Los tribunales obligan a la ciudad a pagar a la empresa que canalizó La Ballena

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó este jueves una modificación de crédito que facilitará el desembolso de 827.822,97 euros a Almacenes Guanarteme, entidad que acometió los trabajos de canalización del barranco de La Ballena entre las calles Castillejos y Vergara. La decisión del consistorio es fruto de sendas sentencias del juzgado de lo Contencioso número 1 de Las Palmas y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le obligan a abonar esa cantidad a la empresa tras su negativa inicial.

El soterramiento del barranco es un proyecto municipal vinculado a diversas actuaciones de dotación que continúan ejecutándose entre el entorno de la plaza de América y la desembocadura del barranco a la altura de La Cícer. En este caso, la promotora del edificio de 11 plantas que se levanta entre Castillejos y Vergara asumió la obra de canalización tras llegar a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento.

Antes de ese acuerdo, el consistorio se había planteado el desvío y canalización de La Ballena como una obra de su competencia y con sus propios fondos. Así, la corporación obtuvo la autorización Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para los trabajos el 31 agosto de 2017 y menos de un mes después, el 20 de septiembre, un técnico municipal del servicio de Urbanismo emitió un informe en el que se señalaba que su ejecución correspondía al Ayuntamiento.

El proyecto técnico para canalizar el barranco fue aprobado por la Concejalía de Urbanismo, que llegó a anunciar el pronto comienzo de las obras. De hecho, el servicio de Contratación emitió una propuesta de gasto y retención de crédito, pero el Ayuntamiento informó finalmente de que no tenía disponibilidad presupuestaria para su ejecución. A partir de ese momento se llegó al acuerdo con la empresa propietaria de las fincas objeto de la actuación.

El consistorio negó durante el procedimiento judicial que existieran documentos que ampararan la reclamación económica de la empresa. En su contestación reconocía que existía un borrador de convenio, pero «el mismo fue remitido por la actora [Almacenes Guanarteme] sin que obtuviera su conformidad», e insistía en que la única beneficiaria de la canalización iba a ser la promotora del edificio. Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital dio la razón a la compañía, al igual que hizo posteriormente el TSJC.

El proyecto de canalización de La Ballena ha continuado adelante con otras actuaciones. De hecho, Almacenes Guanarteme está detrás de otros dos edificios de cinco y 11 plantas entre Simancas y Castillejos para los que obtuvo una aprobación inicial de documentación el pasado mes de enero. Además, el consistorio ha expropiado una casa terrera en la calle Secretario Padilla que forma parte de otra de las unidades de dotación de la zona.