El Puerto de Las Palmas reclama al Estado los recursos y la financiación de un puerto de primera categoría

La Autoridad Portuaria ha reclamado al Estado que el Puerto de Las Palmasentre a formar parte del grupo de puertos españoles de nivel 1 para así recibir más recursos y financiación que permitan sostener la inercia de crecimiento en la que se halla este recinto portuario.

Así lo anunció este viernes la presidenta de la entidad, Beatriz Calzada, durante un encuentro con los medios de comunicación en el que realizó un balance «muy positivo, con altibajos, pero con mucho movimiento y crecimiento importantísimo, muchos de ellos propiciados por la crisis del Mar Rojo, que han permitido demostrar la fortaleza del Puerto, de la parte pública y de la privada, para dar una respuesta» al incremento de barcos que reclamaban servicios.

Por todo ello, añadió, el principal objetivo del Puerto para 2025 es lograr el nivel 1, lo que «básicamente implica mayor financiación y mayores recursos económicos y humanos». Gestionar «un puerto de esta envergadura se hace muy complicado cuando los recursos son los de un puerto de nivel 2» y subir en la escala permitirá a la Autoridad Portuaria tener «más holgura y un organigrama más adecuado».

La solicitud ya se remitió a Puertos del Estado junto al plan de empresa para 2025, precisó Calzada, y a lo largo del próximo año se seguirán los trámites en el Ministerio de Hacienda y en el Consejo de Ministros, entre otros estamentos. «Es un proceso largo, no es fácil», sentenció Calzada.

Descarbonización y nuevos mercados

Junto a este objetivo, el Puerto de Las Palmas se ha marcado también el de avanzar hacia la descarbonización con proyectos propios y de terceros. En ese sentido, la presidenta de la Autoridad Portuaria recordó iniciativas como Megaturbinas Arinaga, con el Gobierno de Canarias y el Cabildo grancanario, para la generación de hidrógeno verde, cuya concesión se tramitará en breve, o los estudios para la utilización de la energía mareomotriz con la instalación de una planta flotante, o la electrificación de los muelles.

También habló Calzada de la búsqueda de nuevos mercados en América, aprovechando la situación estratégica de La Luz, el incremento de acciones de formación para fomentar la empleabilidad en el Puerto y la incorporación de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a la plantilla.

Accidentes medioambientales

Por otro lado, la Autoridad Portuaria avanzó la intención de realizar unas jornadas técnicas sobre accidentes medioambientales y los protocolos de actuación, conjuntamente con la Capitanía Marítima, dirigidas a los medios de comunicación y a las administraciones públicas. De esta manera, se explicarían «cómo son los protocolos, cómo funcionan, por qué pasa una cosa u otra, qué implica que en un momento se active un plan determinado, como el  Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca), o se active a los ayuntamientos». Esto evitará alarmas innecesarias, precisó Calzada, como la ocurrida recientemente cuando, «con buena voluntad», el Ayuntamiento de Telde activó los dispositivos cuando por un supuesto vertido en el Puerto o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró la playa de Las Alcaravaneras pese a que la Autoridad Portuaria había afirmado que no existía manchas de fuel.

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En este punto, la presidenta adelantó la intención de comprar barreras flotantes para, en caso de accidente medioambiental en Las Alcaravaneras, 'cerrar' la playa y evitar que se vea afectada.

Planta de gas

Entre otros muchos asuntos, la presidenta de la Autoridad Portuaria dedicó parte de su conversación con los medios de comunicación para reiterar su posicionamiento ante la tramitación administrativa del proyecto para implantar una planta de gas licuado y una central eléctrica en el Puerto de Las Palmas, una iniciativa contra la que el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino han aprobado mociones.

«La seguridad y salud de las personas, por encima de todo, pero estamos en medio de un procedimiento administrativo, que son los que dan garantías a las personas y a las administraciones y, por lo tanto, tenemos es que dejar que el procedimiento continúe», aseguró para luego añadir que «no se puede violentar un procedimiento por una decisión política». En ese sentido, comparó este asunto con el proyecto Guiniguada que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria no ha paralizado «porque haya personas que se estén manifestando en contra y, la alcaldesa, con acierto, ha dicho que hay que respetar los procedimientos administrativos porque son los que dan garantías. Entiendo que eso vale para todo».