El Puerto espera el dosier ambiental para decidir sobre la planta de gas

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, asegura que en la entidad «no hay un posicionamiento» al respecto de la instalación de una planta de gas y una central eléctrica por parte de Totisa Holdings en el Puerto de Las Palmas y el consejo de administración no tomará ninguna decisión hasta que esté ultimado el dosier ambiental que se tramita en este momento en el Gobierno de Canarias. 

Calzada no esconde su sorpresa con las manifestaciones en contra de algunas de personas y partidos políticos que «formaban parte del consejo de administración» en 2019, cuando la Autoridad Portuaria «aprobó por mayoría continuar un trámite abierto el año anterior buscando proyectos generación de energía en el Puerto» y se decidió «continuar con el de Totisa Holdings, descartando el resto, porque quienes estaban consideraban que este era el más apropiado». Se refiere al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que formaba parte de ese consejo, y al PSOE, con «el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (Augusto Hidalgo) y hasta Ángel Víctor Torres, antes de ser presidente» de Canarias.

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Desde ese momento, en el Puerto no se han hecho trámites para saber si se otorga o no la concesión, sino que está cumplimentando los trámites necesarios en el Gobierno de Canarias «y hay que esperar a la declaración de impacto medioambiental y todos los informes, afecciones, si hay medidas correctoras o si no se puede hacer». Esta fase no tiene un plazo establecido para su culminación, por lo que se desconoce la fecha en la que se podrá conocer si el Ejecutivo canario se pronunciará al respecto.

Riesgos

De esta manera la máxima representante de la institución portuaria sale al paso de las manifestaciones públicas del Cabildo de Gran Canaria, con Morales y el consejero de Medioambiente, Raúl García Brink, como portavoces, la alcaldesa de la capital de la Isla, Carolina Darias, y partidos como Nueva Canarias o Podemos, posicionándose de lado de la plataforma formada por colectivos y ciudadanos en contra de la pretensión de Totisa de instalar una planta de gas y una central eléctrica en el Puerto de Las Palmas, al pie de la ciudad.

La mayor parte de sus argumentos se basan en los criterios manifestados por el área de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cuando se sometió a exposición pública un informe de impacto medioambiental simplificado. En aquel momento Sanidad aducía que la instalación de una central térmica con cuatro chimeneas de 30 metros de altura, supondría «un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la capital». Los informes destacaban los riesgos aparejados a la exposición a «las emisiones de gases y partículas al aire ambiente; la descarga de efluentes líquidos; la generación de residuos sólidos y peligrosos; el ruido; el olor y el impacto visual».

Además, advertía de un posible incrememento de patologías relacionadas con «la calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas».

Argumentos a favor y en contra

La presidenta de la Autoridad Portuaria asegura que no conoce en profundidad el proyecto que está en debate y que quienes deben pronunciarse al respecto son las personas que sí formaban parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria entonces. Su única función ahora mismo es, afirma, «garantizar que el procedimiento se hace correctamente».

Por ahora, añade, maneja «argumentos científicos a favor y en contra», pero no está dispuesta a pronunciarse hasta que esté «todo terminado y estén todos los informes y la declaración de impacto medioambiental».

Es consciente de que entre la población «se ha generado un estado de alarma» ante la posibilidad de que este proyecto se lleve a cabo finalmente y que la plataforma ciudadana está promoviendo movilizaciones. En este punto, Calzada asegura: «ni me preocupan ni me dejan de preocupar». Eso sí, se reunirá con los representantes de este movimiento a finales de noviembre para escuchar sus argumentos.

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Una vez que el Gobierno de Canarias emita sus informes definitivos, el consejo de administración, del que forman parte Morales y Darias, que ya se han posicionado en contra, solo necesitaría una mayoría simple para dar vía libre a la construcción de esta infraestructura. «Cada consejero dará su opinión y debatirán o discutirán antes de votar».

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