Un juicio en Tenerife reaviva el debate sobre los contratos de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Jimena Delgado: “El criterio de la Fiscalía es aplicable al 100%”

Palacete Rodríguez Quegles, sede de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria.

Palacete Rodríguez Quegles, sede de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. / JOSE CARLOS GUERRA

La Provincia

La Provincia

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha señalado este jueves que los criterios empleados por la Fiscalía en el caso contra el exconcejal de Festejos de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, podrían ser relevantes para las investigaciones relacionadas con la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria.

Delgado aludió al criterio de la Fiscalía en el caso de Santa Cruz de Tenerife, donde se investigan presuntos fraccionamientos de contratos y simulaciones de concurrencia de empresas, lo que derivó en una acusación por prevaricación contra el exconcejal socialista. La portavoz del PP comparó estas prácticas con las denuncias presentadas en el caso de Las Palmas de Gran Canaria.

Delgado recordó que el Grupo Municipal Popular presentó escritos ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas por esta empresa municipal, que se encarga de gestionar actividades culturales y de festejos. La Fiscalía admitió los escritos a trámite, iniciando diligencias previas.

Nueve millones en contratos menores

En un comunicado remitido a los medios, Delgado destacó que, durante 2023, la Sociedad de Promoción formalizó más de 4.000 contratos menores por un valor total de 9,3 millones de euros, y señaló que algunos de estos contratos, según su criterio, debieron haberse licitado mediante procedimientos abiertos. Como ejemplo, mencionó que en un solo día se firmaron 264 contratos por un total de 840.998,44 euros.

Asimismo, subrayó casos específicos como la adjudicación de las carpas del carnaval del año pasado, valorada en 199.000 euros, indicando que las empresas involucradas presentaban supuestas vinculaciones que cuestionarían la transparencia de la contratación.

Además de la prevaricación, el PP considera que podrían haber ocurrido delitos de malversación de caudales públicos en la gestión de la Sociedad de Promoción. Delgado insistió en que las decisiones de adjudicación directa, justificadas por la proximidad de eventos como el Carnaval, podrían no ser compatibles con la Ley de Contratos del Sector Público.

La portavoz defendió la importancia de garantizar la transparencia en la gestión cultural y de festejos de la ciudad, reiterando el compromiso de su grupo con la promoción cultural y el apoyo al Carnaval.

Tracking Pixel Contents