Antonio Morales sobre la planta de gas en el Puerto de Las Palmas: «Nos engañaron»

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instan al Gobierno de Canarias a frenar el proyecto de la planta de gas licuado en el Puerto de Las Palmas que incluye una central eléctrica por sus efectos nocivos para la salud y porque supone un retroceso para la implantación de las energías renovables en la Isla.

El presidente insular, Antonio Morales, y la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, explicaron este lunes que las dos administraciones aprobarán en el Pleno de este mes una moción para mostrar el «rechazo conjunto al proyecto de planta de gas natural en el Puerto de La Luz» al considerar, entre otros aspectos, que «no satisface ninguna necesidad» de la ciudadanía de capital ni de la Isla, y obedece «exclusivamente a intereses económicos de la propia empresa». En la comparecencia pública estuvieron presentes también el vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, el consejero de Medioambiente, Raúl García Brink, y los concejales de Turismo, Sostenibilidad y Energía, y Movilidad de la capital grancanaria Pedro Quevedo, Gemma Martínez y Eduardo Ramírez.

Un «engaño»

Morales, que formaba parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria en 2019 cuando se dio vía libre a esta iniciativa de Totisa Holding, aseveró: «nos engañaron». El apoyo que se dio en ese momento fue a que el Puerto contara con un espacio para almacenar gas licuado para suministrar combustible a los barcos y permitir que se enchufaran en los muelles y pudieran apagar sus motores, agregó.

Declaración conjunta del Cabildo y Ayuntamiento LPGC sobre la planta de gas

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El presidente insular afirmó que cuando se presentó al consejo de administración de la Autoridad Portuaria el proyecto de «una planta de almacenamiento de gas licuado con capacidad de regasificación y producción de energía eléctrica de 70 megavatios» se les comentó que «su objetivo era proporcionar suministros de gas natural licuado a buques, permitiendo que estos apaguen sus motores cuando están atracados y se conecten a la red eléctrica, lo que ayudaría a reducir tanto la contaminación atmosférica como el ruido generado por los motores de los barcos. Esta era la propuesta inicial con la que se acercan a las instituciones y a primera vista se presentaba como una iniciativa cuya intención era, efectivamente, reducir las emisiones contaminantes y contribuir a la descarbonización del Puerto».

Sin embargo, continuó Morales, «cuando se analizan los detalles de la propuesta y las respuestas institucionales y sociales, estamos ante un engaño para introducir más energías fósiles en el sistema energético insular por la puerta de atrás». Se trata de una iniciativa que «se contrapone al contexto actual de búsqueda de sostenibilidad, regeneración urbana y renaturalización», apostilló.

Un «retroceso inadmisible»

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, manifestó que la posible construcción de una central de generación eléctrica «supondría un retroceso inadmisible para esta ciudad cada vez más sostenible, más saludable y con consecuencias negativas para la población» y añadió que ni la ciudad ni la Isla necesitan una infraestructura que, «de acuerdo con los informes que vamos conociendo, también supondría riesgos importantes para la salud y condicionaría gravemente el desarrollo de la ciudad».

Por ese motivo, el Cabildo y el Consistorio capitalino instan a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias «a desestimar la autorización administrativa del proyecto» y pide al Ejecutivo canario y a Puertos del Estado que analicen y prioricen «alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno, como el fortalecimiento de la red eléctrica actual» y el fomento de «tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas».

El proyecto impulsado por Totisa Holdings, precisa el texto del acuerdo que se someterá a debate en los plenos de estas dos instituciones, «contradice los esfuerzos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la calidad ambiental de sus espacios urbanos y ser cada día una ciudad más verde y sostenible». Además, el acuerdo recuerda que el Consejo Insular de la Energía apunta a que la planta aumentará «hasta 12 veces» las emisiones de dióxido de carbono y «las fugas de metano, un gas con efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono, podrían invalidar cualquier supuesto beneficio medioambiental». A esto se suman los efectos nocivos para la salud, con un posible aumento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

«No entiendo esta beligerancia»

Tras la comparecencia de Morales y Darias, la Autoridad Portuaria compartió unas declaraciones de su presidenta, Beatriz Calzada, que afirmaba estar «bastante sorprendida con la beligerancia con la que se está tratando este tema por parte del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». En ese sentido, recordó que se trata de un proyecto aprobado en 2019 en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria en el que ella no estaba presente, pero sí estas dos administraciones, y que aún está en fase de la «evaluación ambiental que terminará con una declaración de impacto ambiental que dirá si el proyecto cabe o no cabe, si se puede hacer o no, o si se puede hacer con restricciones o condiciones».

Calzada pidió respeto «con los procedimientos, los trabajos técnicos y los tiempos», que es precisamente lo que está haciendo la Autoridad Portuaria, aseguró. «Con esto lo que se va a generar es una presión o influencia en los técnicos que están trabajando, y yo confío en ellos».

En cuanto a las alternativas, la presidenta de la Autoridad Portuaria manifiesta que la institución «está abierta a cualquier alternativa de generación de energía en el Puerto que venga de renovables» y recordó que este recinto «es autosuficiente y se han realizado grandes esfuerzos para avanzar en la descarbonización». No obstante, matiza, «necesitamos tomarnos en serio las necesidades energéticas del Puerto y no hablamos de ocho, sino de 80 megavatios para avanzar y que todos los barcos dejen de emitir».

Controversia entre el Cabildo y el Puerto por la planta de gas

Beatriz Calzada argumentó que un estudio del ITC de 2022 determinaba que la capacidad de los puertos para generar energía a través de las renovables «era insuficiente» y recordó que recientemente se tuvo que desechar una instalación fotovoltaica en las laderas porque el Ayuntamiento afirmaba que era incompatible con el uso del suelo. «Todo el mundo habla de alternativas, pero no ponen ninguna real. Me encantaría que bajasen a la tierra, a la realidad, y traigan alternativas al Puerto, que las estudiaremos y sin son viables, encantados de la vida».