inciden directamente en el planeamiento. Estamos adaptados ya a la legislación vigente, tenemos todos los parámetros de la vivienda protegida, tenemos suelo y equipamiento. Aparte de eso, tenemos que atender los servicios y todo eso está debidamente equilibrado. El planeamiento es mejor herramienta. Esta ley nos distorsiona los servicios, la protección de la edificación y los entornos y los movimientos poblacionales dentro del propio núcleo. El Plan General ya permite que se puedan usar locales u oficinas en determinadas zonas para que pasen a ser viviendas. Es un instrumento dinámico. Es más, ya ha sido corregido y solo falta la adaptación a la Ley de Patrimonio Cultural. Tenemos la posibilidad de desarrollarlo y los vamos adaptando. Esos artículos van a distorsionar más que proporcionarnos una solución porque tenemos algo más ambicioso y mejor construido.

El Ayuntamiento tiene el reto en marcha de las 1.000 viviendas de promoción pública. Señala que hay 500 en marcha. ¿Están buscando suelo para las siguientes?

Tenemos ya en construcción las 27 de León y Castillo, 74 y 36 en Tamaraceite. Ahora vamos a empezar a construir otras 130 en Tamaraceite Sur y después 115 en La Minilla. Estos son los que ahora mismo están ya con proyectos y para realizarlo. Después, tenemos los suelos, donde nosotros ya estamos proyectando las posibilidades que tenemos. 

¿Están en conversaciones con el Gobierno de Canarias para nuevos planes de vivienda?

También queremos trabajar el concepto del coliving. Con el Icavi [Instituto Canario de la Vivienda] tenemos una relación muy estrecha porque de hecho a través de Geursa le realizamos los proyectos y las construimos para entregar la llave en mano. Por lo tanto la relación es bastante fluida y yo creo que las cuatro administraciones, el municipio, el gobierno, el Cabildo y el Estado, estamos implicados para resolver el tema de la vivienda. Tenemos todo eso bastante avanzado para atender lo que es la creación de vivienda protegida, por eso el decreto ley nos puede distorsionar, nosotros ya sabemos los equipamientos, lo que vamos a hacer porque es un todo. El decreto invade competencias, el legislador puede realizar las leyes, pero la adaptación al plan le corresponde al municipio. Encima, este decreto ley desarrolla dentro de su propio articulado que para los artículos que vamos a suspender, tenemos que motivarlos. Es decir, es como una tutela a la autonomía municipal en el desarrollo de su planeamiento.

Durante los últimos ocho años el Ayuntamiento se había centrado en la rehabilitación de vivienda. Ahora mismo está previsto Sanz Orrio, seguir con La Paterna, Jinámar. ¿Qué otros barrios están en mente?

Estamos terminando con todos esos y estamos trabajando con los técnicos con otras zonas. La que más estamos desarrollando y tiene una cierta preferencia a la hora de actuar es El Batán.

También están a punto de terminar la reposición de Tamaraciete y está arrancando la de Las Rehoyas. ¿Veremos este año las primeras demoliciones en este barrio?

Todavía es pronto para ver eso. El proceso de construcción va bien y una vez finalice, hay que poner en funcionamiento el edificio y luego viene el trasvase de los vecinos. Todo esto tenemos previsto que termine este año. También entregar las últimas llaves de Tamaraceite.

«Ya hemos regulado el alquiler turístico, otra cosa es que la gente incumpla y haga actos ilegales»

Pedro Quevedo y Carolina Darias ya han dicho que van a pedir declarar zonas tensionadas en la ciudad. ¿Cómo se va a plantear esa declaración? 

La zona tensionada es la aplicación del artículo 18 de la Ley de Vivienda y si se dan las circunstancias. Para eso se han realizado herramientas que ha sacado el Ministerio donde se puede consultar los parámetros de renta familiar, zona y las necesidades. Depende de lo que marques la ciudad se acerca o supera ese umbral en diferentes zonas. En algunas a lo mejor no se verían afectadas porque el alquiler en los últimos cinco años no ha sufrido un incremento tres puntos por encima del IPC. En la capital hay indicios. ¿Eso quiere decir que hay un especial riesgo de insuficiencia de vivienda para la población? Es lo que nos tiene que determinar el Gobierno de Canarias. 

