La Isleta liderará las protestas contra la planta de gas de Totisa en el Puerto de Las Palmas
Colectivos sociales y ecologistas, y vecinos crean una plataforma para parar este proyecto porque «la ciudadanía no puede vivir de espalda a lo que es una amenaza para Las Palmas de Gran Canaria»

La Provincia
La plataforma contra la planta de gas licuado que Totisa Holding quiere instalar en el Puerto de Las Palmas ha iniciado este miércoles una campaña de información a la ciudadanía con una reunión en la Plaza del Pueblo de La Isleta para alertar sobre la «amenaza» que este proyecto supone para Las Palmas de Gran Canaria.
Cerca de 50 personas se sumaron a la convocatoria de la plataforma que aglutina, por ahora, a colectivos como Ben Mage, Greenpeace, Turcón, Foro por La Isleta, Salto a la Transición Ecológica, Asociación para la Transición Energética, Asociación Cívica Gran Canaria Renace, El sol sale para todos y Adapa, entre otros.
Uno de sus portavoces, Alfonso Padrón, explica que esta ha sido la primera de muchas asambleas que se celebrarán en los barrios de la capital grancanaria «el problema para la salud y la seguridad» que conlleva este proyecto de Totisa, ya que «la ciudadanía no puede vivir de espalda a lo que es una amenaza para Las Palmas de Gran Canaria». Estas reuniones informativas forman parte de una campaña más compleja que incluye la presentación de alegaciones al informe medioambiental, reuniones con las administraciones públicas para recabar su apoyo e, incluso, movilizaciones y protestas.
«Nos oponemos rotundamente a la construcción de esta instalación energética por razones de salud, medioambientales, sociales y económicas», recogen los colectivos en un manifiesto, en el que añaden que esta infraestructura conllevará «un intenso deterioro» de la «calidad del aire y bienestar y salud de los ciudadanos», tal como «atestiguan diferentes análisis tanto privados como públicos, entre los cuales se encuentran los informes desfavorables de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria».

Primera asamblea ciudadana convocada por la plataforma contra la planta de gas licuado en el Puerto / Juan Carlos Castro
La que fuera jefa de Sanidad Ambiental del Servicio Canario de Salud hasta su jubilación el año pasado, María Luisa Pita, sentenció durante la reunión que «hay que salir a la calle ya porque si la construyen ya no habrá forma de sacarla del Puerto», una afirmación que fue apoyada por las personas asistentes, que afirmaron que hay que «salir a la calle igual que se hizo para reclamar la universidad».
Movilizaciones
La recién creada plataforma pide a los vecinos e instituciones «que se movilicen en contra de un proyecto sobre el que pesan muy serias dudas técnicas y la existencia de mejores alternativas más saludables, menos costosas y más respetuosas con el territorio y las personas», y hace hincapié en el informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias sobre el impacto que tendrá esta infraestructura en las personas con patologías cardiovasculares y respiratorias, en especial asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que se verán especialmente agravadas durante los episodios de calima.
Alfonso Padrón explica que la plataforma quiere consensuar en con los vecinos las acciones de protesta que se lleven a cabo para intentar que la pretensión de Totisa Holding no se lleve a cabo finalmente. De esta primera reunión, de hecho, ya se llevan varias propuestas y compromisos de trabajo de las asociaciones y los propios vecinos para «ganar la batalla legal y la social», se manifestó en el encuentro.
Además, un equipo técnico y jurista está analizando al detalle el argumentario de la empresa «para vender el proyecto» con el fin de preparar las alegaciones que la plataforma presentará en la Consejería de Transición Ecológica y Energía donde permanece en exposición pública el informe de impacto medioambiental elaborado por Totisa.
Otra de las líneas de acción está dirigida a las administraciones públicas, en especial al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo pronunciamiento «es fundamental por el papel que le corresponde como defensor del modelo de una ciudad con un espacio como el Puerto», apostilla Padrón. Apoyándose en esta premisa, el documento suscrito por todos los colectivos que conforman la plataforma recoge que «es preocupante» el silencio mantenido hasta ahora por el Consistorio, que es la autoridad competente en la planificación de los usos del suelo en el Puerto de La Luz, donde no puede considerarse el espacio disponible como huecos libres a rellenar con cualquier tipo de actividad industrial potencialmente contaminante, cuando ha considerado la zona como un espacio de uso mixto, industrial y recreativo y de ocio, promoviendo la conexión del Puerto con la ciudad a través de la pasarela Onda Atlántica y de la peatonalización de la calle Luis Morote que lo comunica directamente con la playa de Las Canteras».
La decena de asociaciones que se han sumado a esta lucha asegura que la planta de producción de energía eléctrica de 70 megavatios a partir de la combustión de gas natural fósil que promueve Totisa «va a emitir a la atmósfera a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de 8 plantas, grandes cantidades de metano, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, que los vientos dominantes de componente norte van a dirigir hacia la ciudad».
El manifiesto asevera, por otro lado, que «existen muchas y mejores alternativas para asegurar el suministro energético y, al mismo tiempo, ir hacia la neutralidad en emisiones GEI para 2040. El archipiélago canario está inmerso en un proceso de descarbonizacion donde ya ha invertido importantes esfuerzos y más que deberán hacerse en los próximos años». Por todo ello, considera que «es irresponsable y extemporáneo que se permita y aliente desde algunas administraciones públicas la instalación de esta planta en el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria» e insta al Gobierno de Canarias y al Estado a frenar este proyecto.
Finalmente, advierten que los informes elaborados por la empresa no analizan los riesgos en caso de accidentes en el Puerto.
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