La ciudad 'ató' en 2016 su rechazo a proyectos como la planta de gas en el puerto

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad vetar la instalación de empresas o servicios perjudiciales para la salud o la imagen de la capital en La Luz

Vista del Puerto desde La Isleta, con la parcela donde se quiere instalar la planta de gas a la izquierda.

Vista del Puerto desde La Isleta, con la parcela donde se quiere instalar la planta de gas a la izquierda. / La Provincia / DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Todos los grupos políticos con representación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria suscribieron en 2016 una declaración institucional para mostrar su negativa a la instalación de servicios o empresas en el Puerto de Las Palmas que puedan suponer un perjuicio para la ciudad y sus habitantes. Así lo recordaba estos días la promotora de este manifiesto, la exconcejala Beatriz Correas, que afirma que el proyecto de planta de gas y central eléctrica de Totisa Holdings encaja en esta descripción.

Este veto formaba parte del escrito secundado por todos los miembros de la Corporación para rechazar la planta de biomasa que, entonces, pretendía instalar en el Muelle de Nelson Mandela la empresa Ence Energía Gran Canaria Dos, una infraestructura que el Consistorio catalogó de «ataque frontal a la calidad de vida». 

Correas recuerda que cuando redactó el texto del manifiesto se planteó «que hoy es la planta de biomasa y mañana es otra cosa», por lo que solicitó la firma de «una declaración institucional en la que quedara reflejada la negativa del Ayuntamiento a todo aquello que afectara a la salud, a la imagen de la ciudad o que pudiera destruir el ecosistema». 

Oposición a la cesión de suelo

De esta manera, el segundo de los puntos aprobados en este manifiesto recoge que el Consistorio capitalino «se opondrá a cualquier cesión de terreno en la Autoridad Portuaria para empresas o servicios cuya actividad perjudica la salud de los ciudadanos, la imagen de la ciudad y que pueda alterar nuestro ecosistema». El documento fue firmado el 29 de enero de 2016 por los portavoces del Partido Popular, Juan José Cardona -que ocupó dos años después la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas-, PSOE, Inmaculada Medina, LPGC Se Puede, Sergio Millares, Nueva Canarias, Pedro Quevedo, Unidos por Gran Canaria, María Ángeles Batista, y Ciudadanos, Beatriz Correas

No obstante, las declaraciones institucionales de los ayuntamientos no tienen efectos jurídicos ni suponen un derecho o una obligación, sino que constituyen una herramienta para dejar constancia de un posicionamiento político o social de un municipio.

Una recreación de la planta de gas propuesta por Totisa

Una recreación de la planta de gas propuesta por Totisa / La Provincia / DLP

Reiteración de las posturas

El nuevo impulso que ha experimentado el proyecto promovido por Totisa Holdings, cuyo informe de impacto medioambiental está en exposición pública en la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, ha renovado el pronunciamiento público de tres de las formaciones políticas que suscribieron ese manifiesto institucional, PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que entonces se denominaba LPGC Se Puede, los tres partidos que conforman el grupo de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Quienes no han realizado manifestaciones al respecto son los miembros de la oposición, el Partido Popular, Vox y Coalición Canaria.

Basándose en los informes de Salud Pública sobre el proyecto de Totisa Holding, la exconcejala y profesora de Informática en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, considera que quedan probados los efectos nocivos que ocasionaría a las personas que residen en la capital grancanaria, «porque los vientos alisios llevan todo lo que se emite en el Puerto a la ciudad» y también «supondría un impacto negativo a la imagen de la ciudad, con las cuatro chimeneas de casi 30 metros de alto». Por último, apostilla que el desarrollo urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria ha dado como resultado «una ciudad gris de cemento que no tiene los árboles ni los espacios verdes suficientes para absorber todos los gases que se emitirán» desde la planta de gas y la central eléctrica.

Aunque está alejada de la política activa, Correas mantiene el contacto con muchos de los colectivos que se han unido para luchar contra esta infraestructura en el Puerto de Las Palmas, a quienes les ha trasladado su apoyo. Además, reclama «que las actas de los consejos de administración del Puerto sean públicas para saber cuál fue el voto de cada una de las personas» que en 2019 dieron su visto bueno a la propuesta de Totisa.

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