Entonces, ¿van a pedirlo?

Nosotros vamos a llevarlo a pleno, en qué condiciones todavía no sé. ¿Para todo el municipio? ¿Para ciertas zonas? Es una determinación técnica, porque hay que cumplir unos parámetros, una vez determinado eso haremos la propuesta. Haberla, la habrá. Es una situación compleja. 

Hablando de zonas tensionadas. Esta semana salió el ante proyecto de la ley de Vivienda Vacacional, donde se plantea también el concepto de zona tensionada y deja a los municipios la ordenación de este problema.

El Ayuntamiento ya tiene regulado el alquiler vacacional en su planeamiento. Haremos las modificaciones que sean oportunas siempre que se considere que son beneficiosas para el desarrollo del derecho a la ciudad y en este caso a la vivienda. Tenemos que ver cómo conjugamos el derecho económico con el derecho a residir en la ciudad.

Pedro Quevedo: «Hay que regular el alquiler vacacional y evitar un daño social irreparable a la gente»

Claro, pero ese planeamiento que ya existe no se ha estado cumpliendo.

Sí se aplica. Otra cosa es que la gente incumpla y haga actos ilegales conforme a la normativa urbanística. Lo que es el marco jurídico sí que lo tenemos establecido. Son situaciones que necesitan la inspección, pero el ordenamiento se cumple. Recientemente ganamos una sentencia y nos dieron la razón al Ayuntamiento.

En ese caso habría que aumentar las inspecciones.

En todas las actividades. También la realización de obras, la colocación de mesas y sillas en la calle. Vamos actuando donde detectamos problemas.

En cuanto a planeamiento. En el mandato pasado quedaron pendientes los planes especiales del casco de Tamaraceite y los riscos de San Juan y San José por discrepancias con los vecinos. ¿Se está trabajando para resolver este punto?

El de San Juan y San José no se ha paralizado. Se hizo una ampliación del plazo de alegaciones, se recibieron un montón, y lo que se ha hecho es trabajar para recoger todas esas alegaciones de los vecinos y seguir trabajando en un nuevo documento que volverá otra vez a someterse a aprobación inicial. Se ha seguido trabajando y se está consensuando. 

«Habrá un carril provisional para la Metroguagua en lo que Obras Públicas trabaja en Vegueta»

Señala que el planeamiento es abierto y dinámico. En Guanarteme recoge la ampliación de la avenida Mesa y López y está habiendo contestación ciudadana al respecto.

En Guanarteme hay bastantes actuaciones de dotación. Están en el planeamiento y como administración tenemos que cumplirlo. La contestación que haya o no, no es tanto sobre lo que se está proyectando como las consecuencias; y todo eso está previsto. Cualquier actuación de dotación lleva equipamientos para el Ayuntamiento, son actuaciones conjuntas, con mejora de los entornos y el Ayuntamiento recibe beneficios. Es una parcela donde hay uso residencial y cesiones. Lo que nos queda es cumplir con la legislación vigente y con nuestro propio planeamiento.

Pero es modificable. Muchos vecinos hablan de expulsión del barrio.

La expulsión del barrio no corresponde al desarrollo de un planeamiento. Estamos hablando de un planeamiento que viene de 2012 y que se desarrolla. Y se desarrolla sobre una actuación de transformación de la ciudad. Es decir, las ciudades son organismos vivos que se van transformando. Y el urbanismo no es otra cosa que ir resolviendo los problemas que crea esa ocupación y las ordena. La transformación de las ciudades traen este tipo de problemas, pero eso no quiere decir que desplacen a nadie.

La Metroguagua es el gran proyecto de ciudad heredado. ¿En qué punto está la estación de Hoya de la Plata?

Ya está la resolución y ahora vamos a hacer la licitación lo antes posible, a lo largo de este año seguro que saldrá. 

¿Qué ocurre con los terrenos que hay que ganar el mar en Vegueta?

Todo eso está en plena coordinación con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario. Están ahora mismo en la evaluación ambiental del proyecto que tienen que presentar para licitación. Dentro de ese proyecto, que lo va a realizar la Consejería ganándole terreno al mar, no quiere decir que mientras se desarrolle esa obra la Metroguagua no vaya a actuar, es decir, habrá, y por eso estamos coordinados, un carril provisional por donde va a circular. No vamos a tener que esperar a que la obra esté toda acabada. 

