Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos

Diez días hábiles. Ese es el plazo que la Autoridad Portuaria ha dado a once personas -aunque entre los afectados afirman que son más de 70- para que retiren sus embarcaciones del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas si no quieren que se les imponga una multa de 60.000 euros y las costas derivadas del traslado del barco a tierra.

Hace una semana comenzaron a llegar las primeras notificaciones, que no han cesado durante estos días, y el primero de los afectados tendrá que abandonar la Dársena de Embarcaciones Menores antes del 18 de febrero, afirma una de las personas a las que se les ha requerido que se marche.

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Como argumento, la Autoridad Portuaria se basa en el artículo 4 de la Ordenanza para la gestión, uso y explotación de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas (Marina de Las Palmas) publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de enero, donde se recoge que «está terminantemente prohibido el uso del puesto de amarre por embarcaciones de recreo destinadas a vivienda o residencia habitual», así como aquellas «en explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea entre particulares o a través de plataformas electrónicas o empresas».

Recursos individuales

Las personas que han recibido estas cartas firmadas por el director de la Autoridad Portuaria han comenzado a movilizarse. Una de ellas explica que están contactando con abogados y como primera medida presentarán recursos contra la instrucción de la institución portuaria de forma individualizada, si bien, en caso de que finalmente tengan que ir a juicio, se baraja la opción de hacerlo de forma conjunta.

«Lo que hay es una normativa interna del Puerto, pero no hay ninguna ley estatal que prohíba que vivamos en los barcos», alega esta persona, que asegura que hace unos meses comenzaron a recibir visitas en sus embarcaciones para preguntarles si vivían allí, dónde estaban empadronados y si los barcos eran funcionales y pueden navegar.

A pesar de que la normativa establece «desde hace años» tener como residencia habitual un barco en el Puerto de Las Palmas, «nadie hizo caso» y ahora tienen diez días para irse.

Permisos vencidos

Además, de la ordenanza, la Autoridad Portuaria indica a estas personas que tienen «extinguida la Autorización de uso del puesto de atraque», aunque hay quien defiende que paga «cada seis meses el derecho de puerto base, lo que hace que nuestra estancia sea inamovible salvo por motivos de seguridad».

Vivir o no vivir en el Muelle Deportivo

Los afectados sentencian que el plazo estipulado en las comunicaciones es escaso y que diez días hábiles no son suficientes para encontrar una alternativa habitacional. En muchos casos, añaden, se trata de personas o familias que no tienen recursos para poder acceder a una vivienda tradicional, «aunque también hay quienes han escogido este modo de vida».

En este plazo, continúan, «no da tiempo ni de que la Autoridad Portuaria responda a los recursos».

Discriminación

Por otro lado, entre los afectados hay quienes ven un trato discriminatorio en relación a los extranjeros que residen en sus barcos. «En el Muelle Deportivo viven muchas personas de otros países que están aquí durante diez u once meses, salen de fondeo cuando viene la ARC y luego regresan. ¿Eso no es una residencia habitual?». Ese trato de favor, apunta otra de las personas que temporalmente optó por vivir a bordo de un barco en un pantalán, se hace extensivo «a algunos empresarios».

También apuntan a que «en el área que ocupan el Club Náutico, la Federación de Vela y el Club Marítimo Varadero, que están también en aguas portuarias y, por tanto, están afectadas por la ordenanza, hay personas viviendo en sus barcos y a ellos no se les ha enviado ningún requerimiento».

En el caso de que no atiendan a la orden de desahucio, la Autoridad Portuaria, «previa autorización judicial, retirará la embarcación y la depositará en tierra, a su costa» e impondrá al infractor una multa que puede alcanzar los 60.000 euros.

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