Vía libre a los nuevos contratos de Limpieza con el informe del Gobierno canario

Luz verde al final del túnel. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibió este viernes el informe de la  Junta Consultiva de Contratación de Canarias, órgano dependiente del Gobierno autonómico, que permite continuar con la tramitación de los nuevos contratos de limpieza. La alcaldesa, Carolina Darias, desveló en el primer Pleno del año que acababan de recibir el documento que, aunque no es vinculante, sí es preceptivo según la ley vigente por lo que impedía que el proceso de licitación siguiera su curso.

Este documento llega al límite del plazo legal para su entrega -el Ayuntamiento llevaba esperando cuatro meses-. El documento hace una serie de observaciones y correcciones en el informe económico de las que el Ayuntamiento tendrá que dar cuenta el Gobierno canario, aunque el expediente podrá seguir su curso dentro del trámite administrativo. Los pliegos de los contratos de limpieza viaria y de recogida de residuos -ambos suman 493 millones de euros en ocho anualidades- deberían pasar ahora a la intervención municipal, para posteriormente ser devueltos al área de Limpieza y salir finalmente a contratación.

Los nuevos contratos de Limpieza supondrán una inversión de 493 millones de euros para los próximos 8 años

El Pleno del Ayuntamiento capitalino habló largo y tendido de limpieza. Darias adelantó que tenían ya en sus manos el informe mientras debatían la implantación de la tasa de basuras. La ordenanza que regula este nuevo impuesto municipal salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno (PSOE, NC y Podemos) y los de la oposición en contra (PP, Vox y CC). A partir del 1 de enero de 2026, cada vivienda deberá pagar 149 euros anuales, aunque el Consistorio espera que sean menos, dado que todo dependerá del importe por el que se adjudiquen los contratos de limpieza.

Principales retos

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, señaló que la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la tasa no puede ser deficitaria, por lo que debe cubrir la totalidad del coste del servicio, que en el caso de la capital se ha calculado en unos 32 millones de euros. De ahí que, para determinar el importe de la tasa, sea necesario por cuanto será la adjudicación de la parte privatizada, que hoy está vencida.

Este es uno de los principales retos que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de la capital grancanaria. La portavoz del PP, Jimena Delgado, aseveró que «deberían aplicar la tasa cuando la ciudad esté limpia». Además, intervinieron en el transcurso del pleno tanto el vocal del Pacto Vecinal, Iván González, quien le desmintió a Spínola que la ciudad estuviera más limpio; e Isabel Bas, portavoz de quienes se manifiestan en Triana con cepillos y fregonas: «Vienen a imponernos una nueva tasa de basura cuando somos una de las ciudades más sucias de España según la OCU».

Darias, ante las afirmaciones de Delgado al asegurar que las directrices europeas sobre reciclaje no tienen por qué ir vinculadas a una tasa «como ha impuesto el gobierno de Pedro Sánchez», señaló que existen ya tasas por recogida de basuras en 20 de los 27 países de la Unión Europea, entre los que están Finlandia, Austria o Croacia; además, de citar grandes ciudades como Berlín, París o Amsterdam, «nosotros cumplimos la ley, otros no lo sé», subrayó la alcaldesa al preguntarle la portavoz popular por qué no hacían como en Granadilla (Tenerife), donde han recurrido la ley.

Bonificaciones

La tasa está compuesta de una cuota básica de 108 euros que cubre los gastos fijos del servicio por infraestructura y mantenimiento y deberán pagar también las viviendas vacías; por otro, lado hay una variable de hasta 41 euros por generación de residuos. Hay bonificaciones del 100% para personas vulnerables; del 50 y 75% para familias numerosas y numerosas especiales; del 50% para empresas de alimentación que reutilicen; y del 5% por domiciliar el recibo y anticipen el pago.

El portavoz de CC, David Suárez, indicó por su parte que «la tasa de basura no se ajusta a la realidad que tenemos en las calles». También hubo críticas hacia el principio de «quien contamina paga», ante la dificultad de saber quién recicla más o menos; el PP preguntó por qué no se tenía en cuenta el catastro de las viviendas como han hecho otras ciudades a la hora de implantar este nuevo impuesto para valorar cuánta basura produce un hogar.

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