Hay otros tramos pendientes y para las cocheras se descartó la opción de Jinámar.

Estamos buscando suelo, estamos intentando ver las necesidades y lo estamos estudiando. Estamos mirando las tres administraciones a ver si alguna tiene un espacio, porque es un proyecto esencial para la ciudad. Pero la Metroguagua ya está prácticamente definida y se puede empezar con algunos retoques en los tramos que estén ya.

En un principio se había ligado a la Metroguagua, pero al final no. Hablo del traslado de las naves de ayuda humanitaria del Muelle del Sanapú, un proyecto que lleva años atascado.

Eso lo tenemos ya para empezar las licitaciones. 

Este traslado permitirá ejecutar el proyecto del parque que presentaron Hidalgo e Ibarra en 2022. ¿Hay buena sintonía con la nueva Autoridad Portuaria en este sentido? ¿Saldrá adelante el mismo plan?

Ahora mismo no me consta que exista la intención de cambiarlo. Sino de seguir colaborando con el proyecto presentado. 

En esta misma zona de la ciudad. Han incluido en el nuevo Fdcan la obra del Frente Marítimo entre la Base Naval y las Alcaravaneras. ¿Se han cerrado los flecos pendientes con Defensa? En San Nicolás también tienen pendiente un proyecto con este ministerio.

Ahí vamos a hacer toda una actuación integral y la estamos desarrollando. Está todo bastante avanzado. En el caso del mirador Punta de Diamante, está prácticamente para adquirir el terreno, volver a empezar la obra con un plan arqueológico y conectar la calle Sierra Nevada. 

«Tiene que haber una ordenación general de las terrazas, queremos una solución consensuada»

De su concejalía también depende Disciplina Urbanística y ahí entran las terrazas. Un tema muy polémico en el que a finales del pasado mandato se tomó una decisión drástica en Joaquín Costa. ¿Qué diálogo se está llevando con los vecinos y qué se ha planteado?

Acabada la pandemia y la necesidad de ocupar el espacio para mantener la actividad ha habido un proceso de recomposición. Lo que estamos haciendo es planificar cómo vamos a desarrollar y ordenar el diálogo con los ciudadanos y con los empresarios, dentro de ese orden para compartir un espacio donde podamos tener las relaciones tanto vecinales como empresariales y mantener la ciudad viva, estamos trabajando, pero de una forma conjunta. Con determinadas circunstancias y atendiendo la idiosincrasia de cada lugar. Unas normas generales y después actuar en los espacios singulares. Tiene que haber una ordenación uniforme, queremos una solución consensuada con vecinos y empresarios.

¿Se va a hacer una nueva ordenanza o modificar la actual? 

Los técnicos están trabajando, la ordenanza existe. La cosa es cómo la reformamos. Hacer un modificado o incluso hacer una ordenanza nueva. Entonces, para empezar un diálogo tenemos que poner encima de la mesa qué vamos a debatir. Habrá unas aportaciones previas para después redactarla. Incluso queremos debatir cómo quieren ser representadas las partes. Porque claro, lo que no podemos tener es un diálogo continuo con cada calle de Las Palmas de Gran Canaria. Es importante que no desplacemos problemas, sino que el problema tenga una solución definitiva. 

¿Las Palmas de Gran Canaria necesita un 'alcalde de la noche' como plantea Barcelona?

Aún así hay problemas específicos como el del paseo de Las Canteras.

Claro, hay situaciones específicas y singulares que hay que atajar así. También en el sentido, temporal, porque también hay días concretos o fiestas, carnavales. La cosa es cómo y en eso estamos las partes implicadas. 

Entiendo que lo que no quieren es llegar a la judicialización.

No queremos llegar a actuaciones conflictivas y judicializadas. Vamos a una solución duradera.

Hay un proceso judicial abierto en el que implica a funcionarios de Geursa. 

Lo que hay es solo, solo una investigación de fiscalía, punto. Requerimiento de documentación, pero no influyen nada a la concejalía, ni a la empresa; y la colaboración con la justicia total y directa.

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