Los constructores rechazan que Tragsa haga proyectos en el Puerto de Las Palmas

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) ha censurado en su asamblea que la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) autorice a Tragsa como medio propio para licitar obras en los puertos estatales de la provincia de Las Palmas.

El Grupo Tragsa es una empresa pública que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la administración general del Estado. Entre su accionariado también están las comunidades autónomas y otras instituciones, aunque en menor porcentaje, y su actividad está enfocada a la realización de obras, trabajos y prestación de servicios relacionados con el desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, así como en todo tipo de emergencia social, catástrofe natural o accidente climático, explican en su web corporativa.

Está especializada, desde su fundación en 1977, en la transformación agraria, pero también dispone de la filiar Tragsatec para realizar actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad y la salud pública, entre otros. 

Quemados

Su rango de competencias abarca desde la elaboración de estudios y proyectos hasta la prestación de servicios técnicos. De ahí la oposición de la patronal de la construcción a que Tragsa amplíe su rango de acción a los proyectos de Puertos de Las Palmas.

La presidenta de la AECP, María de la Salud Gil Romero, viene denunciado que la delegación en este tipo de empresas supone una «usurpación» de competencias, con una disminución del 31 % en licitación pública que es «proporcional» a la expansión de Tragsa y otras compañías de esta naturaleza. «Estamos muy quemados», avisa María de la Salud Gil durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria.

La presidenta considera que adjudicar obras a las empresas públicas de manera directa «es una dejación por parte de las administraciones», la cual está relacionada con su «incapacidad para licitar». Por eso, añade Salud Gil, «cogen por el camino del medio» y «bordean la legalidad». 

Caída de trabajos e ingresos

La AECP ha denunciado «la proliferación» de estos contratos y empresas en Europa, al tiempo que anuncian ahora una nueva estrategia para combatir este fenómeno: «Vamos a intentar por todos los medios judicializar todos aquellos casos en los que las empresas públicas estén usurpando nuestra actividad», anuncia la patronal de la construcción.

Con relación al año pasado, AECP concluye que se ha producido una disminución de unos 100 millones de euros en todas las obras, no solo en el Puerto de Las Palmas, un porcentaje que está vinculado a las obras declaradas desiertas y a las adjudicadas de manera directa a Tragsa. 

Salud Gil culpa también de esta caída de la licitación en el último año a «burocracia» creada por las propias administraciones, que está cronificada y hace que los procedimientos administrativos no funcionen con la agilidad y eficiencia.

Consejo de Administración

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, en su Consejo de Administración, tiene previsto aprobar el expediente administrativo para contratar a Tragsa y Tragsatec como medio propio en la redacción de los proyectos y demás trabajos técnicos portuarios. De ahí que la presidenta lleve el asunto a la reunión para obtener el respaldo de los consejeros, una decisión que los constructores y promotores rechazan al relacionarla con menos trabajos para el sector privado.

En el Consejo de Administración también se estrenará Augusto Hidalgo, ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidente del Cabildo, en representación de la administración general del Estado, que, a su vez, renueva la presencia de la abogada del Estado designada en el mandato anterior.

Otros asuntos son la renovación de varias concesiones y la contratación de nuevos prácticos que permitirán al Puerto mejorar sus servicios en pleno aumento de la actividad por los barcos derivados del Mar Rojo y la ruta del canal de Suez.