El PP denuncia en Anticorrupción que la adjudicación de la infraestructura del Carnaval es "una farsa"

Los populares sostienen en la Fiscalía que el alquiler de tarimas y carpas es un «disfraz» para beneficiar de manera directa a una empresa

Otra adjudicación directa de 477.000 euros incumple los requisitos europeos de publicidad, según la denuncia

La actuación íntegra de la Drag Elektra, Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024

ANDRES CRUZ

La denuncia del PP remitida a la Fiscalía Anticorrupción centra buena parte de su relato en los procedimientos administrativos seguidos para dotar de infraestructura al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en su pasada edición, que se celebró en una parcela del Puerto de Las Palmas ante la imposibilidad de montar el escenario en el parque de Santa Catalina.

Los populares consideran que los procedimientos negociados sin publicidad celebrados para alquilar el andamiaje del escenario y los equipos audiovisuales incumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Sector Público, incluso califican el primero de esos contratos de «farsa diseñada para una adjudicación directa a un mismo empresario».

Adjudicación directa

Se trata de un procedimiento negociado sin publicidad por el que se le adjudicó a la empresa Palacio Calderón SL el alquiler de las carpas y las tarimas del Carnaval por 199.000 euros

La Sociedad de Promoción invitó a participar en el procedimiento a otras dos empresas, Pirámide Moctezuma SL e Instalaciones, Reformas y Montajes Tudor SL, tal y como obliga la ley para los negociados sin publicidad, pero Palacio Calderón y Pirámide Moctezuma comparten administrador, mientras que Tudor y Moctezuma tienen el mismo domicilio, «siendo presumible también que compartan los mismos socios», destaca la denuncia. Esto, a juicio del PP, incumple el principio de «proposición única», que prohíbe a un mismo empresario realizar más de una propuesta de adjudicación, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia, la igualdad, la transparencia y la concurrencia.

Maniobra ilícita

Lo «más grave» del caso, agrega el PP, es que «el propio órgano contratante invita» a las tres empresas, las cuales, a la postre, están vinculadas, «disfrazando con ello, a sabiendas, una adjudicación directa de un negociado sin publicidad», insiste la denuncia

Los populares ven en esta maniobra una «práctica colusoria», esto es, un pacto ilícito con daños a terceros. Los delitos denunciados a la Fiscalía Anticorrupción son prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los populares tampoco ven ajustado a derecho «la imperiosa urgencia» alegada para justificar la tramitación de este procedimiento y acortar los plazos, pues la contratación comenzó el 1 de diciembre de 2023 y el Carnaval empezó el 25 de enero de 2024.

Las fiestas, además, se celebran todos los años desde 1976 en las mismas fechas, por lo que tampoco cabe achacar la urgencia y los retrasos a las obras de la MetroGuagua, las cuales impidieron en la pasada edición montar el escenario en el parque Santa Catalina. Esa situación, subraya el PP, era conocida por el Ayuntamiento.

Darias, Medina y Galván

La denuncia, en ese sentido, va dirigida contra la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, que es también la presidenta de la actual Sociedad de Promoción; contra la alcaldesa, Carolina Darias, y contra Encarna Galván, concejala de Cultura en el anterior mandato y entonces también responsable de la Sociedad de Promoción. De ahí que el PP tache de «falaces» los motivos para justificar la urgencia del procedimiento negociado sin publicidad.

El otro contrato en la picota es el suministro e instalación de los elementos y estructuras de iluminación, vídeo y sonido para el Carnaval. En este caso la adjudicación, también mediante un negociado sin publicidad, fue para la compañía Sonocom SL por 477.000 euros. En este caso, al superarse la cantidad de 221.000 euros, tendrían que haberse aplicado unas «reglas especiales de contratación en cuanto a publicidad y elección del procedimiento». El anuncio debería haberse difundido en el ámbito de la Unión Europea por la «relevancia» de su importe.

Clara connivencia

El PP asegura que las irregularidades de 2024, de 2023 y de 2022, años estos dos últimos en los que creció la deuda al aumentar los contratos menores y los negociados sin publicidad, son «sobradamente conocidos por la alcaldesa», a quien los conservadores reprochan su «clara connivencia con estos ilegales actuares».

Los populares lamentan que la regidora no respondiera al escrito remitido el pasado abril para «reconducir» la situación de la Sociedad de Promoción, con 11 millones de pérdidas pendientes de compensar en los años 2007, 2008, 2011, 2022 y 2023.