Desahucios en el Puerto de Las Palmas: ¿es legal vivir en un muelle deportivo?

Las órdenes de desalojo comunicadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a once de las personas que residen en sus barcos en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas, conocida como Muelle Deportivo han ocasionado dudas acerca de si se puede o no residir en un barco atracado en un pantalán, algo que depende de cada puerto.

La Ley de Puertos del Estado no prohíbe expresamente que una persona pueda optar por establecer su residencia habitual en un barco atracado en un muelle deportivo, aunque sí especifica cuáles son los requisitos y los condicionantes que se deben cumplir para el amarre, y da potestad a las comunidades autónomas para establecer normativas específicas para estos espacios.

Precisamente, esto es lo que ha hecho la Autoridad Portuaria de Las Palmas que en las dos últimas ordenanzas reguladoras de la Dársena de Embarcaciones Menores -la última de ellas publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero- contempla que «está terminantemente prohibido el uso del puesto de amarre por embarcaciones de recreo destinadas a vivienda o residencia habitual, entendiéndose como tal aquellas en las que la persona habita de manera efectiva y con carácter permanente».

Revocación de los permisos

Además, amplía esta prohibición a aquellas «embarcaciones en explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea entre particulares o a través de las plataformas electrónicas o empresas de cualquier tipo dedicadas a este tipo de actividad».

Desahucios en el Muelle Deportivo

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El incumplimiento de estas dos limitaciones, contempla el texto elaborado por la institución que preside Beatriz Calzada, «será causa de revocación o no renovación de la Autorización».

Algunas de las personas que han recibido órdenes de desahucio aseguran que semanas antes de que les llegaran las notificaciones recibieron la visita de policías portuarios que les cuestionaron acerca de si vivían de forma habitual en sus embarcaciones, si estaban empadronados o si sus barcos eran funcionales y podían navegar.

Además, aseguran que la Autoridad Portuaria les ha puesto problemas para pagar la cuota de derecho de amarre que habían estado abonando hasta ahora y que es imprescindible para poder mantener los barcos amarrados en el muelle. 

En ese sentido, la regulación de la dársena contempla que la Autoridad Portuaria «se reserva el derecho a trasladar la embarcación del puesto de atraque autorizado, por necesidades de seguridad, explotación y funcionamiento de la dársena, o por cualquier otro motivo justificado que esté causando un perjuicio para el buen funcionamiento de la marina, incluido el impago de las correspondientes tasas y tarifas exigibles».

Clavo ardiendo

En esta última tanda, la Autoridad Portuaria ha notificado la instrucción de abandonar la marina a once personas, pero en meses anteriores ha remitido estas cartas a otros de los residentes en esta zona del Puerto de Las Palmas. Al menos uno de ellos ha paralizado de forma temporal su desahucio judicialmente apoyándose en su situación de vulnerabilidad social. 

Los afectados aseguran que hay más de 70 barcos residencia en este muelle y que en casi una decena viven familias con menores de edad que temen por su futuro. 

Ahora buscan en el silencio del Estado un clavo ardiendo al que aferrarse para defender su derecho a permanecer en los pantalanes del Muelle Deportivo, al considerar que no hay una legislación superior que ampare la ordenanza redactada por la Autoridad Portuaria. De hecho, las dificultades para acceder a una vivienda ha incrementado considerablemente el número de personas que optan por vivir en un barco y aprovechar los servicios que ofrecen los muelles deportivos a lo largo de todo el territorio nacional, sumándose a las numerosas personas que han decidido convertir las embarcaciones en sus residencias habituales por amor al mar y a la navegación. 

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